Efectos de la Ley

Efectos de la Ley

Efectos de la Ley. Aprende de forma fácil los efectos de la ley en cuanto a su eficacia y sanción, tiempo, territorio y personas.

Acerca de los efectos de la ley.


Cuando hablamos de efectos de la ley, estamos hablando de sus ámbitos de aplicación, es decir, se analiza el alcance de la ley en cuanto a su eficacia o sanción (A), para expresar, los efectos y alcances de las leyes que mandan, prohíben o permiten. En cuanto al tiempo (B), o sea, cuándo ella comienza a regir y cuándo deja de hacerlo. En cuanto al territorio (C), es decir, en qué parte del territorio de la República se aplican sus disposiciones y si ellas pueden aplicarse más allá de nuestras fronteras. En cuanto a las personas (D), es decir, a quién o a quiénes va a afectar la ley chilena, sea donde fuere que se encontrare.

Pasemos a revisar en este mismo orden los efectos de la ley.

Efectos de la ley en cuanto a su eficacia y sanción.


Ya habíamos estudiado esta clasificación con ocasión del estudio de la norma jurídica. Decíamos, en su momento, que toda norma jurídica es imperativa, pues contiene una orden, sin embargo, incluso nuestro Código civil seguía esta clasificación doctrinaria al definir la ley. La causa de la importancia de esta clasificación, para los civilistas clásicos, está dada en la naturaleza de la sanción que acarrea la infracción de la norma.

Veamos cada una de ellas y la sanción que acarrea su transgresión.

Leyes imperativas.


Se definían las leyes imperativas, siguiendo a Alessandri, Somarriva y Vodanovic, como aquellas que contienen la orden de observar un determinado comportamiento positivo, imponen el deber de hacer algo, como cumplir determinadas solemnidades en la celebración del acto jurídico, prestar alimentos a determinados parientes bajo determinados supuestos, etc.

La sanción por la infracción de la norma imperativa no está determinada en nuestro ordenamiento jurídico de una manera general, hay que buscarla en cada caso. Por ejemplo, tratándose del ejemplo del imperativo de observar determinadas solemnidades en la celebración del acto jurídico, se debe de distinguir si la formalidad se exige en consideración a la naturaleza del acto o contrato, en cuyo caso la sanción es la nulidad absoluta del acto, o si ella se exige en consideración a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan en cuyo caso la sanción es la nulidad relativa del acto. Hay incluso leyes imperativas que no contienen sanción para el caso de infracción, como es el caso del artículo 1026 inc. 2° que no sanciona al testamento en que se omiten ciertas designaciones que la ley manda que se haga, siempre que no surja duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo.

Leyes prohibitivas.


La ley prohibitiva es la que impone observar un determinado comportamiento negativo, esto es una abstención u omisión que no puede sustituirse por ningún comportamiento positivo.

El artículo 402 prohíbe la donación de bienes raíces del pupilo, aun con previo decreto del juez.

Por lo general, entonces, la sanción de la infracción de una prohibición es la máxima que contempla nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la nulidad absoluta del acto.

El Código civil (artículo 10) establece que "los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención’'.

Leyes permisivas.


Las leyes permisivas son las que permiten, conceden o autorizan hacer o no hacer algo, realizar una acción o una abstención, debiendo el otro u otros sujetos tolerar que la persona beneficiada con el permiso llaga o no haga lo que expresamente se le ha permitido.

En ninguna parte se establece en forma genérica una sanción para la violación de una norma permisiva, habrá que buscarla también en cada caso concreto. Normalmente, la violación de una ley permisiva traerá consigo una reparación en especie, que se conoce como indemnización de perjuicios, sin perjuicio de las penas que pueda establecer la ley por el desconocimiento que haga el tercero de la autorización legal.

Efectos de la ley en cuanto al tiempo.


La regla general es que la ley comienza a regir desde su publicación hasta su derogación.

Los artículos 6° y 7° regulan este punto:

Artículo 6°: “La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen”.

Artículo 7°: “La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria.

Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial.

Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia”.

Precisamente, este artículo 7°, en su inciso final, nos introduce en uno de los tres fenómenos más importantes que dicen relación con la vigencia de la ley en cuanto al tiempo, estos fenómenos son específicamente las excepciones al principio general, que las leyes rigen in actum, es decir, desde que son publicadas en el Diario oficial.

Estas situaciones excepcionales se encuentran reflejadas en tres períodos: el primero, entre la publicación y su entrada en vigor; el segundo, antes de su entrada en vigor, y el tercero, después de su derogación.

Veámoslo con más detención:

  • La vacancia legal.
  • La retroactividad de la ley.
  • La ultra-actividad o supervivencia de la ley.

La vacancia legal.


Es el período que media entre la publicación de la ley y la entrada en vigencia de la misma, período en el cual la ley no produce sus efectos, aun cuando haya sido publicada en el Diario Oficial, en otras palabras, los efectos de la ley se encuentran suspendidos o diferidos en el tiempo. Este lapso en que la ley no produce efecto puede deberse a dos causas, factores o modalidades: el plazo y la condición.

1°. El plazo: Consiste en un acontecimiento futuro y cierto del cual depende el nacimiento o exigibilidad de un derecho.

El mismo Código civil vivió un período de vacancia legal, pues fue promulgado en diciembre de 1855 y sólo empezó a regir en enero de 1857. Las leyes que pusieron en vigor la reforma procesal penal se escalonaron en el tiempo por regiones.

2°. La Condición: Consiste en un acontecimiento futuro e incierto (que puede suceder o no), del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho.

Ejemplo: En 1954, la Ley N° 11.625 sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad, puso como condición que el Presidente de la República dictara un decreto para que una de sus disposiciones entrara en vigor: “El título I y el artículo 61 de dicha ley entrarán en vigencia noventa días después de la fecha en que el Presidente de la República dicte el decreto a que se refiere el artículo 65". En consecuencia, el Título I quedó condicionado a que el Presidente dictara un decreto, que estableciera los locales adecuados para aplicar las medidas de segundad que la ley disponía. Como el Presidente aún no ha dictado el decreto, la ley, en esta parte, no ha entrado en vigencia.

La retroactividad de ley.


Se le conoce también como efecto retroactivo de las leyes y consiste en que la ley, por expresa disposición, determina que sus electos comenzarán a regir o se aplicarán a situaciones acontecidas antes de su entrada en vigencia.

El artículo 9° establece la regla general que es: "La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo".

No olvidemos que esta disposición está contenida en el Código civil, que es una ley, y no en la Constitución. Las razones por las cuales el efecto retroactivo de las leyes es excepcionalísimo se encuentran en la protección de la seguridad jurídica.

Al no estar contenida sino en la ley, esta disposición no obliga al legislador sino a los jueces que, al momento de aplicar la ley, no pueden aplicarla a situaciones acaecidas con anterioridad a su fecha de entrada en vigencia.

El Poder Legislativo, en cambio, puede dictar una ley con efecto retroactivo en el ejercicio de sus funciones, porque el artículo 9°, a pesar de lo categórico de sus términos, no obliga al legislador, quien puede dictar un precepto legal contrario a otro existente (el del Código civil) siempre que con ello, evidentemente, no vulnere una norma constitucional.

En materia penal, la irretroactividad de la ley tiene, en cambio, rango constitucional como lo veremos.

Hay, sin embargo, condiciones o requisitos que debe observar el legislador al dictar leyes con efecto retroactivo:

1°. La ley retroactiva debe ser expresa, es decir, el legislador debe disponer expresamente que la nueva ley entrará a regir situaciones anteriores a las de su entrada en vigencia.

2°. La ley no debe de admitir interpretaciones extensivas, es decir, debe ser de derecho estricto. La nueva ley debe señalar precisamente los casos o situaciones que va a regir o regular con efecto retroactivo.

A pesar de esta facultad que tiene el legislador, se presentan ciertas limitaciones en la aplicación de las leyes con efecto retroactivo, por ejemplo:

En materia penal existe una limitación al Poder Legislativo, contenida en el artículo 19 N° 3 inciso 7°, CPE, que estudiamos ya como “Principio de legalidad o por in dubio pro reo” por cuya virtud: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado (imputado)”.

En otras palabras, no es que en materia penal el legislador no pueda dictar leyes con efecto retroactivo, sino que ellas sólo se aplicarán si benefician al reo, no sí lo perjudican.

En el mismo sentido estudiamos ya el numeral 3 inciso 4° de la CPE, que establece que: “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por un Tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”.

En materia de Garantías Individuales (Derecho de Propiedad) pareciera existir igual limitación al legislador, la que se desprendería del análisis de otros números del artículo 19 de la Constitución. Se ha fallado que es inconstitucional la ley con efecto retroactivo que afecte el derecho de propiedad, es decir, el derecho de dominio adquirido válidamente bajo la vigencia de una ley antigua, por cuanto habría violación de un derecho adquirido.

Recuérdese que la CPE establece que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, salvo el caso de expropiación por razones de utilidad pública. En este aspecto ha sido interpretado que la ley que afecte el derecho de propiedad no puede tener efecto retroactivo.

El artículo 9°, inciso segundo, establece un caso típico de leyes con efecto retroactivo, las llamadas "leyes interpretativas".

El artículo citado dispone que: “Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas a éstas: pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio".

Se pueden definir las leyes interpretativas corno aquellas que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, determinando el alcance de un pasaje dudoso, oscuro o contradictorio de otra ley.

Así se entiende la ley interpretativa incorporada a la ley interpretada, rigiendo, entonces, para todas las situaciones acaecidas con anterioridad a su dictación, dándose una suerte de efecto retroactivo. Claro está que si en el período intermedio algún juez ha fallado conforme a la ley antigua por sentencia firme y ejecutoriada, los efectos judiciales de esta sentencia no pueden ser alterados por la ley interpretativa.

Los señores Alessandri, Somarriva y Vodanovic no consideran a las leyes interpretativas como leyes con efecto retroactivo, y tienen razón según nuestro parecer, pues para que la hipótesis de retroactividad surja es necesaria la coexistencia de dos leyes de diversas fechas, mientras que la ley interpretativa se entiende incorporada a la ley interpretada, es decir, se incorpora a ella por una ficción legal.

Teorías para explicar el efecto retroactivo de las leyes.


1°. Teoría clásica o de los derechos adquiridos o meras expectativas.

Dos autores franceses clásicos se encuentran en la base de esta teoría de los derechos adquiridos o simples expectativas.

El primero que expuso en forma clara la distinción entre derecho adquirido y simple expectativa fue Portalis, uno de los principales redactores del Código Civil francés, con ocasión de la redacción del artículo 23 de ese Código. Luego, fue Blondeau con su obra "Ensayo sobre el llamado efecto retroactivo de las leyes”. Posteriormente, Lasalle perfeccionó la teoría con su obra “Sistema de los derechos adquiridos”, y el italiano Gabba, que ha elevado esta teoría a su máxima perfección científica con su obra “teoría de la retroactividad de la ley”.

Según esta teoría, una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituyen derechos adquiridos en virtud de la ley antigua, pero no es retroactiva cuando sólo vulnera meras facultades legales o simples expectativas.

En este aspecto, un juez no debe aplicar la ley nueva cuando recae sobre un derecho adquirido bajo la ley precedente, pero sí puede aplicarla cuando no se ha adquirido derecho alguno, sino que se tiene la simple expectativa de adquirirlo.

Se entiende por "derechos adquiridos”, según Gabba, aquellas consecuencias de un acto producido bajo el imperio de una ley vigente y que ha entrado a formar parte de manera inmediata del patrimonio de las personas, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlos valer se presente en una época posterior, en la cual rige una ley distinta.

Por su parte, se entiende por “facultades legales”, los supuestos que hacen posible la adquisición de un derecho y la posibilidad de tenerlo y ejercerlo. Por ejemplo, la capacidad de obrar que es una facultad legal, la facultad de testar.

Por "meras expectativas ” debe entenderse la esperanza de adquisición de un derecho fundado en la ley vigente y aún no convertido en derecho, por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley, por ejemplo, la expectativa de suceder a una persona viva, es decir, la posibilidad de adquirir una herencia cuando muera el causante.

En el caso de los derechos adquiridos, la situación se verá regida por la ley que presidió su nacimiento, no obstante que se dictó una nueva ley, es decir, los derechos adquiridos se siguen rigiendo por la ley antigua. En cambio, las meras expectativas, se verán regidas por la nueva ley, puesto que no se lesiona ningún tipo de derechos, éstos aún no tienen titular, no están todavía incorporados al patrimonio de una persona.

Se la ha criticado, fundamentalmente, por la gran dificultad que hay en distinguir entre un derecho adquirido y una mera expectativa, además, esta distinción es sólo aplicable a los derechos de carácter patrimonial y no a otro tipo de derechos.

2°. Teoría moderna o teoría de la situación jurídica.

Su autor es también francés, su nombre es Paul Roubier, profesor a la Universidad de Lyon, autor de la obra “Los conflictos de las leyes en el tiempo”.

La teoría de Roubier reposa en la distinción entre efecto retroactivo, que es la aplicación de la ley en el pasado, y efecto inmediato, que es su aplicación en el presente.

El problema, corno lo resumió bien don Arturo Alessandri. radica en determinar la acción de la ley frente a las situaciones jurídicas que, en concepto de Roubier, es la posición en que se encuentra un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada. Para el autor francés, la situación jurídica es un concepto superior al de derecho adquirido, pues puede aplicarse a situaciones como las del menor, del pródigo o del interdicto respecto de quienes no puede decirse que tienen un derecho adquirido a ese estado, sino que se encuentran en una determinada situación jurídica.

Toda situación jurídica puede ser “sorprendida" por la nueva ley en diversos momentos, ya sea al momento de su constitución, de su extinción o en el momento en que produce sus plenos efectos.

Un individuo puede encontrarse, entonces, en distintos estados o situaciones jurídicas frente al Derecho: en situaciones constituidas, situaciones extinguidas, o situaciones en el momento en que se producen los efectos.

Así, la ley nueva tendrá efecto retroactivo cuando afecta situaciones que ya están constituidas o extinguidas o cuando afecta los efectos de una situación, ya constituida o bien extinguida. Por el contrario, la ley sólo podrá producir efecto inmediato si rigen, desde su entrada en vigor, los efectos de las situaciones jurídicas anteriormente establecidas, así como su extinción y la constitución de situaciones jurídicas nuevas.

Colisión entre dos normas de fecha posterior.


En nuestro país, el juez para solucionar el conflicto entre dos leyes (una ley vigente y otra con efecto retroactivo) va a ver, primero, si existen en la ley nueva “Disposiciones transitorias”, que lo ayuden a solucionar el conflicto, si no existen, entonces, el juez recurre a la "Ley sobre efecto retroactivo de las leyes", que fue dictada el 7 de octubre de 1861 y se encuentra en el Código civil y trata numerosas instituciones.

La ultra-actividad o supervivencia de la ley.


Se trata, como dijimos, de la aplicación de la ley a hechos posteriores a su derogación.

Sabemos que, en principio, la derogación de la ley antigua es instantánea por la ley nueva, independientemente que se trate de una derogación expresa, tácita. parcial o total. La ley ya derogada no puede aplicarse, entonces, a hechos nuevos o posteriores a su derogación.

El principio de que el pasado cae bajo el imperio de la ley antigua tiene su otro extremo aquí, bajo el principio de la aplicación inmediata de la ley nueva a los hechos posteriores a su promulgación.

Una excepción se encuentra, al igual que en materia de retroactividad, con los contratos, pues los contratos se rigen por las leyes vigentes al tiempo de su celebración, entonces el juez, para interpretar un contrato y solucionar las dificultades que se presenten en su aplicación práctica, debe recurrir a las leyes que se encontraban vigentes al momento de ser celebrado el contrato y no a las vigentes al momento en que se produce el problema de aplicación.

Lo que quiso proteger el legislador, en este caso, es el principio de la autonomía de la voluntad.

Otras situaciones en que la ley pierde vigencia, no por causa de su derogación:

1°. Por la llegada o transcurso del tiempo fijado para su vigencia. Ejemplo: un impuesto extraordinario que regirá desde el 2 de mayo de 2005 hasta el 2 de mayo de 2006, perdió vigencia ayer a las 12 de la noche.

2°. Por el cumplimiento del fin para el cual se dictó la ley.

Efectos de la ley en cuanto al territorio.


Un Estado es soberano para dictar una ley y aplicarla en su territorio, dentro de sus límites territoriales, así lo señala el artículo 5°, CPE.

El territorio del Estado está delimitado por sus fronteras, pero la autoridad del Estado se extiende al mar territorial y al espacio aéreo sobre su territorio.

Se denomina territorialidad de la ley a su aplicación dentro de los límites del territorio del Estado; este es el principio general. Por extraterritorialidad se entiende, entonces, su aplicación fuera de dichos límites, siendo esta la excepción.

Ea territorialidad de la ley se encuentra establecida en los artículos 14 y 1 6 inciso 1°.

Pongamos un ejemplo. En la ciudad de Santiago de Chile, Paul, un ciudadano francés, le vende a Pedro, ciudadano español, una casa que tiene en Buenos Aires. ¿Qué ley aplicamos en ese caso?

Para decidir tenemos que aplicar al menos tres factores: 1° nacionalidad de los contratantes; 2° El territorio donde se encuentra ubicado el bien, y 3° El país donde se celebró el contrato (a fin de hacer aplicables las solemnidades exigidas para la validez de ese contrato).

De ahí que, básicamente, sean dos los principios que se aplicarán en este caso:

  • Principio de la territorialidad. El derecho será el que rige dentro del territorio nacional, sin importar la nacionalidad de los contratantes.
  • Principio de la extraterritorialidad o personalidad de la ley. El derecho sigue a la persona, no importa dónde se encuentre; al chileno se le aplica la ley chilena, al español la ley española, etc. Así se plantea la posibilidad de aplicar la ley extranjera en Chile o la ley chilena en el extranjero.

Si aplicáramos estrictamente uno de estos dos principios, veríamos que las consecuencias serían distintas, de ahí que, siendo materia de derecho internacional privado van a ser las reglas propias de esta rama del Derecho las que van a decidir cuál será la ley aplicable a ese contrato. Por ejemplo, si aplicamos el principio de la territorialidad, la ley no va a tener efectos más allá de sus fronteras, es decir, nos queda la duda si el contrato celebrado en Chile será válido en Argentina y en hispana y Francia.

Si se aplica el principio de la personalidad, no va a poder tener autoridad la ley chilena en el extranjero, pues, de partida, los contratantes no son chilenos.

Los autores lo reconocen como el principio más difícil del Derecho privado.

Los dos principios no los podemos aplicar en forma absoluta, hay teorías que dan respuesta al problema (tratan de solucionarlo).

Históricamente, se han planteados varias doctrinas, entre las que podemos señalar: a) la teoría de la Comunidad de los derechos de los Estados, b) la teoría de la Escuela italiana, que se basa en la nacionalidad; c) la teoría de los Estatutos, que es la que retendrá nuestro interés por ser la más importante de todas.

La teoría de los estatutos.


Empezó a desarrollarse a través de los sistemas de las glosas. Se desarrolló entre los siglos XIII y XV. Su gran precursor fue Bartolo de Sassoferrato.

Fundamentalmente, esta teoría trata de conciliar los principios de territorialidad y extraterritorialidad. Partiendo de la base que existen tres tipos de leyes o estatutos:

1°. Estatutos o leyes personales. Son aquellos que dicen relación con las personas, particularmente con la capacidad para celebrar actos jurídicos o intervenir en la vida civil.

Así, son leyes personales las relacionadas con la capacidad de celebrar actos jurídicas, aquellas leyes que establecen los requisitos para contraer matrimonio y la capacidad para celebrarlo, o las relacionadas con la capacidad para intervenir en la vida del Derecho, como, por ejemplo, las que fijan la mayoría de edad.

2°. Estatutos o leyes reales. Son aquellos que dicen relación con las cosas o bienes, particularmente, buscan determinar la naturaleza de los bienes; el modo de adquirirlos o transmitirlos (transferirlos, enajenarlos).

Son de este tipo las leyes que distinguen entre cosas corporales o incorporales. entre bienes muebles o inmuebles, aquellas leyes que determinan algunas normas relativas a la sucesión de los bienes, etc.

3°. Estatutos o leyes mixtas o de los actos. Son aquellos que dicen relación con las personas y las cosas a la vez, pero referido siempre a la celebración de un acto o contrato.

Ejemplos son las leyes que se aplican a la celebración de un contrato de compraventa que se ha celebrado en el extranjero respecto de un bien que se encuentra en Chile. Estando situado el bien en Chile, puede tener efectos en nuestro país.

Nuestra legislación contiene el Principio de la Territorialidad de la ley en el Código civil, en los artículos 14 al 18, que van a ser el objeto de nuestro estudio a continuación.

Aplicación del principio de la territorialidad de la ley en el Código civil: Análisis de los artículos 14 a 18 del Código civil.

Decíamos que el artículo 14 contiene la regla general, el principio de la territorialidad: "La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros”.

Este principio tiene ciertas excepciones que son propias del Derecho internacional. y dicen relación con ciertos individuos que aunque se encuentran en el territorio chileno, pero a quienes no se aplica la ley chilena. Se refiere básicamente a una situación de inmunidad frente a la ley chilena.

Por ejemplo, los diplomáticos extranjeros, los soberanos extranjeros de visita en nuestro país, los buques de guerra que transitan por nuestro mar territorial.

Siendo la ley chilena obligatoria tanto para chilenos como para extranjeros, estas excepciones nos llevan a aplicar el principio de la extraterritorialidad o personalidad de la ley, desde el punto de vista de la teoría de los estatutos. Es decir, a estudiar los casos en que la ley extranjera es aplicable en Chile y los casos en que la ley chilena nos sigue a donde vayamos, es decir, cuando es aplicable fuera de nuestras fronteras.

Excepciones al principio de la territorialidad de la ley desde el punto de vista de la teoría de los estatutos.

1°. Leyes personales.

Relativas a las personas. El artículo de base está contenido en el Código civil, artículo 15 inciso 1°.

"A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero.

1° En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile”.

Por ejemplo, cuando en Chile el matrimonio era indisoluble, un chileno que se casaba en Francia, con chilena, en una de sus visitas a Chile inscribía su matrimonio en el Servicio de Registro Civil, pero luego se divorciaba en Francia, el divorcio no tenía efectos en Chile, porque en Chile el matrimonio no podía disolverse por esa vía ni por ninguna otra.

Condiciones para que proceda la aplicación de esta primera regla del artículo 15:

Tiene que tratarse de un chileno residente o domiciliado en el extranjero.

El acto tiene que producir efectos en Chile.

Tiene que tratarse de aquello que dice relación con el estado o capacidad de las personas para celebrar ciertos actos o contratos.

“2° En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos”.

Caso típico es el del artículo 998 en materia de sucesión, pues si un extranjero fallece en su país natal o en Chile, dejando bienes aquí, concurren sus parientes chilenos exactamente igual como si se tratase de la sucesión de un chileno.

Condiciones para que proceda la aplicación de esta segunda regla del artículo 15:

Tiene que tratarse de un chileno residente o domiciliado en el extranjero.
El acto tiene que producir efectos en Chile.
Sólo se aplica la ley cuando se tratare de cónyuge o pariente chileno.

2°. Leyes reales.

Relativas a los bienes. El artículo de base está contenido en el Código civil, artículo 16 inciso 1°:

“Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile” (principio de territorialidad).

Es decir, a las leyes chilenas se someten los bienes situados en Chile, no importando a quién pertenezcan, no importando la nacionalidad de los contratantes.

Excepciones a la regla general del artículo 16 inciso 1°.

a. El artículo 955: Esta norma se refiere a la sucesión de los bienes. La regla general es que la ley que regula en materia sucesoria, es la ley del último domicilio del causante.

“La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados.

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales".

En todo caso, para los efectos del pago del impuesto sobre la herencia (D.F.L. N° 1, del 30 de mayo de 2000, artículo 27, inciso primero), "cuando la asignación se abra en el extranjero, deberá pedirse en Chile, no obstante lo dispuesto en el artículo 955. la posesión efectiva de la herencia respecto de los bienes situados dentro del territorio chileno, para los efectos del pago de los impuestos establecidos por esta ley”.

El inciso segundo de esa misma disposición confirma que "la posesión efectiva, en este caso, deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que pida la posesión efectiva, si aquél no lo hubiere tenido".

Veamos el caso de un chileno residente en Venezuela, cuyo último domicilio fue la ciudad de Sucre; la ley que rige es la venezolana, aunque el bien esté en Chile.

Esto tiene una contra-excepción, cuando quienes intervienen son cónyuges o parientes chilenos, se vuelve a la regla general del artículo 16 inciso 1° y se aplica entonces el criterio de pedir la posesión efectiva de los bienes de la herencia en Chile, por lo que se sujeta a las leyes chilenas.

b. Artículo 16 inciso 2°: "Esta disposición (el inciso primero) se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño”.

Por ejemplo, si se vende en Chile una casa situada en la comuna de San Miguel, se aplica la ley chilena en la celebración del acto (contrato). Si se celebra el acto en Francia, sobre la misma casa en San Miguel, éste va a tener efectos en Chile (de hecho, va a inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel para que el propietario pueda tener título inscrito), la compraventa debe de celebrarse en conformidad a la ley chilena, lodo esto, sin importar la nacionalidad de los contratantes.

3°. Leyes mixtas o de los actos.

Leyes referentes a los actos, a sus requisitos de forma, fondo y a sus efectos.

Para solucionar el conflicto de leyes resultante de un acto celebrado en el extranjero y que produce efectos en Chile, se distingue entre:

  • Los requisitos de forma, externos o solemnidades.
  • Los requisitos de fondo o internos.
  • En cuanto a los efectos de los actos o contratos.

a. Requisitos de forma: Se puede definir los requisitos de forma como aquellos que tienen por objeto hacer constar fehacientemente de la existencia de un acto. Dicen relación con la observancia de formalidades legales, por eso se puede decir que estos requisitos son aquellos que hacen visible un acto. El caso típico es la solemnidad de la escritura pública, la celebración del Matrimonio ante la presencia del oficial del Registro Civil, etc.

Hay un principio de carácter universal que se resume en el aforismo latino “Lex Locus Regit Actum”. Significa que, en cuanto a la forma de la celebración del acto o contrato, se regirá por la ley donde se celebrará el acto (la ley del lugar de celebración rige el acto).

Por ejemplo, dos chilenos se casan en branda, deben hacerlo observando los requisitos de forma y fondo para contraer nupcias propios del Derecho francés.

El artículo 17 consagra este principio:

"La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de enjuiciamiento”.

La doctrina y la jurisprudencia han concluido que esta disposición se debe interpretar extensivamente, es decir, hacerse aplicable no sólo a los instrumentos públicos, sino que a la forma de todo tipo de actos. Recuérdese lo dicho respecto del artículo 16 inciso 2°, que le reconoce validez en Chile a los actos que se han celebrado en el extranjero: “Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño”.

Véase también el artículo 1027, relativo a testamentos: “Valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria”.

El artículo 80 de la Ley del Matrimonio Civil, N° 19.947: consagra el principio de la personalidad (extraterritorialidad de la ley) en cuanto al territorio.

Hay que distinguir, una es la forma de celebración de acto o contrato y lo otro es la capacidad para celebrar el acto o contrato.

En relación con la capacidad para celebrar el acto o contrato veíamos el artículo 15 N° 1, que hacía aplicable la ley chilena a los chilenos, aún domiciliados en el extranjero: “En relación al Estado de las personas y su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efectos en Chile”.

Artículo 80, Ley de Matrimonio Civil: “Los requisitos de forma y de fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiese celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión de un hombre y una mujer”.

Significa esto que el matrimonio celebrado en el extranjero vale como si se hubiera celebrado en Chile, no sólo en cuanto a las formalidades, sino también en cuanto a los requisitos de fondo.

Antes, la Ley de Matrimonio Civil sólo permitía la validez del matrimonio celebrado en el extranjero en cuanto a los requisitos de forma, pero en cuanto a los requisitos de fondo regía la ley chilena.

Eso sí, la ley establece una excepción, señalando que, sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se baya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 7° de esta ley.

La misma invalidez afecta a los matrimonios que se hayan contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los cónyuges.

Concluyamos que este principio locus regit actum, es un principio facultativo u optativo, por cuanto el chileno en el extranjero puede decidir si se rige bajo la ley extranjera o lo hace respetando la forma y el fondo de la ley chilena. Si así lo desea, debe acudir al cónsul chileno del lugar en donde se halle, para que éste haga las veces de Ministro de fe (Notario), en relación con los actos o contratos, menos para la celebración del matrimonio, pero sí para otorgar testamento.

En el acto de celebración de matrimonio, es obligación acogerse al principio de) Lex locut regit actum (acogerse a la ley del lugar en donde me encuentre). El cónsul chileno, en el extranjero, no puede hacer las veces de Oficial de registro civil.

Hay una excepción a esto, contenida en el artículo 18 del Código civil, que se refiere a la prueba de ciertos actos o contratos.

“En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas en el país en que hubieren sido otorgadas”.

Cuando la ley chilena exige para probar un acto o contrato, que sea a través de instrumento público, no se puede probar por instrumento privado, cualquiera fuere la fuerza que se le reconoce en el extranjero (en materia de prueba).

b. Requisitos de fondo: Son aquellos que dicen relación con la sustancia misma del acto. Recordemoslos: la capacidad de las partes, que no se rige por el principio del Locus regit actum; el consentimiento de las partes; el objeto; la causa.

La regla general es que el país en que se otorgó el acto rige sus requisitos internos, la sola limitación ya la estudiamos en el artículo 15 relativo a la capacidad de las partes para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile.

c. Los efectos del acto o contrato: Cuando hablamos de efectos del acto o contrato nos referimos a los derechos y obligaciones que emanan del acto o contrato.

Pongamos el caso del vendedor que tiene derecho a exigir el pago del precio en el contrato de compraventa.

En relación con los efectos, se aplica el artículo 16 inciso 3°: “Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas”. Es decir, que para hacer valer los derechos y obligaciones de un acto celebrado en el extranjero, se debe ajustar a la ley chilena.

Ejemplificábamos ya con la compra de un inmueble en el extranjero, debíamos tramitarla acá en Chile a través de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Efectos de la ley en cuanto a las personas.


  • Efectos en cuanto a la igualdad ante la ley.
  • Efectos en cuanto a la obligatoriedad ante la ley.
  • Efectos en cuanto al conocimiento de la ley.

En cuanto a la igualdad ante la ley.


Tres disposiciones constitucionales y legales son aplicables:

El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado: “En Chile no hay personas ni grupos privilegiados”. Todos somos iguales ante la ley.

El artículo 14 del Código civil: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros” (Igualdad en relación a la ley civil).

El artículo 5° del Código penal. “La ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros" (Igualdad en relación a la ley penal).

En cuanto a la obligatoriedad de la ley.


Existen dos disposiciones legales que le hacen referencia:

1°. Artículo 6° del Código civil: “La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen".

2°. Artículo 7° del Código civil: “La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la hecha de éste se entenderá conocida de lodos y será obligatoria.

Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial.

Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia".

En cuanto al conocimiento de la ley.


Ya lo habíamos estudiado en el artículo 8°, estableciendo el principio de presunción de la ley, que algunos autores critican por cuanto más que presunción, es una ficción o pretensión de los pueblos que se creen civilizados, porque sería una utopía creer que todos conocen la ley. Pero, al fin y al cabo, se establece con la finalidad de dar seguridad jurídica a la legislación.

Artículo 8°: “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigor".

Referencia bibliográfica: Publicación basada en los apuntes de clases de Derecho Civil de Gonzálo Ruz Lártiga, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca.

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