Acto Jurídico


Al igual que el Derecho Romano, nuestro Código Civil no consagra entre sus disposiciones una Teoría General del Acto Jurídico.


Teoría General del Acto Jurídico.


1. Introducción.


Como señala el profesor VIAL, desde antiguo los estudiosos del derecho han procurado encontrar el elemento común o vinculante de las diversas instituciones del derecho privado, labor ardua si se considera que las diferencias entre ellas parecen ser, a simple vista, más notorias que una eventual o hipotética semejanza. En efecto ¿Que podrían tener en común un testamento con una compraventa?

A primera vista, lo único que relaciona a los mencionados actos es que surgen como consecuencia de la voluntad del hombre; conclusión tan amplia y vaga que mal podría justificar una construcción jurídica, sobre la base de este único elemento vinculante.

Sin embargo, partiendo de dicho elemento común es posible encontrar otros: en primer lugar, tales actos surgen de una manifestación de voluntad hecha con un propósito determinado -disposición de bienes en el testamento; necesidad de intercambiar bienes en la compraventa- propósito que inspira a la parte o partes que intervienen en su celebración; y en segundo lugar, dichos actos producen efectos jurídicos, pues crean, modifican o extinguen una relación jurídica.

A estos actos voluntarios que realiza el hombre con un propósito definido y característico y que producen efectos de derecho, se da en doctrina la denominación de "actos jurídicos". Todas las instituciones de derecho privado que hemos mencionado como ejemplo presentan la circunstancia común de ser actos jurídicos.

Sobre la base de lo anterior, los juristas han tratado de establecer las reglas o principios aplicables a todos los actos jurídicos, sea cual fuere su especie, surgiendo así la Teoría General del Acto Jurídico.

Como es posible apreciar, el fundamento de esta Teoría descansa en el principio de la autonomía de la voluntad, la cual permite a los sujetos de derecho celebrar actos jurídicos a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir derechos subjetivos.

2. La teoría del Acto Jurídico en el Código Civil.


Al igual que el Derecho Romano, la mayoría de los códigos civiles de nuestra época no consagra en sus preceptos la teoría general de los actos jurídicos. Entre los pocos Códigos que tratan en forma general y sistemática los actos o negocios jurídicos, pueden citarse los de Argentina, Alemania, Brasil, el de Derecho Canónico, el de Portugal, y el de Perú de 1984.

Por su parte, nuestro Código Civil no consagra ni regula expresamente la Teoría General de los Actos Jurídicos. Sin embargo, la doctrina chilena, siguiendo los rumbos de la francesa y la italiana, ha construido esta teoría derivándola de los principios que informan las normas relativas a los contratos y, en parte, al acto testamentario. Dentro del Código de BELLO tienen especial importancia en esta materia el título De los actos y declaraciones de voluntad (arts. 1445 a 1469) y el dedicado a la nulidad y rescisión de los actos y contratos (arts. 1681 a 1697).

Hay consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que todos los actos jurídicos se rigen por las mencionadas normas, a menos que el tenor de la disposición o la naturaleza de las cosas las limiten solamente a las convenciones o contratos.

3. Los hechos jurídicos. Concepto y clasificación.


En la doctrina civilista se entiende por hecho todo suceso o acontecimiento generado por la naturaleza o por la acción del hombre. En el primer caso se habla de hechos naturales y, en el segundo, de hechos humanos. Tanto los unos como los otros pueden tener o no efectos jurídicos o, como también se dice, consecuencias jurídicas. Los que producen consecuencias jurídicas se llaman hechos jurídicos, y los que no, reciben el nombre de hechos materiales o jurídicamente irrelevantes.

Ejemplos de hechos jurídicos de la naturaleza son:

  • La fructificación de las plantas, cuyo efecto jurídico es la adquisición por el propietario de ellas del dominio de los frutos;
  • Un terremoto que, como caso fortuito o de fuerza mayor, libera de culpa y responsabilidad al deudor por el atraso en el cumplimiento de la obligación causado decisivamente por el fenómeno mencionado; 
  • El cambio de curso de un río, que en favor de los propietarios contiguos, trae como efecto jurídico la accesión a sus terrenos la parte del cauce quedada permanentemente en seco (art. 654); 
  • El nacimiento, que erige al recién nacido en titular de los derechos de la personalidad de eventuales derechos hereditarios; 
  • La muerte, que opera el traspaso de los derechos y obligaciones transmisibles del difunto al o los herederos; etc.

Frente a los hechos jurídicos naturales, que cobran existencia sin el concurso del hombre, están los hechos jurídicos humanos. Estos pueden definirse en un sentido amplio como lo hechos realizados por el hombre, por lo general en forma voluntaria, y a los cuales el ordenamiento jurídico atribuye o reconoce consecuencias o efectos jurídicos.

Los hechos jurídicos humanos pueden clasificarse en hechos lícitos y en hechos ilícitos. Lícitos son los hechos jurídicos admitidos y protegidos por el ordenamiento jurídico; ilícitos, en sentido estricto, son los hechos prohibidos por el ordenamiento jurídico o que lesionan injustamente un interés ajeno (delitos, cuasidelitos).

En definitiva, son actos jurídicos los hechos jurídicos humanos lícitos.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe advertir que la doctrina alemana e italiana distingue, dentro de los hechos jurídicos humanos lícitos, los negocios jurídicos de los actos jurídicos. El negocio jurídico se caracteriza porque los efectos por él producidos son los queridos por su autor o por las partes, de tal modo que dichos efectos surgen como consecuencia inmediata y directa de la voluntad (v.gr. una compraventa). En cambio, en el simple acto jurídico los efectos que éste produce no van necesariamente adheridos a la voluntad de los autores y, muchas veces, son independiente de ella (v.gr. la construcción de un edificio en terreno ajeno sin conocimiento del dueño: el constructor ejecuta un acto voluntario que va a producir el efecto jurídico consistente en que el dueño del terreno se hace dueño del edificio, efecto que indudablemente no es el querido por el constructor y surge como independiente de su voluntad).

Esta clasificación es ajena a nuestra legislación y a la doctrina tradicional, y por lo mismo en general en nuestro medio se habla indistintamente de acto jurídico y de negocio jurídico.

4. Concepto de acto jurídico.


Tradicionalmente, el acto jurídico se define como una "declaración de voluntad o un conjunto de declaraciones de voluntad dirigidas a la producción de determinados efectos jurídicos, que el derecho objetivo reconoce y garantiza". Estos efectos pueden consistir en la creación, modificación, extinción de una relación jurídica o de una situación o estado jurídicos; también puede ser efecto de un acto jurídico la confirmación o declaración de certeza de una relación o situación jurídica preexistente dudosa o incierta.

otra definición expresa que acto jurídico es la "manifestación unilateral o bilateral de voluntad ejecutada con arreglo a la ley y destinada a producir un efecto jurídico que puede consistir en la adquisición, conservación, modificación, transmisión, transferencia o extinción de un derecho".

Una definición más escueta indica que el "acto jurídico es la declaración de voluntad dirigida a constituir, modificar, extinguir o regular una situación o relación jurídicas".

Finalmente, VIAL define al acto jurídico como:
La manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad.
De esta última definición es posible analizar los siguientes elementos:

a) El acto jurídico es una manifestación de voluntad. Es decir, no basta con la existencia de la voluntad interna o psicológica que es, por esencia, variable, sino que es necesario que la voluntad del autor o las partes se exteriorice por medio de una declaración o comportamiento que permita conocerla. De este modo, la sola intención que no se exterioriza no produce consecuencia alguna para el derecho; como tampoco la produce la mera manifestación que no obedece a una intención, esto es al propósito real y serio de realizar un acto jurídico.

b) La manifestación de voluntad debe perseguir un propósito específico y determinado. Para la doctrina tradicional tal propósito debe ser necesariamente jurídico, esto es, el autor o las partes deben buscar producir efectos de derecho (crear, modificar o extinguir derechos subjetivos). En cambio, la doctrina moderna estima que el propósito debe perseguir un fin práctico o empírico. VIAL estima que tales posturas son conciliables, pues dicen lo mismo con distintos enfoques: uno corresponde a como el derecho ve el propósito perseguido por la parte o partes; y otro, a cómo éstas o aquél se representan dicho propósito. En otras palabras, el ordenamiento jurídico, al regular los efectos de los actos jurídicos, observa, como es natural, la realidad y "traduce" en términos jurídicos lo que el hombre medio pretende obtener con su celebración.

c) La manifestación de voluntad produce los efectos queridos por el autor o por las partes porque el derecho la sanciona. La causa eficiente de los efectos del acto jurídico o antecedente generador de los mismos proviene de la voluntad y la ley: los efectos del acto jurídico derivan en forma inmediata de la voluntad del autor o de las partes, y en forma mediata de la ley, que permite la libertad jurídica, cuya expresión es el poder jurídico, la facultad de los particulares para crear las relaciones jurídicas.

5. El principio de la autonomía de la voluntad.


5.1. Conceptos generales.


Según adelantamos, la Teoría General del Acto Jurídico descansa sobre dos soportes fundamentales: libertad y voluntad. Así, el hombre es libre para vincularse con otros o no; y si decide obligarse lo va a hacer por su propia voluntad.

Los conceptos de libertad y voluntad en que coinciden filósofos y juristas del siglo XVIII dan nacimiento al denominado principio de la autonomía de la voluntad, piedra angular del Derecho Civil y como tal reconocido por el Código Civil Francés y por todos los que, como el nuestro, lo toman de modelo, y que se caracterizan por crear un sistema de derecho privado fundado en la libertad de los particulares; colocando al centro del mismo al acto jurídico, concebido como el paradigma típico de la manifestación de voluntad, la que deriva el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación personal o patrimonial.

En efecto, en el Código Civil Chileno el principio de la autonomía de la voluntad está reconocido en varias disposiciones legales. La principal es la que consagra la libertad de contratar, consecuencia del principio de la autonomía privada, llegando a darle al contrato, respecto de las partes, una fuerza obligatoria como la de la ley (art. 1545), subordinando la eficacia de la voluntad al respeto a las leyes, a las buenas costumbres y al orden público (arts. 1445, 1461 y 1467).

Conforme a la doctrina más moderna, se denomina autonomía privada al principio en estudio, indicando que la misma es la facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, sean éstas ventajosas u onerosas.

5.2. Consecuencias de la autonomía de la voluntad.


El principio de la autonomía de la voluntad tiene las siguientes consecuencias esenciales:

  • El hombre es libre para obligarse o no; y si lo hace es por su propia voluntad. Así lo reconoce el Código al utilizar las expresiones "acepta" (art. 1386), "concurso real de voluntades de dos o más personas" (art. 1437), etc.
  • El hombre es libre para renunciar por su sola voluntad a un derecho establecido en su beneficio, con tal que sólo mire al interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia (art. 12 CC).
  • El hombre es libre para determinar el contenido o fondo de los actos jurídicos que celebre, y por ello, siempre que respeten las leyes, el orden público y las buenas costumbres, puede establecer las cláusulas que les plazcan en sus actos o contratos, los cuales pasan a ser ley para los contratantes, como lo reconoce el art. 1545.
  • El hombre es libre para determinar la forma de los actos jurídicos: pueden elegir la forma escrita, oral o cualquiera otra, salvo que la ley imponga una determinada. Hoy la ley tiende a exigir cada vez menos el formalismo, tan caro a los romanos, y si para ciertos actos el legislador prescribe formalidades, es para precaver a las partes de ligerezas o para resguardar derechos de terceros.
  • Como consecuencia de que tanto el acto jurídico como su contenido son fruto de la voluntad del hombre, la primera regla para interpretar adecuadamente los contratos y determinar su real sentido y alcance consiste en recurrir a la clara intención de los contratantes, la que prima sobre la voluntad declarada.

5.3. Limitaciones a la autonomía de la voluntad.


Las principales limitaciones a las que se encuentra afecta la autonomía privada son las siguientes:

  • La autonomía privada faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses y no de los ajenos. Por ende, por regla general todo acto en el que se disponga de un bien ajeno, le será inoponible a su verdadero dueño (v.gr. art. 1815, sobre compraventa de cosa ajena).
  • Para que el acto o contrato celebrado por los particulares produzca los efectos queridos por su autor o por las partes, es necesario que se ajuste a los requisitos o condiciones establecidos por la ley para su valor jurídico.
  • Hay ciertas materias con respecto de las cuales no pueden los particulares crear actos jurídicos que no correspondan exactamente al tipo establecido por el legislador, como ocurre en el derecho de familia.
  • La autonomía privada está limitada por el orden público. Si bien este concepto es habitualmente utilizado por el legislador (v.gr. art. 1461), el mismo no se encuentra definido en nuestro Código Civil. Al efecto, la jurisprudencia ha señalado que el orden público es "la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad" o bien como "el conjunto de disposiciones establecidas por el legislador para resguardar los intereses superiores de la colectividad y de la moral social".
  • La autonomía privada está limitada por las buenas costumbres. Al igual que en el caso del orden público, el concepto de buenas costumbres es habitualmente utilizado por el legislador, pero carece de definición legal. Al respecto, la doctrina señala que la noción de buenas costumbres constituye un aspecto particular del orden público cuyos contornos son imprecisos; comprende la moral sexual -buenas costumbres stricto sensu- pero asimismo las ideas morales admitidas en una época determinada. Asimismo se ha señalado que las buenas costumbres son "los principios que son moralmente predominantes en una determinada época".

6. Estructura y elementos constitutivos del acto jurídico.


En lo relativo a la estructura del acto jurídico es tradicional la distinción entre elementos de la esencia (o esenciales), elementos de la naturaleza (o naturales) y elementos accidentales.

6.1. Elementos o cosas esenciales.


En doctrina, los elementos esenciales son aquellos necesarios y suficientes. Necesarios, porque la falta de uno de ellos excluye la eficacia (y para algunos la existencia) del acto jurídico; y suficientes, porque ellos se bastan para darle esa eficacia (y para algunos la existencia) y, por consiguiente, su concurrencia constituye el contenido mínimo del acto.

Por su parte, el Código Civil establece que los elementos o cosas esenciales de un acto son todos aquéllos sin los cuales no produce efecto alguno o degenera en otro acto diferente (art. 1444).

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible distinguir entre:

(i) Los elementos esenciales generales o comunes, los cuales no pueden faltar en ningún acto jurídico, cualquiera sea su especie. Por lo tanto, y conforme al art. 1444, si se omite un elemento esencial común o general el acto no produce efecto alguno; precisamente por ello es que parte de la doctrina afirma que su omisión impone considerar que tal acto, aunque esté revestido de una apariencia de hecho, es la nada misma, y por lo mismo se "sanciona" con la inexistencia jurídica.

El art. 1445 enumera los requisitos necesarios para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, sin mencionar cuales son esenciales; pero la doctrina tradicional estima que éstos son la voluntad, el objeto y la causa.

No tienen tal calidad los restantes requisitos enumerados en el art. 1445, a saber: la capacidad, la voluntad sin vicios, el objeto lícito y la causa ilícita, pues el acto en que incide la incapacidad, la voluntad viciada, el objeto ilícito o la causa ilícita, produce los efectos que le son propios, pero con un vicio que autoriza su declaración de nulidad.

(ii) Por su parte, los elementos esenciales especiales o específicos son aquellos requeridos para cada acto jurídico en especial, constituyendo los elementos de la esencia propios y característicos del acto jurídico determinado.

Siguiendo al art. 1444, la omisión de uno de estos elementos impide que se produzcan los efectos propios del acto jurídico, pero no cierra la posibilidad de que se produzcan los efectos de otro acto jurídico, para cuya existencia fue idónea la manifestación de voluntad.

Así, el precio en dinero es un requisito esencial en la compraventa, pero no existe en otros actos. Por ende, si las partes estipulan que el precio se pagará en una especie distinta del dinero, no hay compraventa, pero sí permuta. Asimismo, es de la esencia del comodato (préstamo de uso) ser gratuito, por lo que si el comodatario paga un precio por el uso de la cosa, el acto jurídico deja de ser comodato y degenera o se transforma en arrendamiento.

6.2. Elementos o cosas de la naturaleza.


Elementos o cosas de la naturaleza de un acto jurídico son las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una declaración o cláusula especial (art. 1444). De manera que las partes nada necesitan declarar para que estos elementos formen parte del acto, ya que la ley dispone en lugar de las partes mismas; la voluntad de éstas sólo es necesaria para modificarlos o excluirlos.

Cabe advertir que más que "elementos", se trata de "efectos" que la ley subentiende o incorpora a los actos jurídicos cuando las partes han guardado silencio. Por ende, el Código no incurre en error al hablar de "cosas" de la naturaleza.

Ejemplo de elementos de la naturaleza del contrato de compraventa es la obligación del vendedor es el saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios, pues se entienden incorporados sin necesidad de cláusula especial; sin embargo, por no ser cosas esenciales las partes pueden eliminarlos.

6.3. Elementos o cosas accidentales.


Elementos o cosas accidentales del acto son aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de declaraciones o cláusulas especiales.

En otras palabras, cosas meramente accidentales son las que la ley no subentiende ni son necesarias para la eficacia del acto, pero que las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden agregar por medio de una estipulación expresa. Y así como para eliminar de éste las cosas que son de su naturaleza es necesaria una estipulación formal o expresa de las partes, así también para incluir en un acto las cosas meramente accidentales, menester es una estipulación expresa de aquéllas.

Las cosas accidentales pueden referirse a la existencia del acto. Así, las partes pueden efectuar una declaración expresa consistente en que una compraventa de un bien mueble (de carácter consensual) no se reputará perfecta sino hasta que se otorgue una escritura pública (art. 1802).

Más frecuentes son las cláusulas que las partes incorporan en relación a la eficacia del acto. Por ejemplo, la estipulación de una condición, plazo, o modo para el cumplimiento de una obligación.

A modo de síntesis, de todos los mencionados, los únicos verdaderos elementos o requisitos constitutivos del acto son los esenciales. Los naturales no forman parte de la estructura del acto jurídico sino que dicen relación con sus efectos. Por lo que atañe a los elementos accidentales, no son requisitos constitutivos del acto, y por ende la ley no requiere de ellos para que el acto produzca sus efectos.

7. Requisitos o condiciones de los actos jurídicos.


Desde antiguo y hasta nuestros días, existe discrepancia doctrinal acerca de las condiciones o requisitos de los actos jurídicos, cuestión que tiene importantes consecuencias, como se desarrollará más adelante. Por ahora, basta con considerar que parte de la doctrina distingue entre los requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos, de modo tal que la ausencia de los primeros implica la inexistencia del acto, mientras que la omisión de los segundos se sanciona con la nulidad. En cambio, para otros autores dicha distinción es artificial, atendido que el Código únicamente se refiere a los requisitos de eficacia de los actos jurídicos, razón por la cual su ausencia siempre da lugar a la nulidad del acto. A continuación nos referiremos a ambos postulados.

7.1. Doctrina que afirma la distinción entre requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos.


Esta doctrina afirma que el acto que nace a la vida del derecho debe cumplir con ciertas condiciones para tener existencia sana (requisitos de existencia) y producir sus efectos en forma estable (requisitos de validez).

Son condiciones de existencia del acto jurídico, aquellas necesarias para que el acto nazca a la vida del derecho. Si faltan, el acto es jurídicamente inexistente, por lo que no produce efecto alguno.

Tienen la calidad de requisitos de existencia: (1) la voluntad; (2) el objeto; (3) la causa; y (4) las solemnidades que la ley exige para la existencia del acto.

Hay quienes no consideran las solemnidades, pues estiman que en los actos solemnes la voluntad debe manifestarse a través de la solemnidad, con lo cual quedarían éstas comprendidas dentro del requisito voluntad.

Por su parte, son condiciones de validez aquellas que si bien pueden faltar en el acto sin atentar contra su existencia, son necesarias para la vida sana del acto y produzca sus efectos en forma estable.

La omisión de un requisito de validez no impide que el acto nazca y produzca sus efectos. Pero nace enfermo, con un vicio que lo expone a morir si es invalidado. En otras palabras, cuando no concurre una condición de validez el acto queda viciado y puede solicitarse su nulidad. La falta de alguna condición de existencia no permite vivir al acto.

Las condiciones de validez de los actos jurídicos son: (1) voluntad no viciada; (2) objeto lícito; (3) causa lícita; (4) la capacidad; cuando corresponda, solemnidades para la validez del acto.

7.2. Doctrina que afirma que el Código únicamente se refiere a requisitos de eficacia de los actos jurídicos.


otros autores sostienen que la distinción entre requisitos de existencia y de validez es artificial, por cuanto no se encuentra recogida en el Código Civil.

Al respecto, se afirma que el art. 1444 únicamente indica que la ausencia de un elemento esencial del acto jurídico implica que "no produce efecto alguno o bien degenera en otro contrato diferente". Por ende, al señalar que "no produce efecto alguno", únicamente se está manifestando que tal acto será ineficaz en cuanto no generará ningún derecho y obligación; pero en parte alguna de esta norma se alude a requisitos de "existencia".

A su turno, acto seguido, y de modo totalmente coherente con la anterior disposición, el art. 1445 se refiere a los requisitos necesarios "para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad"; es decir, para que el acto surta efectos y sea eficaz (en el sentido de generar obligaciones). Tampoco esta disposición distingue entre requisitos de existencia y de validez.

Por lo expuesto, todos y cada uno de los requisitos antes indicados (voluntad y que sea exenta de vicios; objeto y que sea lícito; causa y que sea lícita; ciertas solemnidades; y la capacidad) son condiciones o requisitos de eficacia del acto jurídico, y su ausencia u omisión acarrea la nulidad (absoluta o relativa, según el caso) del acto jurídico, pero nunca su inexistencia.

8. Clasificaciones de los actos jurídicos.


Según sea el punto de vista o criterio que se considere, pueden hacerse numerosas clasificaciones de los actos o negocios jurídicos.

8.1 Actos unilaterales, bilaterales y plurilaterales.


Esta clasificación atiende al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el acto jurídico se forme.

Lo que se toma en cuenta para la clasificación es el número de partes y no el de personas. Porque una sola parte puede estar constituida por una o más personas, como lo dice expresamente el Código Civil (art. 1438) aludiendo a las partes del contrato, uno de los más importantes actos jurídicos.

Por parte se entiende la persona o las personas que constituyen un solo centro de intereses y concurren con su voluntad a formar un acto jurídico. Si cuatro personas son copropietarias de un fundo y lo venden conjuntamente a otro sujeto, los cuatro comuneros constituyen un solo centro de intereses y, por su lado, el comprador constituye otro centro de intereses. En consecuencia, aunque han intervenido cinco personas en este contrato, sólo ha habido dos partes y dicho acto es bilateral y no plurilateral. Un acto unilateral, como la renuncia a los derechos, puede resultar de las declaraciones de voluntad de dos o más personas, si encarnan un solo centro de intereses, como la renuncia conjunta de todos los copropietarios al dominio de la cosa común.

(i) Acto jurídico unilateral es aquel que se perfecciona con la voluntad de una sola parte. Por ejemplo: el testamento, la oferta, la aceptación, la renuncia de un derecho, la concesión o revocación de un poder, la ratificación de un acto nulo, etc.

Se llama autor a la parte cuya voluntad se requiere para dar nacimiento al acto jurídico unilateral.

A su vez, se distingue entre actos jurídicos unilaterales simples y complejos. Son actos unilaterales simples aquel que emana de la voluntad de una sola persona (v.gr. el testamento); por su parte, el acto unilateral complejo es aquel que procede de varias personas físicas que están manifestando una voluntad común (v.gr. la oferta que varias personas hacen para vender una casa).

Por otro lado, se distingue entre actos jurídicos no recepticios y recepticios. Son actos jurídicos no recepticios aquellos que producen sus efectos de inmediato, sin necesidad de que el mismo sea puesto en conocimiento de su destinatario. Por el contrario, son actos jurídicos recepticios, como afirma ALESSANDRI, aquellos en que la declaración de voluntad que encierra, para lograr eficacia, ha de dirigirse a un destinatario determinado, o sea, debe comunicarse o notificarse a éste. La importancia de esta distinción radica en el hecho que todo acto jurídico unilateral y recepticio (como lo es el ejercicio de la opción Put) es que son esencialmente irrevocables, no siendo susceptibles de modificación alguna una vez que han sido puestos en conocimiento del destinatario. Por lo mismo, antes de que el destinatario tome conocimiento, el acto jurídico recepticio puede ser revocado por quien emitió la declaración, pero desde que el destinatario tomó conocimiento adquiere el carácter de irrevocable.

Es importante destacar, finalmente, que no altera el carácter unilateral de un acto jurídico la circunstancia que éste, para producir la plenitud de sus efectos, pueda requerir la manifestación de voluntad de una persona distinta del autor. Por ejemplo, en el testamento la sola voluntad del testador basta para dar vida a dicho acto jurídico; sin embargo, para que ese acto jurídico produzca la plenitud de sus efectos será necesario que el heredero testamentario, una vez muerto el causante, manifieste su voluntad de aceptar la herencia.

(ii) Acto jurídico bilateral es aquel que para nacer a la vida jurídica requiere de la manifestación de voluntad de dos partes. Por ejemplo: los contratos, la tradición, el pago efectivo, el matrimonio, etc.

En el acto jurídico bilateral existen dos partes que tienen intereses diversos, enfocados hacia distintas direcciones o contrapuestos. Cuando ambas partes llegan a un acuerdo y manifiestan en tal sentido su voluntad, nace el acto jurídico bilateral.

De acuerdo con la doctrina nacional, todo acto jurídico bilateral es una convención, sea que esté dirigida a crear, modificar o extinguir obligaciones. Si el fin es crear obligaciones, la convención toma el nombre específico de contrato. Por lo tanto, todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato; no lo es cuando modifica o extingue una obligación establecida anteriormente. La compraventa, verbigracia, es un contrato porque crea la obligación para el vendedor de dar una cosa y para el comprador la obligación de pagarla en dinero. Pero la tradición de una cosa y el pago del precio son sólo convenciones, porque extinguen las respectivas obligaciones creadas por el contrato de compraventa.

El Código Civil hace sinónimos el contrato y la convención (arts. 1437 y 1438), lo que es considerado como un error por la doctrina.

Cabe hacer presente que no debe confundirse la distinción entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales con la que el art. 1439 realiza entre los contratos (actos jurídicos bilaterales) de carácter unilateral y bilateral. Tal disposición establece que el contrato (acto bilateral) es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Como puede observarse, esta última distinción no atiende al número de partes, sino que distingue atendiendo al número de obligados en un contrato, que siempre es un acto bilateral o convención.

(iii) Acto jurídico plurilateral es aquel que para nacer a la vida jurídica requiere de la manifestación de voluntad de más de dos partes. Por ejemplo, en la novación por cambio de acreedor se requiere la voluntad del deudor, del tercero que acepta la nueva obligación que contrae en su favor el deudor y del acreedor que consiente en liberar de la obligación primitiva al deudor (art. 1631 N° 2).

8.2. Actos patrimoniales y actos de familia.


Según el contenido de los actos se distingue entre actos de derecho de familia y actos de derecho patrimonial.

Los actos de derecho de familia tienden a regular intereses ideales concernientes al estado o situación de las personas en el círculo de la familia. En ellos prevalecen sobre los intereses de los particulares los intereses superiores del núcleo familiar. Por eso el rol de la voluntad de los particulares en estos actos se reduce a constituir el determinado acto que se quiere celebrar, encargándose la ley de señalar los efectos. En el matrimonio, por ejemplo, los contrayentes se limitan a expresar su voluntad de tenerse por marido y mujer, y es la ley la que fija los derechos y obligaciones personales de los cónyuges, sin que éstos pueden alterar tales consecuencias jurídicas.

Los actos jurídicos patrimoniales son aquellos que tienen por objeto crear, modificar o extinguir relaciones de carácter pecuniario, esto es, apreciable en dinero. Por ejemplo, la compraventa.

8.3. Actos patrimoniales a título gratuito y a título oneroso.


Según la utilidad o beneficio que reporta el acto jurídico para quienes lo ejecutan se distingue entre actos onerosos y gratuitos.

En los actos a título oneroso cada parte recibe una ventaja en cambio de la que procura a la otra parte; esto es, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Estos actos se sub clasifican en conmutativos y aleatorios. Se dice que un acto oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o a ser a su vez (v.gr. la compraventa, el arrendamiento). Por su parte, un contrato oneroso es aleatorio si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida (v.gr. la renta vitalicia).

En los actos a título gratuito (también denominado título "lucrativo" por el art. 1962 N° 1), una de las partes procura a la otra o a un tercero una ventaja sin recibir de la otra parte o del tercero ninguna equivalente. Ejemplos: la donación, el testamento (acto unilateral), el préstamo sin interés, el comodato, etc.

Nuestro Código Civil establece esta división tratándose de los contratos (actos bilaterales). Dice que "el contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro" (art. 1440).

8.4. Actos de administración y actos de disposición.


Los actos de disposición importan una pérdida o disminución del patrimonio, y actos de administración los que tienden a la conservación del mismo.

Es frecuente que las leyes permitan a ciertas personas realizar los llamados actos de administración, pero no los de disposición. Y cuando llegan a permitir éstos imponen requisitos más rigurosos que para los primeros. Esta distinción tiene esencial importancia con respecto a las personas que obran en interés de otra. Así, por ejemplo, el tutor o curador puede y debe administrar los bienes del pupilo (art. 391); pero no puede, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipoteca, censo o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o que tengan valor de afección (art. 393).


8.5. Actos entre vivos y actos por causa de muerte.


Esta distinción se realiza atendiendo a si el acto jurídico para producir sus efectos requiere o no la muerte del autor o de una de las partes.

Acto mortis causa es aquel en que, para producir la plenitud de sus efectos, requiere de la muerte del autor o de una de las partes, como presupuesto necesario e indispensable. Por ejemplo, el testamento (art. 999), el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante.

Acto entre vivos es aquel que para producir los efectos que les son propios no requieren de la muerte del autor o de alguna de las partes.

8.6. Actos solemnes y actos no solemnes.


Esta distinción se realiza atendiendo a si la ley exige o no formalidades para la celebración del acto jurídico.

Actos solemnes o formales son aquellos para cuyo perfeccionamiento la ley o la voluntad de las partes exige que la declaración de voluntad se haga en una determinada forma. Por ejemplo, la compraventa de bienes raíces debe ser otorgadas por escritura pública. Si un acto solemne se celebra sin cumplir con la formalidad prescrita por la ley adolece de inexistencia o de nulidad absoluta (art. 1682), dependiendo si la solemnidad se requiere para la existencia o para la validez del acto, respectivamente.

Actos no solemnes son aquellos en que la ley no se exige ninguna forma determinada, o sea, por lo que la declaración de voluntad puede hacerse en cualquier forma.

También existen actos solemnes por determinación de las partes: si bien la ley es la que da a un acto el carácter de solemne o no solemne, las partes pueden hacer solemne un acto que por exigencia de la ley no lo es. Así sucede con la compraventa de cosas muebles (art. 1802). Un acto solemne por mandato de la ley no es lo mismo que uno que lo es por voluntad de las partes; si en el primer caso faltan solemnidades, el acto es nulo absolutamente; en cambio, en el segundo caso, el acto puede producir efectos aun cuando no se cumplan las formalidades, si se ejecutan hechos que importan renuncia de éstas.

8.7. Actos consensuales y actos reales.


Esta distinción se realiza atendiendo a la forma en que se perfecciona el acto jurídico.

Actos consensuales son aquellos que para su perfección basta la manifestación de voluntad o el consentimiento de las partes, cualquiera que sea la forma de la manifestación (oral, escrita o por señas). El consentimiento es la concordancia de dos declaraciones de voluntad emitidas por dos sujetos diversos que persiguen fines de interés común o de conveniencia recíproca. Ejemplos de actos consensuales: compraventa de cosas muebles, arrendamiento, mandato.

Actos reales son los que para perfeccionarse requieren, junto a la declaración de voluntad, la entrega de una cosa. Ejemplos: contratos de comodato, mutuo, depósito, prenda ordinaria, que exige la entrega de la cosa garante al acreedor.

En materia de contratos, esta distinción se encuentra recogida en el art. 1443.

8.8. Actos puros y simples y actos sujetos a modalidades.


Atendiendo a si los actos jurídicos producen o no de inmediato y sin limitación sus efectos y para siempre o no se alteren los que normalmente tienen éstos, se dividen en actos puros y simples y actos sujetos a modalidades. Por modalidad se entiende la estipulación consignada en un acto jurídico y dirigida a retardar o modificar los efectos que habría producido si hubiese sido puro y simple, o extinguir esos efectos en un momento dado. Las modalidades más importantes son la condición y el plazo y, el modo, que es la carga impuesta al beneficiario de un acto a título gratuito. Ejemplo: el testador lega una casa imponiéndole al legatario el deber de hacer construir una capilla en el jardín. La doctrina también agrega la representación y la solidaridad, pues alteran los efectos normales del acto jurídico en que inciden.

De todo lo anterior se infiere que acto jurídico puro y simple es aquel que en cuanto se perfecciona da nacimiento a un derecho, cuyo ejercicio puede ser inmediato y su duración indefinida. Sus efectos no están sujetos a alteración por circunstancia alguna ni cláusula particular. En otros términos, acto puro y simple es el no sujeto a modalidades.

Acto sujeto a modalidades es aquel cuyos efectos están subordinados o dependen de circunstancias o cláusulas restrictivas.

8.9. Actos causales y actos abstractos.


Si bien esta clasificación se desarrollará al estudiarse la causa como elemento de los actos jurídicos, desde ya puede señalarse que actos causales son aquellos en cuyo perfeccionamiento debe concurrir como elemento esencial la causa. Si ella falta o es ilícita, el acto adolece de nulidad absoluta y no produce efecto alguno. Ejemplos de actos causales son la compraventa, el arrendamiento, el mutuo, el comodato.

Actos abstractos son aquellos en cuyo perfeccionamiento la causa no aparece como elemento constitutivo. Se perfeccionan y funcionan separados o abstraídos de la causa, desvinculados de ella. Por tanto, si falta la causa o es ilícita, el acto queda válido y produce sus efectos.

8.10. Actos principales y actos accesorios.


Esta distinción se realiza atendiendo a si el acto subsiste o no por si mismo.

El acto es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otro. Por ejemplo la compraventa.

El acto es accesorio cuando para subsistir necesitan de un acto principal que les sirva de sustento.

Los actos accesorios se dividen en de garantía y dependientes. Son de garantía (denominados cauciones por el art. 46) cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella (v.gr. fianza, hipoteca, prenda).

Actos jurídicos dependientes son los que para existir o para producir sus efectos están subordinados a la existencia de otros, pero no para asegurar el cumplimiento de estos últimos. Ejemplo: las convenciones matrimoniales que se celebran antes del matrimonio, no valen si éste no se efectúa (art. 1716).

Es necesario precisar que los actos accesorios pueden existir antes que el acto principal, como ocurre con el ejemplo de las capitulaciones matrimoniales o con la hipoteca constituida para caucionar obligaciones futuras (art. 2413).

La clasificación de los actos en principales y accesorios sólo tiene importancia para determinar la extinción de unos y otros, de acuerdo con el aforismo según el cual "lo accesorio sigue la suerte de lo principal; pero no lo principal la suerte de lo accesorio".

8.11. Actos constitutivos, declarativos y traslaticios.


Actos constitutivos son los que crean un derecho nuevo o una situación jurídica nueva. Ejemplos: el matrimonio, que crea el estado civil de casado; los contratos que hacen nacer obligaciones y crean la calidad de acreedor y deudor.

Actos declarativos son los que no hacen nacer un derecho nuevo o una situación jurídica nueva, sino que se limitan a reconocer el derecho o la situación anterior, preexistente. Los actos declarativos "constatan", declaran, pues, situaciones o derechos existentes con anterioridad al acto que formula el reconocimiento o la declaración. Ejemplo típico en este sentido es el acto de partición, que pone fin a la comunidad: las partes indivisas que tenían los comuneros en la cosa común son sustituidas por partes divididas, pero sin que haya transferencia de estas partes de un comunero a otro; se reputa que éstos siempre han tenido, desde el nacimiento de la comunidad, la parte que por la partición se les adjudicó.

Se considera que la retroactividad, aunque no esencial o necesaria, es una consecuencia natural de los actos declarativos: éstos tienden a producir sus efectos desde el momento en que se originó la relación jurídica y no sólo desde que se "constató" o reconoció.

Los actos traslaticios o traslativos son los que transfieren a un nuevo titular un derecho ya existente. Ejemplos: la cesión de un crédito, la tradición de un derecho real.

8.12. Actos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo.


Esta clasificación se realiza atendiendo a la permanencia en el tiempo de los actos jurídicos.

Los actos de ejecución instantánea producen sus efectos inmediatamente de celebrados, los que se ejecutan de inmediato y de una sola vez, de manera que realizada la prestación debida, desaparece el vínculo contractual y las obligaciones recíprocas.

Los actos jurídicos de ejecución diferida, son aquellos cuyos efectos se van cumpliendo progresivamente, en el plazo estipulado por las partes.

Los actos jurídicos de tracto sucesivo son aquellos cuyas obligaciones van naciendo y extinguiéndose sucesiva y periódicamente mientras dure la vigencia de ellos, esto es, aquellos en que la relación contractual se agota y se renueva por períodos continuos. Por ejemplo, el arrendamiento.

8.13. Actos típicos o nominados y actos atípicos o innominados.


Actos jurídicos nominados o típicos son aquellos que están configurados por la ley, es decir, estructurados por ésta con caracteres peculiares: matrimonio, adopción, testamento, compraventa, arrendamiento, mandato, hipoteca, etc.

Actos innominados o atípicos son los que no están configurados por la ley; ésta no les ha trazados su figura propia. Surgen como creación de los particulares cuando las necesidades e intereses de éstos no encuentran adecuado medio de expresión en los actos típicos.

De lo anterior se desprende que para calificar a un acto nominado o innominado no se atiende a la circunstancia de que ese acto tenga un nombre o no lo tenga. Tampoco puede considerarse nominado un acto por el simple hecho de que la ley lo mencione o lo considere en algunas de sus disposiciones para determinados efectos: así, por ejemplo, una ley podría gravar con un impuesto especial el contrato de los futbolistas profesionales, y no por eso tal contrato sería nominado, ya que la legislación chilena no lo disciplina como una figura jurídica especial. También son innominados en nuestro ordenamiento jurídico los contratos de talaje y muchos otros.

Un acto puede ser nominado en el ordenamiento jurídico de un país e innominado en el de otro. Por otra parte, un contrato innominado puede pasar a ser nominado si el legislador llega después a disciplinarlo especialmente. Es lo que ha ocurrido entre nosotros, por ejemplo, con el leasing habitacional que es un contrato de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, figura nueva creada con la amalgama de dichos contratos.

Los actos innominados, conforme al principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de las convenciones, tienen pleno valor, siempre, naturalmente, que se ajusten a las normas generales que regulan los actos y declaraciones de voluntad, al orden público y a las buenas costumbres.
Publicación Previa
Publicación Siguiente
Publicaciones Relacionadas