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Acción y Pretensión

1. CONCEPTO DE ACCION Y PRETENSION


Los tres conceptos básicos en el Derecho Procesal son los de acción, jurisdicción y proceso.

En un sentido estrictamente jurídico procesal la palabra acción se ha entendido en cuatro sentidos principales:

1. Como sinónimo de derecho subjetivo: suele decirse que la acción es el derecho subjetivo deducido en juicio.

En este sentido la acción es un mecanismo tutelar del derecho subjetivo. Se dice, por lo tanto, que la acción es el derecho en ejercicio, el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe.

Este concepto está mirado desde un punto de vista del derecho civil, no así del campo del Derecho Procesal, porque sí les diéramos la razón a los civilistas y así la consideráramos, no sería concebible que deducida una acción el actor no obtuviera en el juicio. Obtener en un juicio es ganar, ganancioso, por ende, es el que gana y perdidoso, el que pierde.

2. Como sinónimo de demanda: la demanda es el acto procesal a través del cual se ejercita la acción y se expresa la pretensión que el demandante formula.

Es erróneo, entonces, considerar estos términos como sinónimos puesto que ambos conceptos son distintos.

3. Como sinónimo de pretensión: la pretensión consiste en la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto el que, invocándolo, solicita que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.
Acción y pretensión son distintas y la relación que existe entre ellas es la de continente y de contenido, siendo el continente la acción y el contenido la pretensión.

4. Acción como acto provocatorio de la actividad jurisdiccional del Estado:

Este es el significado técnico procesal, auténtico de la acción.

Para Eduardo Couture la acción es el poder o la facultad de provocar la actividad Jurisdiccional del Estado.

De esta manera a través de la acción se consigue que el Estado se ponga en movimiento con su actividad jurisdiccional, pero para que ello ocurra debe conjuntamente con ejercitarse la acción plantear una pretensión, y ambas (acción y pretensión) se hacen a través del acto jurídico procesal denominado demanda.

Dentro de la evolución del concepto de acción, el jurista uruguayo Eduardo Couture, presenta la acción como una manifestación del derecho constitucional de petición.

Según Couture, la expresión típica del derecho de petición que se le formula al Poder Judicial estriba, precisamente, en el ejercicio de la acción.

Este derecho de petición es posible encontrarlo en relación a los tres poderes del Estado, pues cabe formular peticiones al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial.

Este derecho de petición, en cuanto derecho, puede considerarse contenido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, encontrándose, además, inserto en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la misma que importa un mandato al legislador para proporcionar igual protección a todas las personas en el ejercicio de sus derechos.

2. NATURALEZA JURIDICA DE LA ACCION


Carnelutti manifiesta que la acción es un derecho subjetivo, procesal y público que se dirige contra el Estado y que persigue la justa composición del litigio. Concibe la acción, por ende, no como un derecho al juicio favorable, sino simplemente, como un derecho al juicio.

Eduardo Couture, por su parte, asimila la acción al derecho constitucional de petición. De modo que para él la acción no es más que este derecho de petición dirigido a un tribunal de justicia.

El Código de Procedimiento Civil no contiene ninguna definición de lo que debe entenderse por acción. Sin embargo, y considerando la época en que se dictó, se deduce que los redactores del Código tuvieron en mente la concepción civilista o clásica, esto es, la teoría monista, teoría que proviene de la escuela clásica de Savigny.

En todo su articulado puede deducirse que los redactores del Código de Procedimiento Civil tuvieron presente la concepción de la acción como un elemento del derecho sustancial, vale decir, participaron de la doctrina clásica de la acción.

Así, en diversos artículos del Código de Procedimiento Civil se puede observar que ese fue el sentido que le asignó la comisión redactora del Código: Artículos 17, 19, 21, 271 y 290.

El artículo 290 se refiere claramente a la teoría monista pues habla de asegurar la acción.
En estos artículos se considera a la acción como sinónimo del derecho subjetivo; como un elemento del derecho sustancial.

No obstante lo anterior, los autores acogen la acepción del vocablo acción como un derecho autónomo, independiente del derecho sustancial y lo consideran como un acto provocatorio de la actividad jurisdiccional. A la misma interpretación ha arribado la jurisprudencia.

Elementos de la acción


1. Existencia de un sujeto activo, carácter que inviste todo sujeto de derecho sea persona natural o jurídica;

2. Existencia de un sujeto pasivo, constituido por el Estado, porque la acción se dirige contra el Estado a través de los tribunales de justicia para que se ponga en movimiento su actividad jurisdiccional;

3. Existencia de un objeto, constituido por la finalidad de la acción que provoca la actividad jurisdiccional del Estado; y

4. Existencia de una causa, que radica en la existencia de un conflicto jurídico de intereses no resuelto.

3. ACCION Y PRETENSION


Lo que nace de la violación del derecho es una pretensión contra su autor. Reconoce que el derecho, cuando se manifiesta en un juicio, adquiere un carácter acentuadamente procesal y sobre todo personal. A ese derecho, se le llama pretensión.

Y, esa pretensión, no es el derecho subjetivo, porque en la pretensión basta la afirmación, la creencia de tener un derecho, aun cuando realmente no se tenga.

Es suficiente para accionar con pretender haber sufrido la lesión de un derecho subjetivo, no es necesario que esa lesión se haya producido efectivamente. Si se ha producido o no, es una incógnita o duda que va a dilucidar el juez en su sentencia.

Por ende, puede perfectamente accionarse aun cuando no haya un derecho subjetivo, sino que, basta simplemente con la pretensión de tenerlo.

La acción es el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado para interponer pretensiones o para oponerse a ellas. La pretensión es, entonces, el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial, y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto entre esa persona y el autor de la reclamación. La pretensión es el objeto del proceso.

Eduardo Couture también distingue entre acción y pretensión y según él pueden promover sus acciones aún aquellos que erróneamente se consideran revestidos de razón sin importar si su pretensión es fundada o infundada. De allí que, según Couture, el ejercicio de la acción como acto provocatorio de la jurisdicción corresponde tanto al litigante sincero como al insincero.


ELEMENTOS DE LA PRETENSION


Los elementos de la pretensión son:

1. Existencia de un sujeto activo: constituido por el actor o demandante;

2. Existencia de un sujeto pasivo: equivale al demandado. La acción se dirige contra el Estado para que ponga en movimiento su actividad jurisdiccional. La pretensión se dirige contra el demandado;

3. Existencia de un objeto: es el beneficio jurídico que el demandante pretende obtener. En este tercer elemento es preciso destacar dos aspectos:

a) El primero, referido al objeto, que es el derecho cuyo reconocimiento se pide; y
b) Este objeto no debe confundirse con la cosa pedida, es decir, con la materialidad física del objeto que se reclama.

4. Existencia de una causa: la existencia de una causa es el hecho o acto jurídico que sirve de fundamento a la pretensión, o como lo señala el artículo 177, en su inciso final, es el fundamento inmediato del derecho deducido enjuicio. La causa de pedir es el por qué se pide.

Según don Alberto Echevarría, la causa es el hecho jurídico que sirve de antecedente inmediato a la protección judicial que se solicita. Así:

La causa de pedir en los derechos personales es el hecho jurídico que engendra la obligación, esto es, la causa será el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito o la ley.

En los derechos reales la causa de pedir también es el hecho jurídico que los engendra, o sea el modo de adquirir del cual nacen los derechos reales. Será causa de pedir, la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción y la ley.

4. CLASIFICACIONES DE LA ACCION


Si se acepta la teoría de la acción como un derecho autónomo provocatorio de la actividad jurisdiccional, hay que concluir que no es dable hablar de clasificaciones de la acción. La acción es siempre la misma por lo que no se puede clasificar lo invariable.

Se habla de clasificaciones de las acciones no para referirse a la naturaleza jurídica de ellas, ya que siempre es la misma, sino que considerando otros aspectos, como por ejemplo, el objeto de la acción, que no siempre es el mismo o el derecho cuya protección se solicita.

En consecuencia, como expresa Alsina, estas clasificaciones se hacen porque así se facilita el estudio de la acción y permiten aclarar ciertos conceptos.

Las clasificaciones más importantes son:

I. Atendiendo al objeto o finalidad de la acción: se atiende a lo que se pide por el actor.

1. Acciones de condena: son aquellas por las cuales el actor pide que se condene al demandado a una determinada prestación. Por ejemplo, pagar el precio

2. Acciones declarativas: son aquellas cuya finalidad es obtener la simple declaración de un derecho o de una situación jurídica discutida. Por ejemplo, obtener una declaración de nulidad de un contrato.

3. Acciones constitutivas: persiguen que, mediante una sentencia, se constituyan estados jurídicos nuevos modificando un estado jurídico existente, tal como la acción de divorcio.

4. Acciones ejecutivas: aquellas que tienden a obtener el cumplimiento forzado de una obligación que consta en un título ejecutivo o que lleva aparejada ejecución.

5. Acciones precautorias o cautelares: tienen por finalidad garantizar la efectividad del derecho sustancial, como la prohibición de celebrar actos y contratos.

II. Atendiendo al procedimiento que se ha establecido para su ejercicio: acciones ordinarias, sumarias, ejecutivas y cautelares.

1. Acciones ordinarias: son aquellas que se ventilan conforme al procedimiento establecido para el juicio ordinario. Todas las demás acciones reciben el nombre genérico de acciones especiales, en virtud de que tienen señalado un procedimiento especial.

2. Acciones sumarias: son aquellas que proceden cuando la ley dispone, expresamente, que se aplique el procedimiento sumario o que se tramite la acción en un procedimiento breve y sumario.

3. Acciones ejecutivas: son aquellas cuyo ejercicio está sometido a un procedimiento de apremio y de medidas compulsivas.

4. Acciones cautelares: son acciones cautelares las que tienen señalado un procedimiento accesorio cuya finalidad es conseguir una providencia judicial destinada a asegurar el resultado de la acción principal.

III. Considerando la naturaleza del derecho al cual sirven de garantía: las acciones pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales.

1. Acciones patrimoniales: pueden ser reales o personales.

A. Acciones reales: las que sirven de garantía a los derechos reales. Del derecho real, nace la acción real, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de algún derecho real.

B. Acciones personales: las que sirven de garantía a un derecho personal.

2. Acciones extrapatrimoniales o de familia: son aquellas que no tienen un contenido pecuniario, sino que, de índole familiar.

IV. Según sea la naturaleza del bien al que acceden: acciones muebles e inmuebles.

1. Acciones muebles: son muebles cuando las cosas en que han de ejercerse o que se deben son muebles.

2. Acciones inmuebles: aquellas en que las cosas sobre que han de ejercerse o que se deben son inmuebles.

V. Acciones principales y accesorias: según si tienen vida propia o no.

1. Acción principal: aquella que subsiste por si sola.

2. Acción accesoria: aquella que necesita de otra para poder subsistir. Por ejemplo, la acción hipotecaria.

VI. Atendiendo a la materia sobre la cual versa: acciones civiles y acciones penales. Ahora bien, conviene tener presente los siguientes alcances:

1. Una acción puede participar de diversas características y puede incluirse no sólo en una clasificación sino que en varias.

2. Según algunos autores, la importancia de determinar la naturaleza de la acción, radica en que la ley distribuye la competencia de los jueces según la naturaleza de la acción.

3. La clasificación importa para la cosa juzgada y, particularmente, para la excepción de cosa juzgada, pues esta se produce, únicamente, cuando del examen de los elementos de la acción se puede concluir que se reúnen los requisitos que la ley señala.

5. EJERCICIO DE LA ACCION. OBLIGATORIEDAD PARA EJERCITAR LA ACCION


La acción es un derecho potestativo cuyo ejercicio depende exclusivamente de la voluntad de su titular. Puede deducirse una acción en el momento que se crea más oportuno.

Suele decirse que lo dicho es la regla general pues nadie puede ser obligado a ejercitar una acción pero que hay excepciones en que sería obligatorio accionar.

En lo personal, discrepamos absolutamente de tal afirmación pues, siempre, entablar una acción es facultativo pues, no hay poder alguno, que pueda obligar a hacerlo.

Lo que sucede, es que existen situaciones en que accionar constituye una carga procesal pues, de no hacerlo, se producen determinadas consecuencias. Es una carga, entonces, más no una obligación.

Los casos en que una persona tiene la carga procesal de ejercer una acción en un momento dado, so pena de sufrir las consecuencias que señala la ley, son:

A. El caso previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil;
B. El caso de la jactancia (artículo 269 C. P. C.);
C. El caso de las medidas prejudiciales precautorias; y
D. La reserva de derechos en el juicio ejecutivo. (Art. 474 C. P. C.)

A. Situación del art. 21 del C. P. C.


Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, los demandados pueden pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan ocurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella.
Esas personas que han sido notificadas pueden adoptar alguna de las siguientes actitudes:

a) Se adhieren a la demanda: pasan a ser demandantes y deben designar un procurador común;

b) Declaran su resolución de no adherirse: caduca su derecho; y

c) Si nada dicen dentro del término legal: les afecta el resultado del proceso, sin nueva citación, pero, pueden comparecer en cualquier estado del juicio respetando todo lo obrado con anterioridad.

En consecuencia, ante el evento de producirse alguna de tales situaciones, una o varias personas tienen la carga procesal de adoptar una decisión, una de las cuales sería adherirse a la demanda pues, en caso contrario, se produciría la situación referida en la letra c) precedente.

Como es fácil advertir, a pesar de las consecuencias legales, lisa y llanamente, el requerido nada puede decir dentro del término legal, sin recibir sanción alguna, sino que, será afectado por el resultado del proceso. No es, por ende, una obligación.


B. Caso de la jactancia (Art. 269 C. P. C.)


Hay jactancia cuando una persona manifiesta corresponderle un derecho del cual no está gozando.
En este caso, a la víctima del jactancioso la ley le concede ciertas facultades, como son, las de demandar de jactancia a la persona que se dice titular de ese derecho.

Se le pide al tribunal que le fije un plazo de diez días para que deduzca su demanda bajo apercibimiento de que, si no lo hace, no será oída después respecto de su derecho.

Tampoco es excepción pues, a pesar del apercibimiento, lisa y llanamente, puede decidirse no demandar. Las consecuencias, serán que no será oída después respecto de su derecho.

No existe obligación tampoco, sino que, se producirá la consecuencia anotada.

C. El caso de las medidas prejudiciales precautorias


La persona a la cual se le ha concedido una medida prejudicial precautoria debe presentar su demanda en el término de 10 días y pedir que se mantengan las medidas decretadas, plazo que puede ampliarse hasta treinta días por motivos fundados. (Art. 280 C. P. C.)

Si no se deduce demanda oportunamente, queda responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento.

No es obligación tampoco. Si se estima, no se demanda y el efecto es sufrir las consecuencias anotadas. Pero, no se demandará.


D. La reserva de derechos en el juicio ejecutivo (Art. 474 C. P. C.)


Hay casos en que tanto el ejecutante como el ejecutado, en el juicio ejecutivo, efectúan reserva de derechos para ejercerlos, posteriormente, enjuicio ordinario.

Ahora bien, para demandar en juicio ordinario existe un plazo y, si no se demanda, ello acarrea consecuencias jurídicas.

Pero, si así se estima, igualmente no se demandará.

En consecuencia, en todos estos casos lo que sucede es que una persona se ve constreñida a accionar en un plazo determinado, pero, si no lo desea, no demandará sufriendo, eso sí, las consecuencias que señala la ley.


6. DEMANDA


La demanda es el acto procesal en virtud del cual el actor ejercita la acción sometiendo al conocimiento del tribunal su pretensión para que se le reconozca algún derecho que le ha sido desconocido o menoscabado.

A. Requisitos de la demanda


La demanda debe cumplir con los requisitos generales de todo escrito y, asimismo, con requisitos especiales y que, por ende, son propios de la misma.

B. Requisitos Generales


1. Debe encabezarse con una suma que indica su contenido. (Art. 30 C. P. C.)
2. Deben acompañarse tantas copias cuantas sean las partes a quienes se debe notificar. (Art. 31)

En la práctica, tales copias, o se entregan al receptor que notificará la demanda, o éste las saca por su cuenta para poder efectuar la notificación.

3. Debe designarse un abogado patrocinante y un mandatario o procurador judicial. (Ley 18.120)
4. Debe ir firmada por la parte que ejercita su acción, y por su abogado patrocinante y mandatario judicial.

C. Requisitos Especiales


La demanda debe contener:

1°. La designación del tribunal ante quien se entabla;
2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;
3°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
4°. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y
5°. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. (Art. 254 C. P. C.)

7. PRETENSIONES MULTIPLES


Lo normal es que una persona sea el titular de una acción, pero, es posible que se presenten situaciones en que exista una pluralidad de acciones.

A esta pluralidad de acciones se refiere el artículo 17 del C. P. C. cuando dispone que en "un mismo juicio podrán entablarse dos o más acciones con tal que no sean incompatibles".

"Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra".

En virtud del principio de la economía procesal, entonces, la ley permite la pluralidad de acciones, esto es, permite que se deduzcan conjuntamente varias acciones.

Hay que reiterar que, en realidad, este artículo se refiere a la pluralidad de pretensiones más que a la de acciones, por cuanto la acción es una sola.


Casos en que se pueden deducir varias acciones (pretensiones)


1°. Acciones compatibles: cuando todas las acciones sean compatibles entre sí, y además estén sujetas a un mismo procedimiento, y sean todas ellas de la competencia de un mismo tribunal, pueden deducirse conjuntamente en un mismo escrito. Por ejemplo, puede solicitarse el cumplimiento de un contrato y además ejercitar la acción de indemnización de perjuicios.

2°. Acciones incompatibles: también es factible que puedan deducirse varias acciones en un mismo escrito, aun cuando sean incompatibles, pero, para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra.
Por ejemplo, se solicita el cumplimiento de un contrato y, en subsidio, puede pedirse la nulidad de ese contrato.

Cuando se propone esta pluralidad de acciones incompatibles, el tribunal debe pronunciarse, primero, sobre las acciones principales, y sólo en el caso de no aceptarlas, se pronuncia sobre las acciones subsidiarias en el mismo orden en que ellas han sido formuladas.

8. RECONVENCION


Es la contrademanda que deduce el demandado en él escrito en que contesta la demanda entablada en su contra.

A. Oportunidad para reconvenir: en el escrito de contestación, sujetándose a los requisitos de la demanda, considerándose, para este efecto, como demandada la parte contra quien se deduzca la reconvención, es decir, al demandante original. (Art. 314 C. P. C.)

B. Requisitos

a) Que el tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda;
b) Que se encuentre sometida al mismo procedimiento que la demanda principal; y
c) Que los procesos se encuentren en primera instancia.
Para estimar la competencia, se considerará el monto de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de la demanda. (Art. 315 C. P. C.)

C. Tramitación

La reconvención se tramita y falla conjuntamente con la demanda principal. (Art. 316 C. P. C.)

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