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Derecho Civil

I. DERECHO CIVIL EN GENERAL.


1. Generalidades.


Civil es palabra que deriva del latín civilis, de civis: ciudadano. En consecuencia, etimológicamente, derecho civil quiere decir derecho concerniente al ciudadano; traducido en el lenguaje jurídico más exacto de hoy significa el derecho propio de los nacionales de un país o Estado.

2. Definición de Derecho Civil.


Hoy el derecho civil puede definirse sintéticamente como el derecho privado común y general; en forma descriptiva, como el conjunto de normas sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia.

3. Contenido del Derecho Civil.


El contenido del derecho civil moderno lo forman las normas sobre las instituciones fundamentales del derecho privado que se refieren a todas las personas, sin distinción de su condición social, profesión, etc. Estas instituciones son la personalidad, la familia y el patrimonio.

1) Las normas sobre la personalidad miran a la persona en sí misma, con prescindencia de sus relaciones familiares o patrimoniales con los demás. Disciplinan la existencia, individualización y capacidad de las personas físicas y morales o jurídicas.

2) Las normas sobre la familia rigen la organización de ésta y, dentro de ella definen el estado de cada uno de sus miembros: cónyuge, hijos matrimoniales y no matrimoniales, etc.

3) Las normas sobre el patrimonio, es decir, sobre el conjunto de derechos y obligaciones valuables en dinero, regulan los derechos siguientes:

a) Los derechos reales y los derechos sobre bienes inmateriales (obras literarias, marcas de fábrica, etc.). Algunos autores comprenden ambas clases de derechos bajo el nombre común de derechos de exclusión, porque ellos excluyen del goce de las cosas corporales o incorporales a toda otra persona que no sea el titular de los derechos que sobre ellas recaen.

b) Los derechos de obligación, en virtud de los cuales una persona (acreedor) está facultada para exigir de otra (deudor) una prestación en interés de la primera. Tradúcese la prestación en una acción positiva (dar, hacer) o en una abstención (no hacer). Hay, pues, obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.

c) Los derechos de sucesión por causa de muerte, que regulan la transmisión de los bienes o patrimonio de una persona por causa de la muerte de ella.

4. Ubicación del Derecho Civil dentro de las ramas del Derecho


El Derecho Civil se ubica dentro de las ramas del derecho privado. Es el derecho privado general y común.

• Es general porque gobierna las relaciones jurídicas ordinarias más generales del ser humano en cuanto tal, con prescindencia de cualquiera otra circunstancia (nacionalidad, profesión, etc.)

• Es también común el derecho civil, porque todas las relaciones jurídicas privadas de los hombres que no están disciplinadas por otra rama especial o autónoma del derecho, son regidas por el derecho civil, y es común, asimismo, porque sus principios o normas generales suplen los vacíos o lagunas de las ramas especiales del derecho privado. Estas últimas con respecto al derecho civil son especiales porque, en su ámbito respectivo, derogan o modifican las normas civilistas. Pero cuando un derecho especial carece de regulación propia sobre una materia o situación, mantiene su imperio general el derecho civil.

Así, por ejemplo, el Código especial llamado Código de Comercio declara que cuando sus preceptos no resuelven especialmente un caso se apliquen las disposiciones del Código Civil (art. 2°).

5. Importancia del Derecho Civil


La importancia del Derecho Civil radica, en:

1) Su vasto contenido, porque a pesar de los desmembramientos sufridos continúa siendo la disciplina mayor, pues abarca todas las relaciones jurídicas no comprendidas en los ordenamientos especiales.

2) Generalidad de su aplicación; sus normas suplen los vacíos de los derechos especiales. Este carácter supletorio erige al Derecho Civil en un elemento de unidad y cohesión de todas las ramas del derecho privado.

3) Técnica de sus principios, afinada durante siglos; ella informa o sirve de pauta a la de los derechos especiales.

4) Sus teorías fundamentales, sobre las personas, los bienes, los hechos y actos jurídicos en general, proporciona a los derechos especiales, los cuales adoptan esas teorías con o sin modificaciones.

II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CÓDIGO CIVIL.


El Código Civil chileno comprende:

- Un título preliminar
- Cuatro libros, seguidos del
- "Título final".
- Cada libro se divide en títulos y muchos de estos en párrafos.
- Por último, el Código se distribuye en artículos desde el 1° al 2524, más el artículo final.

El "Título preliminar" trata:

- Todo lo relativo a la ley (concepto, promulgación, obligatoriedad, efectos en el tiempo y en el espacio, su derogación e interpretación)

- Da la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes: "Consigna nociones y definiciones que se refieren igualmente a todas las ramas del Derecho. Se las ha colocado en este Código por ser el más general y porque fue el primero que se dictó entre nosotros".

- También, en los arts. 14 a 18 contiene normas fundamentales de Derecho Internacional Privado.

El libro I se titula "De las personas". Habla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio; del principio y fin de su existencia; del matrimonio; de las diferentes categorías de hijos; de las pruebas del estado civil; de la emancipación, de las tutelas y curatelas; de las personas jurídicas, etc.

El libro II se titula "De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce". Ocúpase de las variadas clases de bienes, del dominio o propiedad, de los diversos modos de adquirir ésta, de la posesión de los bienes, de las limitaciones del dominio (propiedad fiduciaria, derecho de usufructo, derechos de uso y habitación, las servidumbres prediales), la reivindicación, y de las acciones posesorias.

El libro III se denomina "De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos". Trata de la sucesión intestada, o sea, señala quienes heredan los bienes del difunto cuando éste no ha hecho testamento, de los testamentos, de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas, de los ejecutores testamentarios, de la partición o reparto de los bienes del difunto, del pago de las deudas hereditarias y testamentarias, de las donaciones entre vivos.

El libro IV, titulado "De las obligaciones en general y de los contratos", habla de las diferentes clases de obligaciones; del efecto de ellas; de los modos de extinguirlas (pago efectivo, novación, remisión, etc); de su prueba; de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, de la separación de bienes y del régimen de participación en los gananciales; de las diversas clases de contratos (compraventa, arrendamiento, sociedad, etc.), de su interpretación; de los cuasicontratos; de los delitos y cuasidelitos civiles; de la fianza; de la prenda; de la hipoteca; de la anticresis; de la transacción; de la prelación de créditos, y de la prescripción.

El título final consta de un solo artículo que se refiere a la observancia del Código.

III. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL CÓDIGO CIVIL.


Los principios generales del Derecho Civil; son ideas inspiradoras relevantes que explican el fundamento de la generalidad del las normas del Derecho Privado y permiten una adecuada armonía y vinculación entre ellas.

Sin bien muchos de estos principios no están expresamente textualizados en alguna disposición normativa especifica, igualmente se presentan inversos en muchas de ellas, desprendiéndose de ciertas deducciones lógicas.

No es fácil dar una enumeración acabada de estos, por lo cual no limitaremos a señalar algunos de ellos, los que a nuestro parecer tienen una especial importancia.

Los principios fundamentales que inspiran el Código Civil chileno son:

1) La propiedad privada y la libre circulación de la riqueza.


Fruto de las ideas postuladas en la Revolución Francesa y recepcionadas por el código napoleónico. Se concibe a la propiedad privada libre de gravámenes, permitiendo una libre circulación de la riqueza. En nuestro Código Civil el derecho de propiedad constituye uno de los pivotes de la estructura social, dedicando gran parte del Código a su regulación, teniendo como punto de partida el libro II, que trata precisamente de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce. El Derecho Civil promueve un flujo de bienes mediante un tráfico jurídico libre y sin trabas, lo que se traduce en el principio de la libre circulación de la riqueza.

Mientras a más manos acceda, mayor es la riqueza que proporciona y por ende mayor el beneficio social que la propiedad tiene de por sí.

Recogen estos principios los siguientes artículos del Código Civil.:

- El art. 582: al definir el dominio o propiedad;
- El art. 745: al prohibir los fideicomisos sucesivos;
- El art. 769: al prohibir los usufructos sucesivos o alternativos;
- El art. 1126, que en principio, establece la ineficacia de la prohibición de enajenar, impuesta al legatario, a menos que comprometa derechos de terceros;
- El art. 1317: al establecer que siempre podrá pedirse la partición de la comunidad;
- El art. 1964, en el arrendamiento, que faculta al arrendador para enajenar el bien arrendado, incluso habiendo estipulado con el arrendatario prohibición de hacerlo;
- El art. 2031, que faculta al dueño de la finca gravada con un censo, para enajenarla;
- El art. 2415, que deja en claro que el dueño de la finca hipotecada, siempre podrá volver a hipotecarla o derechamente enajenarla, aún habiendo obligado a no hacerlo.

Otras manifestaciones del principio de la propiedad privada es la protección de ésta, la cual puede ser;

a. Protección Directa:

i. Acciones que eliminan perturbaciones ya consumadas: Acción reivindicatoria.
ii. Acciones que previenen un daño: Acciones o interdictos posesorios de denuncia de obra nueva y obra ruinosa. Acciones de demarcación y cerramiento.

b. Protección Indirecta:

i. Acciones posesorias.
ii. Acción publiciana.
iii. Tercería de posesión.

c. Acciones personales:

i. Ejemplo: Acción de restitución en el comodato o en el arrendamiento (derivada de la obligación personal que emana del contrato).

2) Protección a la buena fe: (y consecuencialmente el castigo de la mala fe).


Este principio se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones, sin estar expresado en una fórmula general. Juega un rol fundamental respecto de todos los actos jurídicos, ya que, la buena fe rige todas las etapas del acto, desde la formación del concurso real de voluntades hasta su ejecución.

Cierto es que se ha puesto el énfasis en el cumplimiento de los contratos fundado en el art. 1546. Sin embargo, ello no excluye la manifestación de la buena fe en otras etapas del acto jurídico, anterior, coetáneo y posterior a él.

La buena fe conlleva una idea querer obrar con rectitud. Bajo la denominación de buena fe, distinguimos dos situaciones:

• En sentido objetivo la buena fe es el correcto comportamiento en las relaciones con otros sujetos (actuar de buena fe). La norma general de la buena fe como conducta se encuentra en el art. 1546 al establecer "Los contratos deben ejecutarse de buena fe".

• En sentido subjetivo es la creencia sincera o firme persuasión de conocer una situación jurídica, estando basada tal creencia o persuasión en un error de hecho (estar de buena fe). En homenaje a la convicción sincera el legislador protege al que en tales condiciones ha incurrido en error; lo protege contra las consecuencias del acto en que se ha obrado con dicho conocimiento erróneo.

Ejemplo:


- art. 706 que define la buena fe en materia posesoria como "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio";

- Otro ejemplo es el del matrimonio putativo, es decir, el matrimonio nulo que produce los mismos efectos civiles del válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, supuesto, sí, que el acto se hubiere celebrado ante oficial del Registro Civil (art. 122).

La buena fe en el Derecho civil se presume, el Código parte del concepto de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Por eso el art. 707 del Código Civil establece al respecto un principio general: "La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros la mala fe deberá probarse".

La presunción consagrada en la disposición citada, es de carácter simplemente legal (recordemos son aquellas que sí aceptan prueba en contrario, debiendo probarse en todos los casos la mala fe).

Las presunciones de mala fe son escasas; así en materia posesoria, el inciso final del art. 706 establece; "el error en materia de derecho no constituye prueba en contrario". Otras presunciones de mala fe las encontramos; art.94 N° 6° respecto del que ha sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, y el art. 1468 que dispone: "No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas".

3) Reconocimiento de la Autonomía de la Voluntad:


Este principio descansa en que las personas en el ámbito del derecho privado gozan de la libertad para crear sus propios actos jurídicos, según la conveniencia de sus propios intereses, siempre que no vayan contra la ley, el orden público, y las buenas costumbres. El autor del acto jurídico o las partes de la convención podrán en consecuencia dar el contenido negocial que deseen a sus actos jurídicos, modificar las normas establecidas para determinados actos o contratos, o contratar incluso sobre materias no contenidas en el Código Civil. Por eso se suele señalar que la voluntad es la fuente y medida de los derechos y obligaciones de los actos jurídicos.

Tal principio permite que los individuas al actuar ante el derecho civil tengan la facultad de auto determinarse, pero es dable señalar, que no operara de manera uniforme en todas sus materias. Ya que la autodeterminación se plasma en el Derecho Civil Patrimonial y en el Derecho Civil Extrapatrimonial de distinta manera, ya que éste último rige derechos fundamentales irrenunciables, donde la libertad del individuo se va ver menoscabada para la disposición de ellos, como por ej. el derecho a la vida o el derecho de alimentos.

Se suelen señalar como manifestaciones al principio en cuestión, el art. 1444 CC, establece la facultad de las partes de modificar las cosas de la naturaleza de un contrato o agregarle cosas accidentales por medio de las cláusulas especiales emanadas de su voluntad. Por otra parte, una vez perfeccionado el contrato, el art. 1545 dispone que, "el contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causales legales".

Esta disposición establece toda la fuerza de la declaración de la voluntad. Este acuerdo celebrado entre las partes tiene el carácter de una verdadera ley para ellos. Si bien esta ley no tiene la ejecutoriedad general como la que sí posee el art. 1° del CC, tiene completa validez en el ámbito de sus relaciones reciprocas. Tal es el alcance que se le ha dado a la ley del contrato, que si se infringe o desconoce este por parte del juez, es aceptado de modo uniforme por nuestra Corte Suprema la procedencia del recurso de casación en el fondo.

Se ha sostenido que la autonomía de la voluntad en el Derecho Civil se esta desvaneciendo, que cada día más existe tendencia del derecho privado a transformarse en público, la cantidad de normas que imponen regulaciones de carácter irrenunciable y no supletorio a la esfera privada. Pero estas regulaciones vinculantes contenidas en la ley pública no afectan el carácter de privado de la normas de nuestro Código Civil, sino sólo establecen limitaciones por diferentes razones a las personas que al momento de realizar sus actos jurídicos, deben respetar so pena de ineficacia de los mismos. La autonomía de la libertad siempre ha tenido límites, precisamente porque el derecho es un freno a la libertad individual en garantía de la libertad de todos.

Tales limitaciones son:


i. La Ley, ésta limitación se presenta en dos aspectos:

• Un acto voluntario no puede transgredir la ley.
• Dicho acto no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables. Hacemos referencia al art. 12, ya que la prohibición de renuncia fuera de no respetarla constituirá una infracción legal dentro del contexto que hemos analizado sobre tal precepto.

ii. La protección del orden público y a las buenas costumbres:

El legislador nunca a dado un concepto de orden publico, se a definido como "la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad". Nuestro Código Civil se refiere a él en cinco de sus disposiciones en los arts. 548 y, 880, 1461, 1467 y 1475.

Con relación a las buenas costumbres el Código Civil se refiere a ellas en los arts. 548, 1461, 1467, 1475 y 1717. Corresponde a aquellos usos uniformes que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social. No se trata de usos cuya contravención esté penada por la ley, porque entonces nos encontraríamos en presencia de una infracción legal. Es un concepto difícil de precisar y que cambia de una sociedad a otra o dentro de la misma por el transcurso del tiempo.

iii. La protección de los derechos legítimos de terceros:

La autonomía de la voluntad tiene una clara y amplia limitación en cuanto no puede atentar contra los derechos legítimos de los terceros. Un claro ejemplo de ello, lo encontramos en el art. 582, que al definir el dominio.

4) Reparación del enriquecimiento sin causa:


En términos generales es aquel el enriquecimiento que se produce en el patrimonio de una persona, en desmedro de otro, sin una causa legítima que lo justifique. El derecho no sanciona que una persona se enriquezca sino lo que el derecho busca reparar que una persona se empobrezca sin motivos o por motivos injustos.

Tendrá causa legítima, por ejemplo, en la venta, donación, una asignación por causa de muerte, etc. Pero puede acontecer que el enriquecimiento sea ilegítimo, que carezca de causa justificada, como ocurre cuando se paga lo que en realidad no se debe. En tal caso, se produce enriquecimiento sin causa. Para reparar esta injusta lesión, análoga a la ocasionada por un delito o cuasidelito, la ley proporciona a la víctima una acción para obtener la reparación contra el injustamente enriquecido. Esta acción se denomina de in rem verso.

La doctrina ha enunciado en términos generales los requisitos que hacen procedente la acción in rem verso, tales son;

1) Que una persona se haya enriquecido.

El enriquecimiento puede ser material y también intelectual o moral. De igual forma, el enriquecimiento podrá consistir no solamente en la obtención de una ganancia, sino también en la economía de un desembolso. Ejemplo; Pepito le enseña a Juanito una ciencia, y este último se enriquece intelectualmente con lo conocimientos adquiridos, y Pepito sufre un gran degaste físico y a demás pierde muchas horas de su valioso tiempo enseñándole a su pupilo.

2) Que correlativamente, otra persona se haya empobrecido.

No siempre se requiere acreditar una pérdida o empobrecimiento material, una efectiva disminución patrimonial. También experimentará un empobrecimiento el que prestó un servicio o efectuó un trabajo que no fue remunerado. Ejemplo; continuando con el anterior, Pepito dejo de hacer muchas clases a otros alumnos por enseñarle a Juanito, y también utilizó valiosos instrumentos para que éste aprendiera tal ciencia.

3) Que el enriquecimiento sea injusto, ilegítimo o sin causa.

El enriquecimiento debe carecer de un título que lo justifique, como la venta, la asignación hereditaria. Como lo normal es que el enriquecimiento tenga una causa justificada, deberá probarse su ausencia por quien deduce la acción in rem verso. Ejemplo entre Pepito y Juanito nunca se consintió ningún acto jurídico, pero siempre se supo que Pepito no realizaba su trabajo por caridad o mera liberalidad.

4) Que la víctima no tenga otro medio que la acción in rem verso para obtener la reparación. Pepito carece de acción ya sea emana de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, entro otros.

De lo expuesto se establece que esta acción es de carácter subsidiario. Sólo puede interponerse cuando la víctima carece de otro medio para obtener que se repare el perjuicio.

En cuanto a los efectos de la acción, la finalidad que persigue es la obtención del reembolso de aquello en que el demandado se ha enriquecido. Con todo, puede suceder que el enriquecimiento sea mayor que el empobrecimiento sufrido por el demandante. En tal caso, el reembolso no podrá exceder del monto del empobrecimiento, correspondiendo la diferencia al demandado.

Al igual que los otros principios ya estudiados el Código Civil, no consagra ninguna norma general que establezca como fuente de las obligaciones al enriquecimiento sin causa, sin perjuicio a ello, son variadas las instituciones que se fundan en la necesidad jurídica de repararlo estableciendo una solución. Dentro de ellas destacamos:

1) Las recompensas que se deben por la sociedad conyugal a los cónyuges y por éstos a la sociedad. Se pretende con estas recompensas evitar un enriquecimiento injusto de un cónyuge a expensas del otro. Art. 1725 y siguientes.
2) Las prestaciones mutuas que se deben el reivindicante y el poseedor vencido. Art. 904 y siguientes.
3) Los actos ejecutados por el marido, dan a los acreedores acción sobre los bienes de la mujer, siempre que los actos del primero cedan en utilidad personal de la segunda, y hasta concurrencia del beneficio que se obtenga. Art. 1751 entro otros.
4) Regla del art. 1688, que declarada la nulidad de un contrato, se obliga al incapaz a restituir aquello en que se hubiere hecho más rico.
5) En general, en las normas de la agencia oficiosa y especialmente en las del pago de lo no debido y en la comunidad, es decir en materia de cuasicontrato.

5) Igualdad:


El Derecho Civil clásico resguarda la igualdad de las personas, en forma directa en un doble sentido. Por una parte, consagrando la igualdad entre chilenos y extranjeros en la adquisición y goce de los derechos civiles que regla el código y, por la otra, mediante el establecimiento de incapacidades generales -absolutas o relativas- o de incapacidades especiales o prohibiciones. Así sucede en las guardas, en los actos patrimoniales, en el matrimonio, en la filiación y en el testamento, todas ellas fundadas en el resguardo del interés general o en el estado o calidad de las partes.

Este principio también es una consecuencia de los postulados, en la época en que se redacta el Código recientes, de la Revolución Francesa, entre ellos, el principal: todas las personas nacen iguales, "en dignidad y derechos", como reza nuestra Constitución Política.

Se recepciona el principio en los siguientes arts. del Código:

- en el art. 14.
- En el art. 33, el establecer que la ley considera iguales a todos los hijos;
- En el art. 55, al definirse a las personas naturales;
- En el art. 57, al establecerse la igualdad entre chilenos y
extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles;
- En el art. 75, en cuanto a la protección del que está por nacer;
- En el artículo 982, al establecerse que en la sucesión intestada no se
atiende al sexo ni a la primogenitura;
- En el artículo 997, al establecerse que los extranjeros son llamados de la misma manera que los chilenos, a las sucesiones abintestato abiertas en nuestro país;
- En el art. 2497, al disponer que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra de todas las personas naturales capaces y personas jurídicas de derecho público o de derecho privado;

6) Responsabilidad:


Puede definirse en términos generales como el juicio normativo que permite atribuir efectos patrimoniales en un sujeto cuando ha provocado daño en la persona o patrimonio de otro.

En términos más específicos, puede definirse como la obligación de constituirse en garante del daño causado ya sea por el incumplimiento de una obligación (responsabilidad contractual) o por la ejecución de un hecho (responsabilidad extracontractual).

La ley es un precepto emanado del Estado y lleva aparejada una sanción. La más general de estas sanciones, ya sea porque se infrinja o no se cumpla un precepto legal, ya sea porque se desarrolle una conducta antijurídica, es la responsabilidad.

Esta responsabilidad puede significar:

- una pena cuando se ha cometido un delito,
- o bien, indemnizar un perjuicio o resarcir un daño, como sucede en la responsabilidad civil.
En materia de Derecho Civil, suele distinguirse dos campos de responsabilidad en relación al hecho ilícito generador de la obligación preparatoria o indemnizatoria, entre:

- Responsabilidad Civil Contractual: aquella se genera frente al incumplimiento del contrato por parte de una de las partes, incumplimiento que puede ser total o parcial, y deberse a negligencia, imprudencia, culpa o dolo. Relevantes en este sentido, son por el momento los arts. 1556 y 44. Cuando se genera el incumplimiento unido a otros requisitos legales, el acreedor de la obligación y por lo mismo titular del crédito o derecho personal (art. 578) recordando la definición de obligación como un vínculo jurídico que en este caso nació de la fuente "contrato" tiene una serie de mecanismos para obtener el cumplimiento de la obligación en forma forzosa, ya sea en naturaleza ya sea en equivalencia. Cuando se produce el cumplimiento por equivalencia, estamos frente a la responsabilidad civil contractual, es decir aquella que emanó del incumplimiento de la obligación contractual.

- Responsabilidad Civil Extracontractual: aquella que se configura a través de la comisión de un delito o cuasidelito civiles que los arts. 1437 y 2284 señalan como fuente de las obligaciones. La obligación que de ellos nace es precisamente indemnizar el daño causado. Por provenir de la ejecución de un hecho ilícito, doloso o culpable, no supone la existencia de ningún vínculo jurídico previo, sino solo el deber jurídico de no causar daño a otro. Se encuentra reglamentada en el titulo cuarto de nuestro Código, en los arts. 2314 y siguientes.

7) Otros principios del Derecho privado;


Si bien los principios analizados son los que don Andrés Bello tuvo en presente al momento de redactar el Código Civil, han surgido otros principios que deben tenerse presente, éstos son consecuencia de nuevas leyes complementarias o modificatorias que se han dictado en materia de Derecho Civil y de los Tratados Internacionales ratificados por Chile. Algunos de estos principios son;

a. El interés superior de los hijos, y en particular de los no emancipados.

Este principio se instauró en nuestro Derecho con la ratificación de la Convención Sobre los Derechos del Niño (publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de septiembre de 1990), y en el Código Civil, a consecuencia de la reforma que a sus normas introdujo la Ley número 19.585, de 26 de octubre de 1998. En este sentido, el Código Civil, alude a este interés en diversos artículos, como por ejemplo 147, 201, 222, 225, 229, 234, 236, 242, 244, 245, 254, 255, 321, 1792-21, etc.

Por ello, bien podemos afirmar que hoy, es uno de los principios fundamentales del Código Civil chileno. Cabe advertir que este principio no está circunscrito exclusivamente a los hijos menores de edad, aunque la mayoría de las normas que lo consagran se refieren a ellos.

b. Protección al cónyuge más débil.

Este principio se recoge en diversas materias de la Ley de Matrimonio Civil. El art. 3° de este cuerpo legal, establece "Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil". Así, en el marco de esta ley, opera el principio en materias tales como la necesidad de presentar acuerdos regulatorios, tratándose de la separación de hecho, de la separación judicial, del divorcio, o de la nulidad, así como en lo concerniente a la compensación económica a que tiene derecho el cónyuge más débil, tratándose del divorcio y de la nulidad.

c. El derecho a la identidad y a la dignidad personal.

Se manifiesta fundamentalmente en el derecho a nacer, propiciado por el reconocimiento a la existencia natural y legal, el derecho a conocer su verdadera filiación o investigación de la paternidad o maternidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho al domicilio y el derecho a la capacidad de goce.