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La Ley

1. CONCEPTO DE LEY.


Concepto doctrinario de ley: es una fórmula precisa dictada por órganos soberanos especiales; es un mandato expreso que proviene de la voluntad del legislador, formulado en palabras determinadas y a través de un procedimiento establecido.

La CPR regula la (1) materia, (2) formación y (3) alcance de la ley. El primer límite a este alcance está en las garantías constitucionales.

Definición de Planiol: la ley es una regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA LEY EN CUANTO A SU CONTENIDO.


1) Es una regla social, una norma de conducta exterior.
2) Emana de la autoridad pública.
3) Debe ser cumplida, no es facultativo para los individuos acatarlas o no.
4) Es sancionada por la fuerza.
5) Es general y abstracta.
6) Es permanente, dura desde su promulgación hasta su derogación. Pero no es perpetua: hay leyes temporales y leyes transitorias.
7) Es cierta, no necesita ser acreditada. 

3. DEFINICIÓN DEL CÓDIGO CIVIL.


Críticas:

1. Forma: la redacción parece indicar que la ley manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la CPol, y no por ser voluntad soberana.

2. Fondo: no señala las características específicas de la ley, no señala que debe ajustarse a ciertos principios de justicia natural. Sin embargo, el concepto social de justicia varía de un momento y lugar a otro. Los principios generales de justicia están en la Constitución, y si la ley los infringe, se puede alegar su inconstitucionalidad. No da una idea del objeto de la ley, ni de lo que es en sí misma (Alessandri), esto puede deberse a que la definición de ley de nuestro Código Civil es un concepto político de ley que atiende sobre todo al acto de soberanía, a la legitimidad de su generación y no a su justificación material.


4. CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES.


Atendiendo a la clasificación tripartita del artículo 1 del Código Civil, las leyes pueden ser imperativas, prohibitivas y permisivas.

Crítica: toda ley imperativa es prohibitiva. No se justifica la tercera categoría, porque lo que no está prohibido, está permitido, por el principio de libertad.

a) Imperativas.


Son las que imponen la obligación de hacer algo (por ejemplo, artículos 1826, 378, 1801-2 CC) o el cumplimiento de un requisito (Estas últimas reciben el nombre de leyes "imperativas de requisitos", como sería para parte de la doctrina, los números 3 y 4 del artículo 1464 CC.).

No tienen una sanción genérica determinada. Para determinar su sanción hay que distinguir:

1. Disposiciones de interés general: son aquellas que dicen relación con el orden público y las buenas costumbres. 

Orden público: conjunto de reglas esenciales para el mantenimiento de la sociedad.

Leyes que dicen relación con el orden público:

a) Leyes de derecho público (art 1462 CC).
b) Disposiciones de derecho privado que no pueden renunciarse por los particulares.
c) Disposiciones que no pueden ser alteradas por los particulares. Ej. Derechos y obligaciones de los cónyuges.

Otros autores atienden a la naturaleza del vínculo entre la ley y el interés de la sociedad. Son de orden público:

a) Leyes relacionadas con la organización política.
b) Leyes relacionadas con la organización económica (protección de contratantes en inferioridad de condiciones, propiedad raíz, etc.)
c) Leyes relacionadas con la organización social (familia, estado civil, etc.)
d) Leyes relacionadas con la organización moral (juegos de azar, impedimentos dirimentes, etc.)

Buenas costumbres: normas morales conforme a la cuales se procede en forma concreta por la generalidad de las personas de una sociedad en una época determinada.

La sanción a estas leyes imperativas de interés general es la nulidad absoluta si el acto tiene objeto o causa ilícita, o no cumple un requisito que la ley impone en atención a la naturaleza del acto. Es la nulidad relativa si es un requisito exigido en atención a la calidad de las partes.

Pero la disposición puede señalar una sanción distinta (inoponibilidad, limitación de medios probatorios, etc.)

Para Vodanovic, los requisitos del acto jurídico son de interés particular.

1. Disposiciones de interés particular: la sanción es la responsabilidad como norma general. Y si se trata del incumplimiento de una obligación contractual, puede haber una sanción adicional como la resolución o terminación. Pero la disposición puede establecer una sanción especial. Ej. Inoponibilidad.


b) Prohibitivas.


Contienen el mandato de no hacer algo y no lo permiten en ninguna circunstancia. 2 aspectos:

1. El acto no debe poder realizarse bajo ningún aspecto ni en ninguna circunstancia. Si la ley permite realizar el acto en determinadas condiciones, es imperativa.
2. No es necesario que la ley emplee la expresión "se prohíbe". También se utilizan expresiones tales como "no vale" o "se tendrá por no escrita".

Por regla general, la sanción por la infracción de una ley prohibitiva es la nulidad (Art. 10, 1466 y 1682 CC). Pero hay excepciones, que se dan cuando la propia norma prohibitiva señala una sanción diferente.

c) Permisivas.


Confieren un derecho que queda entregado al arbitrio del titular. La sanción consiste en darle al titular los medios para obtener el reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que acarree su desconocimiento.

Los particulares pueden renunciar los derechos que les confieren las leyes permisivas, siempre que miren al interés individual y no esté prohibida su renuncia (artículo 12).


5. AUTORIDAD DE LA LEY.


La autoridad de la ley se basa en la presunción de su conocimiento. Desde la fecha de su publicación la ley en el Diario Oficial se entiende conocida de todos y es obligatoria (Art. 7° CC) y nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que entró en vigencia (Art. 8° CC).

Pero la presunción del conocimiento de la ley no se ajusta a la realidad. Sólo tiene el alcance lógico de su obligatoriedad. Para Vodanovic, el Art. 8° no es una presunción, sino una ficción, es decir, la suposición de un hecho o situación distinta de la realidad, para lograr consecuencias jurídicas prácticas. Esta ficción se justifica para la obligatoriedad de la ley.

Es distinta la situación del error de derecho y la influencia que puede ejercer en los AJ. En esta materia, el Art. 1452 CC sigue la teoría clásica: el error sobre un punto de derecho no vicia le consentimiento. En ciertos casos, el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario (art. 706 CC). Pero hay casos en que el error de derecho es excusable, partiendo de la base de la buena fe. Ej. Matrimonio putativo.

En consecuencia, la presunción implica que la ignorancia jurídica de una persona no puede ser obstáculo para el cumplimiento de la ley, pero no señala las consecuencias del conocimiento o desconocimiento de las leyes.

Ciertos funcionarios deben necesariamente saber el derecho, su ignorancia es inexcusable. En esto se basa el hecho de que la ley no necesite ser probada: la obligación de su conocimiento por quien debe aplicarla.

Respecto de los particulares, el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento, pero pueden eventualmente estar protegidos si hay error de derecho y están de buena fe.

6. EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO.


La regla general es que las leyes produzcan efecto desde su promulgación y publicación en el diario oficial, hasta su derogación.

1. Vigencia inmediata:


El principio es que la ley inicia su vigencia en la fecha de su publicación. 

En consecuencia la ley rige desde su promulgación y publicación.

La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto, y se efectúa mediante la dictación del decreto promulgatorio por el Presidente.

La publicación tiende a dar a conocer la ley y se realiza mediante la inserción de la ley en el Diario Oficial.

Existen dos excepciones al principio de vigencia inmediata:

a. Vacancia legal: se produce cuando una ley comienza a regir en época posterior a la de su publicación (artículo 7 inciso 3°) Esta situación se puede deber a que la ley establezca un plazo o condición para su propia entrada en vigencia.

Ejemplo de vacancia legal:

- El artículo final del Código Civil es un ejemplo de vacancia legal. El decreto promulgatorio es de 14 de diciembre de 1855 y su artículo final establece: "El presente código comenzará a regir desde el 1 de enero de 1857". Es usual en Chile que las leyes que alteran fundamentalmente normas vigentes, contemplen una vacancia legal.

- En Chile hay, además, un caso de vacancia general: las leyes que modifican impuestos entran en vigencia el primer día del mes siguiente de su publicación (Código Tributario, artículo 3).

La vacancia legal de la ley nueva, produce como efecto reflejo la ultractividad de la ley antigua, puesto que ésta sigue rigiendo en el período entre la publicación de la ley nueva y su entrada en vigencia.

b. Retroactividad de la ley: ocurre cuando la ley señale una fecha de aplicación anterior a su vigencia. 

La vigencia de la ley dura hasta su derogación: supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal, ya sea por su reemplazo o su eliminación. La derogación corresponde al legislador. La única facultad de los particulares es renunciar los derechos que la ley le confiere.

El legislador puede dictar leyes temporales, caso en el que la cesación de su eficacia (derogación de la ley) está predeterminada en la propia ley. Otras causas intrínsecas de cesación de eficacia de la ley es la realización del fin de esa ley (ej. Cuando se realiza la expropiación que la ley expropiatoria ordena) o el desaparecimiento de la institución jurídica que le servía de base (ej. Eliminación de algún régimen matrimonial).

La derogación puede ser:

1. Expresa: la nueva ley dice que deroga la antigua, individualizándola.
2. Tácita: la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la anterior. La incompatibilidad debe ser absoluta, pues quedaeja vigente todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Además, la primacía de la ley especial implica que la ley general posterior no deroga tácitamente la ley especial sobre la misma materia.

Art. 52 CC. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.

Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La derogación de una ley puede ser total o parcial.

Art. 53 CC. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley

3. Orgánica: la nueva ley regula toda la materia reglamentada por una o más leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre disposiciones.

Una vez derogado el precepto legal, no revive sino por acto de legislación. Si se deroga la ley derogatoria, el precepto primitivo no revive.

2. Irretroactividad y retroactividad de la ley:


El principio establecido por el Código Civil es que la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Art. 9 inc. 1 CC.

Ello con la sola excepción de las leyes interpretativas, que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entienden incorporadas en las leyes que interpretan (y tiene efectivamente la fecha de vigencia de éstas), con la reserva de que no pueden afectar en manera alguna los efectos de las
sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio (artículo 9 inc. 2 CC).

En consecuencia, la ley interpretativa es siempre y necesariamente retroactiva, con 2 limitaciones:

a. Limitaciones constitucionales señaladas más adelante (penal y civil).

b. Limitación del Art. 9° inc. 2° CC en cuanto a no afectar sentencias judiciales ejecutoriadas en tiempo intermedio.

Sin embargo, es importante entender que este principio se encuentra establecido en una norma de rango simplemente legal y no constitucional. Por lo tanto, a pesar de lo categórico de sus términos, obliga únicamente al juez y la aplicación que éste haga de la ley y no al legislador, quien podrá dictar normas retroactivas, con los límites que a continuación se señalarán.

Las limitaciones que tiene el legislador en la dictación de normas retroactivas son las siguientes:

1. En materia penal: Art. 19 N° 3 Constitución. Ante todo no pueden ser retroactivas las leyes penales por cuanto está consagrado específicamente por la Constitución el principio de irretroactividad. Así lo expresa el artículo 19 N° 3, cuyo inciso cuarto dispone "nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta" (principio de la existencia previa del tribunal); y en inciso séptimo que establece que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado" (principio de la legalidad de la pena). En definitiva, la ley no puede ser retroactiva cuando es desfavorable al inculpado; la ley favorable es siempre retroactiva.

2. En materia civil: debe respetar las garantías constitucionales, especialmente el derecho de propiedad (Art. 19 N° 24 Constitución). Un derecho garantizado por la Constitución no puede ser dejado sin efecto por una ley posterior sino en los términos autorizados por la propia Constitución. En efecto, la retroactividad de una ley afecta, como se verá, derechos que una persona ya posee, de modo que si ese derecho afectado es establecido por la Constitución, la ley retroactiva será inconstitucional por contraria a la ley fundamental. 

En circunstancias que el principio es la irretroactividad de la ley, en casos de existir retroactividad, esto es, el efecto excepcional de que una ley rija hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, es siempre de derecho estricto y por consiguiente debe ser establecido por el legislador.
Debido a que la retroactividad afecta la seguridad jurídica, debe ser expresa y su interpretación y aplicación deben ser restrictivas. Son normas de derecho estricto, y con éstos criterios deberá ser aplicada por el juez.

La retroactividad es una institución excepcional que afecta la seguridad jurídica. Altera el marco de previsiones que ha determinado nuestro actuar. Por lo tanto, a menos que el legislador lo haya establecido, y atendido el principio de irretroactividad de la ley, los jueces tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes de una manera que no resulte retroactiva.

Sin embargo, la experiencia mostró que formular el principio de irretroactividad era más sencillo que aplicarlo en la práctica en casos de cambio de legislación. Este hecho motivó al legislador, en los primeros años de vigencia del Código a dictar una ley que se encargará de regir estas materias, señalando al juez criterios para la aplicación del principio de irretroactividad.

La aplicación de esta ley, en todo caso, es inusual, pues la generalidad de las leyes que se dictan contienen reglas transitorias sobre su aplicación, que resuelven los conflictos temporales que pudiere desencadenar el cambio de legislación.

TEORÍAS PARA DETERMINAR SI UNA LEY ES RETROACTIVA.


El primer problema que suscita la aplicación del principio de irretroactividad es determinar cuándo una ley es retroactiva. Las principales doctrinas que han sido desarrolladas para definir un criterio son la de los derechos adquiridos y la de las relaciones jurídicas

1. Teoría Clásica o de los derechos adquiridos y las meras expectativas.


Plantea que lo decisivo para definir la retroactividad son los derechos que establecen las leyes, a cuyo respecto las personas se pueden encontrar en dos situaciones

(a) Derecho adquirido: el derecho subjetivo ya está incorporado al patrimonio de las personas (por un hecho o acto del hombre o ministerio de la ley) al dictarse una ley posterior, para lo cual se tienen que haber cumplido todos los antecedentes requeridos por la ley para su adquisición.

(b) Mera expectativa: derecho no incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida legalmente. Es decir, el sujeto sólo tiene la esperanza de adquirir un derecho, pero aún no se han cumplido todos los requisitos que establece la ley para la adquisición.

Una ley es retroactiva si lesiona los derechos adquiridos. Por el contrario, si afecta meras expectativas no es retroactiva. La consecuencia normativa de esta distinción es que respecto de los derechos adquiridos rige la ley antigua y respecto de las meras expectativas rige la ley nueva. De ese modo queda, según la doctrina, garantizado el efecto no retroactivo de la ley.

La Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes contiene normas que, respectivamente, se refieren a las meras expectativas, que se ven afectadas por la ley nueva, y los derechos adquiridos, cuya pasada adquisición no se ve afectada.

Esta doctrina está concebida desde un punto de vista subjetivo. Lo que importa a la doctrina es que las posiciones jurídicas consolidadas (derechos subjetivos ya adquiridos) no sean afectadas por la ley posterior.

Críticas:

- La doctrina es extremadamente irretroactiva y provoca la ultractividad de le ley antigua.

- Es extremadamente individualista, quien haya consolidado una posición jurídica en la forma de un derecho subjetivo, tiene certeza que ésta permanecerá inamovible.

- Dado que tiene un carácter eminentemente patrimonial y subjetivo del concepto de derecho adquirido, no resuelve el problema con respecto a los derechos que no forman parte del patrimonio. Por ejemplo, los derechos que derivan de las relaciones de familia.

2. Teoría Moderna o de la situación jurídica de Roubier.


La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos.

La situación jurídica, es un concepto más amplio y se refiere a la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica inmediata.

Tiene un momento en que se crea, que produce efectos y que se extingue. Distingue tres cuestiones fundamentales:

- En cuanto a la constitución de una situación jurídica: las relaciones jurídicas constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas condiciones para dicha constitución.

- En cuanto a los efectos de una situación jurídica: se rigen por la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva.

- En cuanto a la extinción de una situación jurídica: se rige por la ley vigente al momento en que esto ocurre.

Críticas:

- Toda relación privada lleva implícita alguna precariedad, al estar permanentemente sujeta a la eventual intervención del legislador.

3. Diferencia entre ambas doctrinas.


Ejemplo: Préstamo ha sido contratado en 2011 a una tasa de interés anual del 20%, se supone que en 2012 una nueva disposición establece como interés máximo una tasa de 12% y que el vencimiento de esta obligación es en 2015.

- Si la ley de 2013 fuera extremadamente retroactiva afectaría hechos pasados, es decir, incluso las cuotas de intereses ya pagados anteriores a mayo de 2013 estarían limitadas por el 12%.
- El grado intermedio de retroactividad coincide con el efecto estrictamente inmediato, esto es, sólo afecta los pagos correspondientes a cuotas que venzan después de la publicación de la nueva ley. Doctrina de la situación jurídica.
- El grado mayor de irretroactividad consiste en que la ley no afecte en modo alguno el contrato y se cumplan todos los efectos convenidos, aun bajo el imperio de la ley nueva. Doctrina de los derechos adquiridos.

LEY SOBRE EFECTO RETROACTIVO (LERL).


Nuestra legislación sigue, según las materias, criterios eclécticos: respecto de ciertas instituciones sigue la doctrina de los derechos adquiridos y respecto de otras se acerca a los principios de la doctrina de la situación jurídica. Las materias están planteadas con criterio casuístico y no teórico, considerando en cada caso los bienes jurídicos en juego.

1. Alcances sobre la Ley sobre Efecto Retroactivo:


- No está construida sistemáticamente, es más bien un listado de soluciones prácticas.

- Tiene un carácter supletorio, rige respecto de leyes que no regulan por sí mismas sus efectos en el tiempo. 

- El nombre de la ley es equívoco pues sus normas regulan el efecto irretroactivo.

- La doctrina chilena ha considerado que la ley está construida sobre la base de la doctrina de los derechos adquiridos pero diversas normas específicas establecen criterios que no son enteramente interpretables bajo esta doctrina.

- En materia de contratos rige la teoría de los derechos adquiridos sin restricciones. No se acepta que un derecho adquirido en virtud de la celebración de un contrato se pierda o modifique por la dictación de una nueva ley. Ello se explica por el lugar prevalente que tiene en todo contrato la previsión del futuro que efectúa cada parte.

- El principio de los derechos adquiridos se consagra principalmente en:

2. Materias que trata la Ley sobre efecto retroactivo:


1) ESTADO CIVIL (ARTS. 2° A 7° LERL):


- El estado civil adquirido conforme a la ley vigente al tiempo de su constitución subsiste aunque ésta pierda su fuerza. Esta solución no se explica por la Teoría Clásica, porque el estado civil no es un derecho patrimonial. Pero sí por la Teoría Moderna, por cuanto el estado civil adquirido sería una situación jurídica constituida.

- Las leyes que establecen nuevas o diferentes condiciones para la adquisición del estado civil se aplican desde que comienzan a regir. Según la Teoría Clásica, la adquisición del estado civil sería una mera expectativa, por lo que la aplicación de la nueva ley no lo sería con efecto retroactivo. Según la Teoría Moderna, debe aplicarse la nueva ley porque la situación jurídica no se ha constituido.

- Los derechos y obligaciones anexos al estado civil se subordinan a la nueva ley.

- Prevención: Con la entrada en vigencia de la Ley N°19.585, que tuvo como objetivo fundamental "sustituir el régimen de filiación del Código Civil y su reemplazo por otro que estableciera un trato igualitario para todos los hijos" y que se consagró expresamente en el artículo 33 del CC, se consagró en Chile un solo estado civil derivado de la filiación, sea matrimonial o no matrimonial: el estado civil de hijo. Ya no existen hijos legítimos, naturales o simplemente ilegítimos.

2) CAPACIDAD (ARTS. 7° INC. 2°, Y 8° LERL):


- La capacidad de goce queda sujeta a la nueva ley. La LERL la considera como una facultad legal no ejercitada.

- La capacidad de ejercicio obtenida no se pierde aunque la nueva ley exija otras condiciones para ella. Es decir, la considera un derecho adquirido.

- El ejercicio y continuación de la capacidad se rigen por la ley nueva.

- La doctrina establece que en materia de capacidad de ejercicio la LERL se
aparta de la Teoría Clásica que considera a esta capacidad como una
facultad legal no ejercitada.

3) DERECHOS REALES (ARTS. 12 Y 15 A 17 LERL):


- El derecho real adquirido bajo una ley subsiste bajo la ley posterior.

- Sus goces, cargas y extinción se rigen por la nueva.

- El art. 12 ha sido objeto de innumerables críticas. Este artículo consagra el principio del derecho adquirido con respecto al derecho real y, por tanto, es irretroactivo. Pero en cuanto al goce y cargas del derecho, seles asimila a facultades legales no ejercitadas, lo que podría transformar a la ley en retroactiva, porque a través de ello se podrían modificar las facultades a tal punto que se podría, en la práctica, privar al derecho de ellas , y nos encontraríamos ante un derecho sin facultades, sin contenido.

4) POSESIÓN (ART. 13 LERL):


- El artículo 13 de la LERL dispone que "la posesión constituida bajo una ley anterior no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o con los requisitos señalados en ésta".

- Sobre el real alcance de esta norma existen dos posiciones doctrinarias:

a) Para algunos, siguiendo la razón del art.12 LERL, las reglas serían las siguientes:
Posesión constituida. Es un derecho adquirido, y, por lo tanto, la nueva ley no lo afectaría.
Efectos. Se verían sujetos a la nueva ley, pues se trataría de facultades legales no ejercitadas (derechos y obligaciones).

b) La otra posición entiende que debe aplicarse la ley nueva, tanto respecto de los efectos como de los requisitos para ser poseedor. El fundamento de esto está en que la posesión es un hecho que tiene cada poseedor, no pudiendo calificarse como un derecho adquirido. Sólo tendrá el carácter de poseedor aquel que cumpla con los requisitos que impone la nueva ley: sería tan solo una mera expectativa)

- Debemos hacer presente que en esta situación, la irretroactividad de las leyes posesorias es sólo una ilusión. Ello, porque si la nueva ley establece mayores exigencias para conservar o retener la posesión, el que ya la había adquirido, para no perderla, debería ajustarse al mandato de la nueva ley, lo que confirmaría que las leyes sobre posesión serían en cierta forma retroactivas.


5) Derechos condicionales (Art. 14 LERL): 


el plazo para considerarla fallida es el de la ley antigua, a menos que exceda el establecido por la nueva a contar desde su vigencia.

6) SUCESIONES (ARTS. 19 A 21 LERL):


- Las solemnidades del testamento se rigen por la ley vigente a la época de su otorgamiento.
- Las disposiciones testamentarias, incapacidad o indignidad de los herederos, desheredaciones, etc. se rigen por la nueva ley (ley vigente al momento de la muerte).
- No dice nada de los requisitos internos (capacidad y voluntad del testador), pero la mayoría opina que se rigen por la ley vigente al tiempo de otorgarse el testamento.
- En la sucesión intestada, la representación se rige por la ley bajo la cual se abre la sucesión.
- La adjudicación o partición de la herencia se rige por la ley vigente al tiempo de su delación.

7) CONTRATOS (ARTS. 22 Y 23 LERL):


- En todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Las leyes vigentes al tiempo de la celebración determinan tanto los requisitos de validez, de fondo y de forma, como el alcance de los derechos y obligaciones a que el contrato da lugar. No se plantea un problema de retroactividad si no de supervivencia de la ley.

Excepciones:

1. Leyes concernientes a reclamar en juicio los derechos que resultan de ellos.
2. Leyes que señalan penas para el caso de incumplimiento.

- Los contratos se pueden probar por los medios vigentes al tiempo de su celebración, pero la forma de rendir la prueba se rige por la nueva ley.


8) PROCEDIMIENTO JUDICIAL (ARTS. 22 N°1 Y 24 LERL):


- Las leyes procesales rigen in actum.
- Los términos que han empezado a correr y las actuaciones ya iniciadas se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

9) PRESCRIPCIÓN (ARTS. 25 Y 26 LERL):


- El prescribiente puede escoger entre el plazo de la ley antigua o la nueva, pero si elige la nueva, el plazo comienza a correr desde que ella empieza a regir. 

Si una ley declara algo imprescriptible, no puede adquirirse bajo su vigencia.

7. EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO A LAS PERSONAS.


El principio que rige en cuanto a los efectos de la ley respecto de las personas es el de la territorialidad de la ley chilena.

Art. 14 CC. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros.
En consecuencia, el ámbito personal de aplicación de la ley chilena se extiende a todos los habitantes; no sólo a los domiciliados sino también a los residentes e incluso a los transeúntes.

Son chilenos:

Por lo tanto, chilenos y extranjeros están sometidos a la ley chilena y se asimilan en materia de derechos civiles, lo que tiene excepciones.

(1) Ante todo, de acuerdo a los principios de derecho internacional, la ley chilena reconoce a los agentes diplomáticos y a los estados y organizaciones internacionales inmunidad de jurisdicción, en virtud de lo cual no pueden ser llevados a tribunales chilenos.

(2) Por otro lado, en diversas leyes se distingue entre chilenos y extranjeros respecto de ciertos derechos que obedecen a principios de reciprocidad:

i. La propia Constitución reconoce la ciudadanía sólo a los nacionales.
Los derechos políticos están reservados, por regla general, exclusivamente para ellos.

ii. El DL 1939 de 1977 impone restricciones a los extranjeros para la adquisición de bienes raíces en zonas fronterizas. 

iii. Hay ciertas actividades que se encuentran reservadas para los nacionales, como la pesca, la navegación respecto a puntos al interior del país, las telecomunicaciones, etc.

iv. En ocasiones la ley impone ciertas limitaciones a los extranjeros no domiciliados en Chile (transeúntes, de acuerdo con el artículo 58) respecto al ejercicio de ciertos derechos. Así:

- El artículo 497 les impide ejercer una tutela o curatela.
- El artículo 1012 no les permite ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile.

8. EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO A LAS PERSONAS.


El territorio del Estado está delimitado por sus fronteras, pero la autoridad del Estado comprende todo el territorio terrestre, con su espacio aéreo y subsuelo, el mar territorial (definido por el artículo 593) y la zona económica exclusiva (definida por el artículo 596)

❖ El principio general es nuestro derecho es la territorialidad de la ley (aplicación de la ley dentro de los límites del territorio del Estado); la extraterritorialidad es excepcional.

La territorialidad está establecida en los Arts. 14 y 16 inc. 1° CC.

En consecuencia, la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, y los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena.

Del Art. 17 CC se desprende que la forma de los actos otorgados en Chile se rige por la ley chilena.

❖ Extraterritorialidad de la ley chilena.

(a) Aplicación de la ley extranjera en Chile.


a. 1 Son válidas en Chile las estipulaciones de los contratos otorgados válidamente en el extranjero (Art. 16 inc. 2° CC), es decir, tendrá aplicación la ley extranjera en Chile por aplicación del principio de la "ley del contrato". Pero esto está limitado por el Art. 16 inc. 3° CC, que dice que los efectos de estos contratos, para cumplirse en Chile, se sujetan a la ley chilena.

a.2 La sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre, por lo tanto se regirá por la ley extranjera si se abre en el extranjero (Art. 955 inc. 2° CC).

Pero esto tiene dos excepciones: 

(b) Aplicación de la ley chilena en el extranjero:


Esta disposición es doblemente excepcional:

1. En cuanto a las personas a quienes afecta: sólo a los chilenos.
2. En cuanto a las leyes a que queda sujeto el chileno: sólo las que taxativamente señala, que son las siguientes:

a. Las que se refieren al estado de las personas, es decir, a la constitución, derechos y obligaciones inherentes al Estado Civil y a su terminación. La excepción a esta norma viene dada por los efectos que emanan del estado civil, ya que los derechos y obligaciones solo regirán respecto a cónyuges y parientes chilenos.

b. La capacidad del chileno en el extranjero queda afecta a la ley chilena, solo en cuanto vaya a ejecutar un acto que haya de tener efecto en Chile.

c) Leyes relativas a los actos:


Para la ley chilena, el problema es el relativo al acto celebrado en el extranjero y que produce efectos en Chile. Hay que distinguir:

a. Requisitos externos:

De acuerdo con el principio locus regit actum, se rigen por la ley del país en que el acto se realiza. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que se otorgan (Art. 17 CC), pero el principio se aplica también a los instrumentos privados (16 inc. 2° CC).

Pero hay excepciones. Ejemplos.

- Si la ley chilena exige que se otorgue instrumento público, no tiene valor la escritura privada otorgada en el extranjero, aunque tenga pleno valor en el país en que se otorgó (Art. 18 CC). 
- Asimismo, sólo tiene valor en Chile el testamento otorgado en el extranjero si lo ha sido por escrito; el testamento verbal no tiene validez, aunque la tenga en el país en que se otorgó (Art. 1027 CC).

b. Requisitos internos:

En general, la ley del país en que se otorgó el acto rige sus requisitos internos, o sea, la capacidad y voluntad o consentimiento de los que lo otorgan, y el objeto y la causa del acto, con la limitación del Art. 15 N° 1 CC (en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile).

c. Efectos:

Los efectos, es decir, los derechos y obligaciones que emanan del acto, quedan sujetos a la ley chilena.

9. INTERPRETACIÓN DE LA LEY.


Interpretación de la ley: fijar su verdadero sentido y alcance (elemento abstracto), incluyendo la actividad indispensable para aplicar el derecho (elemento concreto). 

Según si la legislación establece o no normas de interpretación, ésta se denomina reglada o no reglada. El CC ha adoptado la interpretación reglada, estableciendo normas de interpretación de la ley (principalmente Arts. 19 a 24 CC).

Según de quien emane la interpretación, se divide en interpretación por vía de doctrina o privada, y por vía de autoridad.

(1) Interpretación doctrinal.


La realizan los jurisconsultos, abogados y otros. No tiene fuerza obligatoria; su importancia depende del prestigio de la persona de quien emana.

Hay diversos métodos de interpretación:

1. Escuela de la exégesis en derecho civil (comentaristas del Código de Napoleón, Laurent): se caracteriza por el culto del texto de la ley, el predominio de la búsqueda de la intención del legislador (infalible), y el respeto a las autoridades y los precedentes. La ley es la única fuente de las decisiones jurídicas.

Este criterio impide la evolución y progreso del derecho.

2. Teoría de la libre investigación científica (Geny): método libre para llegar a las fuentes reales de las normas, que contienen un elemento racional (noción del derecho) y uno experimental (aspiración a la armonía colectiva). La interpretación procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley. Alessandri: el intérprete debe tomar como criterio general de orientación la idea de justicia y fundarse en la naturaleza real de las cosas.

3. Escuela histórica del derecho (Savigny).

4. Escuela del derecho libre (Kantorowicz): frente al derecho estatal hay un derecho libre, que surge espontáneamente de la conciencia social y espontáneamente también es aplicado (Alessandri). Estos pueden o no coincidir. La jurisprudencia no puede sólo basarse en el primero. Alessandri: el intérprete debe prescindir de la ley cuando su texto no es claro y se convence de que el legislador no habría resuelto el conflicto en el sentido que lo hace la ley.

5. Doctrina teleológica (Ihering): busca la finalidad práctica de la ley. A partir de esta doctrina se desarrolla el método de la jurisprudencia de los intereses: el intérprete debe decidir el conflicto de intereses dando preeminencia a los que han sido preferidos por el legislador.

6. Teoría del derecho puro (Kelsen): todo derecho deriva de la voluntad del Estado y no hay más derechos que el derecho positivo. El juez puede
interpretar libremente dentro del margen de la ley, sin recurrir a principios rectores.

(2) Interpretación por vía de autoridad.


Es la que emana del legislador o del juez, pero existen otros organismos autorizados para interpretar las leyes relativas a la función que se les encomienda.

i. Interpretación por el legislador.

La interpretación legal, llamada también auténtica, es la que realiza el legislador, y tiene fuerza obligatoria general (Art. 3° CC). No está sujeta a reglamentación alguna.

La interpretación legal se efectúa por medio de la ley interpretativa. Como la ley interpretativa es necesariamente retroactiva, la interpretación legal tiene un límite:

a. no puede modificar los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
b. Tampoco puede transgredir las garantías constitucionales. ii. Interpretación judicial.

La interpretación judicial es la que realiza el juez en las causas sometidas a su conocimiento, y tiene fuerza obligatoria relativa exclusivamente al litigio en cuestión. Debe sujetarse a las normas de interpretación del CC.

• Integración de la ley.


Frente a un caso específico, el juez puede encontrarse en la situación de que no exista una norma precisa del ordenamiento positivo que resuelva la materia.

Los Arts. 76 inciso 2° de la Constitución y 10 COT establecen el principio de inexcusabilidad: reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda.

Asimismo, el Art. 170 N° 5 CPC establece dentro de los requisitos de las sentencias, la enunciación de los principios de equidad en que se funda. 

Estas disposiciones establecen expresamente la facultad de integración de los jueces, los que deben fallar aun frente a una falta de ley (laguna legal). Los vacíos pueden existir en la ley, pero no en el derecho.

La analogía y el espíritu general de la legislación a que se refiere el Art. 24 CC pueden sólo servir al juez para establecer la razón de equidad que sirve de fundamento al fallo.

• Finalidad de la interpretación.


Es buscar el sentido de la ley.

Esto no significa la primacía de la aplicación de la ley de acuerdo al tenor literal. La disposición se refiere a la claridad del sentido de la ley, no del tenor literal. El tenor literal se aplica en cuanto refleje ese sentido.

El punto de partida de la interpretación es el elemento literal, pero no se reduce a un análisis gramatical.

El que sea necesario determinar, en forma previa, si el sentido de la ley es claro, significa que siempre debe realizarse un proceso interpretativo.

Hay leyes claras en su texto abstracto, pero que se vuelven oscuras frente a situaciones concretas.

Alessandri: el sentido de la ley es claro no sólo cuando el precepto está redactado en términos que no provoquen dudas; también es necesario que no haya otro precepto que lo contradiga.

• Criterios de interpretación.


1. Histórico o subjetivo: trata de reconstruir el pensamiento o voluntad del legislador.
2. Normativo u objetivo: sostiene que la ley tiene una significación propia independiente del pensamiento de sus autores.

Los autores modernos desechan el subjetivo por 3 razones:

a) No es posible determinar una voluntad subjetiva del legislador.
b) Si lo fuera, esa voluntad carece de sentido frente a la evolución.
c) La ley es la voluntad del Estado que se manifiesta por la ley misma, no por la opinión de los que participaron en su formulación. 

El CC es terminante en cuanto a que el sentido objetivo de la ley debe buscarse en ella misma. No hay norma que permita buscar una supuesta voluntad del legislador. La historia de la ley sirve sólo para buscar el sentido objetivo de la misma.

• Elementos de interpretación.


1. Elemento gramatical (Art. 19 inc. 1° CC): análisis de la semántica y sintaxis del precepto.

a) Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio (Art. 20 CC): el que se le atribuye en el medio que la emplea (no necesariamente diccionario de la RAE), según su uso general.

b) Las palabras que el legislador ha definido expresamente para ciertas materias se les dará su significado legal (Art. 20 CC).

c) Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan esa ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en un sentido diverso (Art. 21 CC).

2. Elemento histórico (Art. 19 inc. 2° parte final CC): se refiere a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Sirve para fijar su intención o espíritu (de la ley, no del legislador), es decir, sus objetivos. Es un elemento supletorio para fijar el alcance de la ley que no esté claramente manifestado en ella misma.

Alessandri: este elemento tiene por objeto la indagación del estado del derecho existente sobre la materia a la época de la confección de la ley y el estudio de los antecedentes que tomó en cuenta el legislador antes de dictarla.

"Expresión oscura": no puede entenderse absolutamente (ininteligible) o se presta a más de una interpretación (ambigua).

3. Elemento lógico (Art. 19 inc. 2° y 22 inc. 1° CC): concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley, pues es natural que éstas no sean contradictorias y exista entre ellas una unidad conceptual y de criterio. Alessandri: este elemento se dirige a investigar la ratio legis (propósito perseguido por la ley, la razón que la justifica) y la occasio legis (circunstancias particulares que determinaron su dictación).

4. Elemento sistemático (Art. 22 inc. 2° CC): correspondencia de la legislación que se busca más allá de la propia ley interpretada, analizando otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.
Alessandri: este elemento se basa en la interna conexión que enlaza a todas las instituciones jurídicas y normas en una gran unidad.

5. Espíritu general de la legislación y equidad natural (Art. 24 CC): no son sólo elementos supletorios. El espíritu general de la legislación se encuentra implícito en el elemento sistemático, y la equidad no puede estar ausente en ningún criterio de interpretación. Pero el juez no puede dictar una resolución basada únicamente en la equidad; a eso se refiere con que no es sólo supletorio.

Además, el CC da las siguientes reglas: (Arts. 4, 13 y 23 CC). 

Procedimientos de interpretación.

1. Interpretación extensiva: se aplica a una situación particular normas que fijan reglas generales, o se deduce una norma generalizada de los ejemplos no taxativos que contienen las disposiciones.
Alessandri: implica comprobar que el precepto expresa menos de lo que fue querido por el pensamiento legislativo. La ley se aplica a más número de casos que los comprendidos en el tenor literal.

El argumento analógico supone una similitud en las situaciones (tanto en el hecho como en el fin jurídico); de acuerdo con él, los hechos que tienen igual valor jurídico implican las mismas consecuencias jurídicas. Se puede emplear analogía como elemento de interpretación o como base de integración.

2. Interpretación restrictiva: el precepto no puede aplicarse extensivamente ni servir de base para una interpretación analógica. Son de interpretación restrictiva:

a) Las leyes penales, incluyendo todo tipo de sanciones. Las leyes tributarias no permiten interpretación extensiva.

b) Las leyes de excepción, los preceptos prohibitivos, los que establecen incapacidades y prohibiciones, etc.

Alessandri: implica comprobar que el precepto expresa más de lo que fue querido por el pensamiento legislativo. La aplicación de la ley no se extiende a un caso que, según el tenor literal, parece estar comprendido en ella.

Para Alessandri hay un tercer tipo: interpretación declarativa. Implica reconocer que la fórmula o los términos literales coinciden exactamente con el pensamiento legislativo, es decir, lo expresan con fidelidad y acierto. La ley se aplica a todos los casos que expresan sus términos, ni a más ni a menos.

Los aforismos son formas que toman la argumentación o lógica jurídicas. Alessandri: son reglas prácticas de interpretación, que no tienen valor absoluto ni deben ser empleados de modo exclusivo.

Ejemplos:


- Argumento a generale sensu: donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir. 

- Argumento a fortiori: son dos: A maiore ad minus (quien puede lo más, puede lo menos) y a maiore ad maius (a quien le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más).

- Argumento a contrario sensu: incluida una cosa se entienden excluidas las demás.

- Alessandri agrega el argumento a pari: argumento de analogía (donde existe la misma razón debe existir la misma disposición).

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