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Ley de Tramitación Digital y el Proceso Civil

EL PROCESO CIVIL, CON LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE TRAMITACIÓN DIGITAL O ELECTRÓNICA N° 20.886.


I. PRINCIPIOS DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA.


La tramitación digital de las causas regidas por la ley 20.886, desde el 18 de junio de 2016, se sujetará a los siguientes principios generales (Artículo 2°):

a) Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico. Los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieren llevado a cabo en soporte papel.

b) Principio de fidelidad. Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido.

c) Principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley.

No obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial, y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas. Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, sin su autorización previa.

La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto precedentemente, será sancionada conforme a la ley N° 19.628.

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la búsqueda de causas en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.

d) Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe.

II. INSTAURACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO.


a) Obligatoriedad. Los jueces, auxiliares de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio.

Para el registro de las resoluciones y actuaciones en el sistema informático de tramitación se deberán aplicar adecuadamente las nomenclaturas pertinentes, según la etapa y estado procesal de cada causa, de modo tal que constituya un registro exacto de su tramitación, desde el inicio hasta su término.
La conservación de los registros estará a cargo del tribunal correspondiente a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales.

b) Reconstitución de la carpeta digital: La carpeta electrónica y sus registros deberán ser respaldados informáticamente en forma periódica. Si por cualquier causa se viere dañado el soporte material del registro electrónico afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no dispusiere de ella directamente. Si no existiere copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido, y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso.

El artículo tercero de la Ley, facilita la reconstitución del expediente digital, al establecer que, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución, y con ello, se abandona el antiguo y excesivo formalismo en post del rápido rearme de la carpeta digital.

c) Firma electrónica de resoluciones y actuaciones del tribunal y copias autorizadas.

Las resoluciones y actuaciones del juez, del secretario, del administrador del tribunal y de los auxiliares de la administración de justicia serán suscritas mediante firma electrónica avanzada. Con esto se deja atrás, la necesidad de una firma material que en antaño debía estampar cada Juez para efectos de la perfección de la resolución o sentencia respectiva. Además, las resoluciones suscritas por los jueces mediante firma electrónica avanzada no requerirán de la firma ni de la autorización del ministro de fe correspondiente. Es decir, ya no se requiere de la autorización del secretario del tribunal, puesta a través de una firma en la misma resolución para que ésta se entienda válida para todos los efectos legales.

Los jueces y los demás funcionarios mencionados en el inciso anterior serán personalmente responsables de la firma electrónica avanzada que se ponga a su disposición, por lo que les estará prohibido compartirlas.

Las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones deberán ser obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con la firma electrónica correspondiente, la que contará con un sello de autenticidad.

SOBRE LA MATERIA:


Se agregó, en el inciso primero del artículo 169, que establece los requisitos de las resoluciones judiciales, a continuación de la palabra “firma”, la expresión “electrónica avanzada”.
En el Código Orgánico de tribunales se reemplazó el artículo 89, sobre firma de sentencias en tribunales colegiados, acuerdos, y votos disidentes, por el siguiente:
“Artículo 89. En los autos y sentencias definitivas e interlocutorias de los tribunales colegiados, se expresará nominalmente qué miembros han concurrido con su voto a formar sentencia y qué miembros han sostenido opinión contraria, lo que quedará registrado electrónicamente.
Podrán también consignarse electrónicamente las razones especiales que algún miembro de la mayoría haya tenido para formar sentencia y que no se hubieren insertado en ella.
La sentencia, su disidencia y las prevenciones estarán disponibles en la página de internet del Poder Judicial. Estos documentos podrán publicarse por la Corte Suprema en la Gaceta de los Tribunales o en otras publicaciones que disponga al efecto.”.


III. NORMAS DE PROCEDIMIENTO.


La ley en estudio, establece una serie de modificaciones procedimentales, y para su estudio resulta recomendable tener en vista o recordar las reglas establecidas para cada uno de los procedimientos civiles, y en los cuales, salvo contadas excepciones, existen tres grandes etapas: La de discusión, la de prueba y la etapa de sentencia.

EN CUANTO A LA FORMACIÓN DEL PROCESO:


1. Se sustituyen los artículos 29 y 30, que decían relación con la formación del expediente material y agregación de escritos y documentos, por los siguientes:

Artículo 29. Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación a través de cualquier medio que garantice la fidelidad, preservación y reproducción de su contenido, lo que se regulará mediante auto acordado de la Corte Suprema.

La carpeta electrónica estará disponible en el portal de internet del Poder Judicial, salvo que la ley establezca lo contrario o habilite al tribunal para restringir su publicidad, o la de alguna parte de ella.
Ninguna pieza de la carpeta electrónica podrá eliminarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce de la causa.

Artículo 30. Los escritos y documentos se presentarán por vía electrónica conforme se dispone en los artículos 5° y 6°, respectivamente, de la Ley General sobre Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales.

Los escritos se encabezarán con una suma que indique su contenido o el trámite de que se trata.”.

2. Se derogó el artículo 31, que establecía la obligación de acompañar respecto de cada escrito, tantas copias cuantas sean las partes a las que había que notificar la providencia que sobre él mismo recaería.

3. Sustituyó el artículo 33, relativo a la obligación del Secretario de entregar el despacho al tribunal y de dictar decretos, providencias o proveídos por si solos, por el siguiente:

Artículo 33. Los secretarios letrados de los juzgados civiles podrán dictar por sí solos las sentencias interlocutorias, autos y decretos, providencias o proveídos, salvo cuando ello pudiere importar poner término al juicio o hacer imposible su continuación. La reposición que sea procedente en contra de estas resoluciones, en su caso, será resuelta por el juez.”.

4. Se modificó el artículo 34, que establecía la agregación sucesiva de los antecedentes al proceso, como sigue:

a. Reemplazase la expresión “el proceso, en conformidad al artículo 29,”, por “la carpeta electrónica”.

b. Sustituyese la oración que señala: “Al tiempo de agregarlas, el secretario numerará cada foja en cifras y en letras.”, por la siguiente: “El sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial numerará automáticamente cada pieza de la carpeta electrónica en cifras y letras.”.

5. Se derogó el artículo 35, relativo a las formalidades del desglose de piezas del expediente.

6. Se reemplazaron los artículos 36 y 37, que consagraban la obligación de custodia del expediente por parte del secretario de tribunal, por otros del siguiente tenor:

Artículo 36. Las piezas que se presenten al tribunal se mantendrán bajo su custodia y responsabilidad. Éstas no podrán retirarse sino por las personas y en los casos expresamente contemplados en la ley. Corresponderá al tribunal velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 393 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 37. Cuando los tribunales pidan o hayan de oír dictamen por escrito del respectivo fiscal judicial o de los defensores públicos, les enviarán comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder electrónicamente. Si estos funcionarios retardan dicho dictamen, podrá el tribunal señalarles un plazo razonable para que lo envíen o agreguen a la carpeta electrónica.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.

Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.”


RESPECTO DE LA ETAPA DE DISCUSIÓN, DESTACAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:


Antiguamente, la presentación de demandas estaba revestida de una serie de formalidades, que implicaban la comparecencia del abogado y según el caso de la parte respectiva, quienes debían obtener del Secretario del Tribunal la autorización del patrocino y poder; posteriormente, presentar en mesón la demanda y las copias de la misma, según el número de partes, todo lo que finalizada con el cargo del tribunal puesto en el escrito y en la copia que recomendablemente debía guardar el actor.

Con la nueva ley, se modifican dichas formalidades de la manera siguiente:

a) Presentación de demandas y escritos de parte.


El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto.

En casos excepcionales, cuando las circunstancias así lo requieran o se trate de una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios, los escritos podrán presentarse al tribunal materialmente y en soporte papel por conducto del ministro de fe respectivo o del buzón especialmente habilitado al efecto.

Los escritos presentados en formato papel serán digitalizados e ingresados a la carpeta electrónica inmediatamente.

b) Forma de acompañar los documentos.


Los documentos electrónicos se presentarán a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o, en caso de requerirlo así las circunstancias, se acompañarán en el tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos.

Los documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente.
Situación especial de los títulos ejecutivos.

Dichos títulos, cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente, bajo apercibimiento de tener por no iniciada la ejecución. Se requiere en consecuencia, además del acompañamiento efectivo de los documentos y títulos ejecutivos, que la parte respectiva acompañe una copia en formato digital a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o, en caso de requerirlo así las circunstancias, en el tribunal, a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos.


Apercibimiento.


Si no se presentaren las copias digitales de los documentos o títulos ejecutivos, o si existiere una disconformidad substancial entre aquellas y el documento o título ejecutivo original, el tribunal ordenará, de oficio o a petición de parte, que se acompañen las copias digitales correspondientes dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el documento o título ejecutivo respectivo.

En casos excepcionales, cuando se haya autorizado a una persona para presentar escritos materialmente por carecer de los medios tecnológicos, no será necesario acompañar copias digitales. En este caso, los documentos y títulos ejecutivos presentados en formato que no sea electrónico serán digitalizados e ingresados inmediatamente por el tribunal a la carpeta electrónica.


c) Patrocinio y poder electrónico. (Art. 7)


El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada.

El mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial se considerará poder suficiente el constituido mediante declaración escrita del mandante suscrita con firma electrónica avanzada, sin que se requiera su comparecencia personal para autorizar su representación judicial.

La constatación de la calidad de abogado habilitado la hará el tribunal a través de sus registros.

d) Forma especial de notificación.


Cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula si, en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión. Esta forma de notificación será válida para todo el proceso.

Sobre la materia, en el Código de Procedimiento Civil se realizaron las siguientes innovaciones:
En el artículo 46, relativo a las formalidades especiales de la notificación especial del artículo 44, se reemplazó la palabra “pegado” por “agregado”.

Se sustituyó el artículo 50, el cual consagraba la regla general en materia de notificaciones (y lo sigue haciendo), adecuando el estado diario a su actual forma digital, por el que sigue:

Artículo 50. Las resoluciones no comprendidas en los artículos precedentes se entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un estado que deberá formarse electrónicamente, el que estará disponible diariamente en la página web del Poder Judicial con las indicaciones que el inciso siguiente expresa.

Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme y se mencionarán por el número de orden que les corresponda en el rol general, expresado en cifras y en letras y, además, por los apellidos del demandante y del demandado o de los primeros que figuren con dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado resolución en aquel día y el número de resoluciones dictadas en cada una de ellas.

Estos estados se mantendrán en la página web del Poder Judicial durante al menos tres días en una forma que impida hacer alteraciones en ellos. De las notificaciones realizadas en conformidad a este artículo se dejará constancia en la carpeta electrónica el mismo día en que se publique el estado.
La notificación efectuada conforme a este artículo será nula en caso que no sea posible la visualización de la resolución referida en el estado diario por problemas técnicos del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, lo que podrá declararse de oficio o a petición de parte.”.
Se reemplazó en el artículo 57, sobre la diligencia de notificación, la frase “estampen en los procesos,” por “agreguen a la carpeta electrónica”.

POR ÚLTIMO, EN CUANTO A LA DICTACIÓN DE LA SENTENCIA:


Se reemplazó el inciso final del artículo 162, relativo a la dictación del fallo en el proceso, y la constancia que debía dejar el secretario, por otro del siguiente tenor:

El tribunal dejará constancia en el estado diario electrónico a que se refiere el artículo 50 y en la carpeta electrónica, del hecho de haberse dictado sentencia definitiva, la que será notificada en la forma correspondiente.

e) Registro de actuaciones de receptores.


Las actuaciones de los receptores judiciales, han sido siempre un nicho de problemáticas procesales, ya que no obstante que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 427 establezca una presunción de veracidad de sus actuaciones y que constan en el proceso, dicha presunción ha sido desvirtuada en múltiples oportunidades, por no ser exactos los datos contenidos en la certificación, tales como la fecha de la diligencia, la efectividad de las visitas al domicilio de la parte a notificar, o concurrencia al lugar respectivo, etc.; todo ello, la mayoría de las veces a través de incidencias de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, o nulidad de la actuación derechamente.

En este punto, es que aparecía de manifiesto la maleabilidad del expediente material, cuyas piezas eran agregadas sin que existiese una manera efectiva para poder acreditar la realización de la diligencia en la hora, fecha y lugar certificado. Dicha situación se espera, sea corregida a través de la nueva normativa aplicable en la especie, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la citada Ley N° 20.886.

Así, se establece que para efectuar los registros de actuaciones, los receptores judiciales deberán registrarse en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.

Los receptores deberán agregar a la carpeta electrónica un testimonio dando cuenta de la actuación realizada dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia, con la debida constancia de todo lo obrado.

En las notificaciones, requerimientos o embargos, el testimonio o acta de la diligencia incluirá un registro georreferenciado, que dé cuenta del lugar, fecha y horario de su ocurrencia. Además, en el caso de retiro de especies, los receptores incluirán un registro fotográfico o de video con fecha y hora de los bienes muebles, al momento del retiro para su entrega al martillero, a menos que exista oposición de parte del deudor o el depositario.

La Corte Suprema podrá regular a través de auto acordado la forma de dejar constancia de la georreferenciación, estableciendo los requerimientos y especificaciones técnicas que deberán cumplir los receptores para determinar, mediante un sistema de coordenadas, su localización geográfica al momento de practicar la diligencia.

Sanciones por incumplimiento de sus funciones por parte del receptor.


Todo incumplimiento culpable o doloso a estas normas constituirá una falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal, previa audiencia del afectado, con alguna de las medidas contempladas en los números 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. En caso de reincidencia, el juez deberá aplicar la medida de suspensión de funciones por un mes.

Sobre el registro de actuaciones judiciales en general, se ha dispuesto en el Código de Procedimiento Civil:

Se modificó el artículo 61, relativo a las exigencias de dejar testimonio en el proceso, de las actuaciones judiciales que se realicen, en los siguientes términos:

a. Reemplazase, en el inciso primero, la frase “escrito en el proceso” por “fidedigno en la carpeta electrónica”.

b. Agregase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “El acta correspondiente se digitalizará e incorporará a la carpeta electrónica inmediatamente.”.

c. Añádase, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “actuación”, la siguiente frase: “en todos aquellos casos en que una ley expresamente lo disponga”.

d. Agregase el siguiente inciso final:

“En los casos de contarse con los recursos técnicos necesarios, podrán registrarse las audiencias en que participe el tribunal mediante audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente, el que se agregará a la carpeta electrónica inmediatamente.”

f) Exhortos.


Los exhortos que se dirijan entre tribunales nacionales deberán ser remitidos, diligenciados y devueltos mediante la utilización del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.
Toda carta rogatoria nacional deberá ser derivada través del sistema de tramitación electrónica desde el tribunal exhortante al exhortado y, una vez tramitada por este último, deberá devolverse, incorporando todas y cada una de las actuaciones que se realizaron en la carpeta electrónica a que dio origen.

No obstante, cuando los exhortos se verifiquen desde o hacia tribunales nacionales que carezcan del sistema de tramitación electrónica, se utilizará una casilla de correo electrónico creada para tales efectos o el medio de comunicación idóneo más eficaz de que disponga ese tribunal.

g) Oficios y comunicaciones judiciales.


Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través de medios electrónicos.

Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas nacionales que carezcan de los recursos técnicos necesarios se diligenciarán a través del medio de comunicación idóneo más eficaz de que disponga esa institución pública.

Se reemplazó el artículo 77, que dice relación con las formas de comunicación entre tribunales, por el siguiente:

Artículo 77.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, toda comunicación dirigida por un tribunal a otro deberá ser conducida a su destino por vía del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, y no siendo posible lo anterior, por el medio de comunicación idóneo más expedito.”

EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, RESPECTO DE LA PRUEBA, SE HICIERON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:


Se agregó en el artículo 348 bis, relativo al procedimiento para acompañar documentos electrónicos, el siguiente inciso final: En el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a audiencia de percepción, debiéndose entender que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente.
Se modificó el inciso primero del artículo 371, sobre declaración de testigos en jurisdicciones diversas, a continuación de la palabra “copia”, la frase: “, en la forma que señala el artículo 77,”.


EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO:


Se reemplazó en el artículo 469, sobre tramitación del procedimiento ejecutivo, y en específico respecto de las observaciones a la prueba, el texto que señala: “quedarán los autos en la secretaría por espacio de seis días a disposición de las partes, antes de pronunciar sentencia. Durante este plazo podrán hacerse por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera, y una vez vencido,”, por el siguiente: “tendrán las partes seis días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera. Vencido este plazo,”

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL A QUO.


Respecto del recurso de apelación se han realizado diversas modificaciones que se expondrán a continuación y que deberán ser estudiadas haciendo el paralelo respectivo con la legislación anterior:

1) Ya hemos hecho referencia a la resolución que resuelve sobre la admisibilidad de la apelación. Sobre la misma, modificándose el artículo 197 del Código, se ha hecho expresa mención a que la misma se entenderá notificada a las partes conforme al artículo 50, esto es, conforme al estado diario. Esto no es novedad, pues siempre se ha entendido que esa es la forma de notificación aplicable en la especie, ahora eso sí, está dicho de manera expresa.

Tenemos que recordar que el artículo 50 también ha sido modificado, en el sentido de que las resoluciones que no tengan una forma especial de notificación se entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un estado que deberá formarse electrónicamente, el que estará disponible diariamente en la página web del Poder Judicial con las indicaciones que el inciso siguiente expresa. Con ello, ya no resulta necesario concurrir a diario a revisar el antiguo estado diario publicado en cada tribunal, sino que basta con hacer su revisión de manera digital y conectado a internet desde cualquier dispositivo, inclusive desde cualquier Smartphone.

2) Se ha modificado la obligación de remisión del expediente, compulsas o fotocopias. Con la LTD se eliminó el artículo 198 de CPC, y con ello la mención sobre el plazo que existía para remitir el expediente y su posible ampliación en caso de ser necesarias las compulsas. Conforme a la nueva redacción del artículo 197, el tribunal deberá remitir electrónicamente al tribunal de alzada copia fiel de la resolución apelada, del recurso y de todos los antecedentes que fueren pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre éste. La remisión digital se materializa a través del sistema de interconexión digital que existe entre los diferentes tribunales de justicia. Este sistema no es nada nuevo, pues se comenzó a utilizar el año 2000 con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Igual sistema se aplicó a las reformas en materias de familia, laboral y cobranza. A través de la interconexión, el tribunal de alzada, puede ingresar a la causa apelada y acceder a todos los trámites de la misma, como usuario interno, visualizando la causa de la misma manera que lo hace el tribunal a quo.

Sobre la materia, resulta oportuno observar que como actualmente la carpeta digital no se encuentra numera por fojas, sino que sólo se individualiza cada trámite o gestión a través de su fecha y la nomenclatura que se le asigna a cada uno de ellos, es que puede resultar engorroso el estudio del expediente por el tribunal de alzada, cuando hay varias diligencias o incidencias deducidas en igual o fechas cercanas, los documentos que se han acompañado respecto de cada alegación etc. Ello implica ciertas complicaciones a la hora de revisión del expediente digital, para efectos de determinar si se encuentra o no en estado de relación o poder detectar más fácilmente algún vicio de nulidad en la tramitación del procedimiento; por tal motivo, es que resulta de gran importancia, que se respete y bien utilicen las nomenclaturas correctas a la hora de individualizar cada trámite y además cuando se haga la remisión digital de la causa, indicarse con toda precisión cual es la resolución recurrida, el recurso respectivo y todas las diligencias y pruebas que dicen relación con la incidencia.

En caso de que la apelación se conceda en ambos efectos, además de la visualización de la carpeta electrónica, el tribunal de alzada continuará en la misma la tramitación de la causa.

3) Se ha eliminado la obligación de pagar las compulsas o fotocopias y su sanción. Consecuentemente con lo anterior, ya no pesa sobre el recurrente de apelación, la obligación de pagar las compulsas o fotocopias del expediente a remitir al tribunal de alzada. Con esta supresión desaparece el desistimiento de la apelación en primera instancia, o como de mejor se ha calificado, se ha eliminado la única causal de deserción del recurso de apelación ante el tribunal a quo.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL AD QUEM.


Con la vigencia de la LTE N° 20.886, se ha modificado en numerosos aspectos la tramitación del recurso de apelación ante el tribunal ad quem.


1) Sobre el ingreso de los autos a la Corte de Apelaciones respectiva.


Como ya se ha expuesto en el apartado respectivo, correspondía al Secretario de la Corte de Apelaciones, certificar el ingreso del expediente, compulsas o fotocopias desde el tribunal a quo al tribunal de alzada. Actualmente se mantiene dicha obligación, pero lo que se certifica es el ingreso digital de la causa al sistema digital de la Corte.

Al respecto, se reemplazó el artículo 200 del CPC, por el que sigue: “El tribunal de alzada deberá certificar en la carpeta electrónica la recepción de la comunicación a que se refiere el artículo 197y su fecha."

Que, a su vez, la comunicación a la que se hace referencia consiste en la remisión electrónica de la copia fiel de la resolución recurrida y el recurso, además los antecedentes que fueren pertinentes, para un acabado pronunciamiento sobre dicha materia.

2) Formación de carpeta electrónica en el tribunal de alzada (Artículo 200).


Recibidos los antecedentes electrónicos, la Corte de Apelaciones procederá a la asignación de un número de ingreso. Acto seguido, formará un cuaderno electrónico separado para el conocimiento y fallo del recurso cuando él haya sido concedido en el solo efecto devolutivo. En el caso que la apelación fuere concedida en ambos efectos, el tribunal de alzada continuará la tramitación en la carpeta electrónica, la que estará disponible en el sistema de tramitación electrónica del tribunal de alzada correspondiente.

3) Eliminación de la obligación de hacerse parte (Artículo 200).


Quizás a muchos alumnos le surja la interrogante sobre la necesidad de hacerse parte en segunda instancia, no obstante que ya se encontraba constituido el respectivo patrocinio y poder, y con la interposición del recurso de apelación, claramente existe una manifestación de voluntad en orden a pedir la reforma del fallo en alzada.

Debe entenderse que la segunda instancia se tramita ante un tribunal diverso de aquel a quo donde se ha llevado a cabo el procedimiento. Por ello, resulta del todo procedente que el interesado concurra a la Corte de Apelaciones a hacerse parte. Esta obligación estaba contenida en el artículo 200 y establecía que “Las partes tendrán el plazo de cinco días para comparecer ante el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este plazo desde que se reciban los autos en la secretaría del tribunal de segunda instancia.”

Actualmente, dicha obligación ha sido ELIMINADA.


4) Eliminación de la sanción de deserción del recurso de apelación (Artículo 201).


Como obligada consecuencia de la supresión de la obligación de hacerse parte, se ha eliminado la sanción de deserción del recurso de apelación, por dicha falta de comparecencia.

Cabe recordar lo especial de la resolución que declaraba la deserción del recurso, pues se trataba de un inédito caso en el que una resolución judicial producía efectos desde su dictación y sin necesidad de previa notificación.

5) Derogación del artículo 202, sobre los efectos de la incomparecencia del apelado.


Claramente, si ya no se exige la comparecencia del apelante para seguir adelante con la tramitación del recurso, con menor razón se podía exigir al apelado su comparecencia formal, ni tampoco sancionarlo como antes se hacía, en el sentido de darlo por notificado de todas las resoluciones desde su dictación.

6) Respecto de la apelación de resoluciones diversas a la sentencia definitiva.


Asunto consagrado en el artículo 199 del CPC, en el que si bien no se alteró la regla relativa a que dichos recursos serán resueltos en cuenta; se estableció que, respecto al derecho de las partes de solicitar alegatos, deberá hacerse también dentro del plazo de 5 días, pero esta vez, conforme a la nueva redacción del artículo 200, dicho plazo se contará desde la certificación en la carpeta electrónica de la recepción de la comunicación.


7) Se eliminó la institución de la prescripción del recurso de apelación (Artículos 211 y 212).


Otra especial institución contenida en la regulación del recurso de apelación era la prescripción del mismo. Con anterioridad a la modificación legal en estudio, se establecía que: si, concedida una apelación, dejan las partes transcurrir más de tres meses sin que se haga gestión alguna para que el recurso se lleve a efecto y quede en estado de fallarse por el superior, podrá cualquiera de ellas pedir al tribunal en cuyo poder exista el expediente que declare firme la resolución apelada. El plazo será de un mes cuando la apelación verse sobre sentencias interlocutorias, autos o decretos.

Con la reforma legal y eliminación de la denominada prescripción del recurso de apelación, o mejor dicho abandono del citado recurso, se ha seguido la tendencia moderna que se ha recogido en las reformas de la legislación laboral y de familia, en cuanto a limitar la procedencia del abandono de procedimiento, no obstante, de entender vigente el principio de pasividad de los tribunales, en especial en materia civil, es que ahora existiendo un sistema digital que permite mantener estadísticas exactas sobre el tiempo de duración de las causas que ingresan al Tribunal de Alzada, y así evitar causas que se queden traspapeladas.

Difícil resulta hablar ahora de la pérdida de un expediente o de algún escrito o documento, si todo se encuentra digitalizado.

8) Se modificó la adhesión a la apelación.


Respecto de la adhesión a la apelación, que se encuentra consagrada en el artículo 217 del CPC, se ha modificado de la manera siguiente:

Pretéritamente se permitía la adhesión a la apelación en primera y luego en segunda instancia.
Actualmente, con la Ley N° 20.886, la adhesión a la apelación puede efectuarse sólo en segunda instancia dentro del plazo de cinco días desde la fecha de la certificación a la que se refiere el artículo 200. El escrito de adhesión a la apelación deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 189. Se aplicará a la adhesión a la apelación lo dispuesto en el artículo 201.

Por razones obvias, ya no procede la prescripción de la adhesión de apelación.

No será, sin embargo, admisible desde el momento en que el apelante haya presentado escrito para desistirse de la apelación.

Otra innovación dice relación con que la hora de presentación de las solicitudes de adhesión y de desistimiento se registrarán por el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, o por el tribunal a través del timbre disponible ante el buzón dispuesto al efecto o mediante la anotación del correspondiente ministro de fe en los casos excepcionales en que se permite la presentación de los escritos en soporte papel.


9) En cuanto a las reglas sobre notificaciones (Artículo 221).


Atendidas las modificaciones legales relativas a la comparecencia en segunda instancia, se estableció con la nueva ley que:

La notificación de las resoluciones que se dicten por el tribunal de alzada se practicará en la forma que establece el artículo 50, con excepción de la primera, eliminándose en consecuencia la remisión que se hacía a los excepcionales casos de la resolución que declaraba la deserción del recurso de apelación (Art. 201) y la situación del apelado rebelde (Art. 202).

10) Por último, se ha modificado la norma que regulaba los informes en derecho (Artículo 230). Esta norma se ha modernizado, ordenándose que, los informes en derecho, con las firmas del abogado y de la parte o de su procurador, y el certificado a que se refiere el número 6° del artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales se agregarán a la carpeta electrónica para conocimiento de los ministros.

EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE LA VISTA DE LA CAUSA:


Se sustituyó el párrafo tercero del numeral 5° del inciso primero del artículo 165, que dice relación con la oportunidad para suspender la vista de una causa, por petición de parte, por los dos siguientes, pasando el actual párrafo cuarto a ser quinto:

La sola presentación del escrito extingue el derecho a la suspensión aun si la causa no se ve por cualquier otro motivo. Este escrito pagará en la Corte Suprema un impuesto especial de media unidad tributaria mensual y en las Cortes de Apelaciones, de un cuarto de unidad tributaria mensual. Este pago se hará electrónicamente a través de un sistema informático dispuesto al efecto y se asociará a la causa respectiva mediante el comprobante de pago o código de validación o, en caso que lo anterior no fuere posible por cualquier motivo, a través de estampillas de impuesto fiscal que se pegarán en el escrito respectivo que se presentará materialmente.

Para los efectos del artículo 198 del Código Orgánico de Tribunales, el pago de impuestos para la recusación de abogados integrantes se hará de la misma forma dispuesta en el párrafo anterior.”

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO DEL RECURSO DE HECHO:


1) En cuanto al cómputo del plazo de interposición del falso recurso de hecho, se aclara en el inciso primero del artículo 196, que este será de 5 días contado desde la fecha de la certificación a que se refiere el artículo 200.

En igual sentido se modificó el artículo 203, reemplazándose la frase relativa al plazo de interposición del verdadero recurso de hecho: “Si el tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación de la negativa, para que declare admisible dicho recurso.”

2) Sobre la remisión de los antecedentes necesarios para resolver el recurso (Art. 204). En este punto, y conforme a la reforma digital establecida, se modificó la facultad del tribunal superior de ordenar al inferior la remisión del proceso, en el sentido de que podrá pedirse al juzgado informante que ponga a su disposición la carpeta electrónica correspondiente, siempre que, a su juicio, ello sea necesario para dictar una resolución acertada.

3) Por último, y en cuanto al fallo del recurso de hecho, se ha adecuado el artículo 205, en cuanto se establece que, si el tribunal superior declara inadmisible el recurso, lo comunicará al inferior.
Si el recurso es declarado admisible, el tribunal superior le dará al proceso la tramitación que corresponda y lo comunicará al inferior según proceda.


INNOVACIONES INTRODUCIDAS EN LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


1) Respecto de las causas de la casación formal, sólo resultó modificada la del N° 8 del artículo 768, suprimiéndose la referencia a la deserción y prescripción del recurso de apelación. En consecuencia, la causal de casación, actualmente dice relación con que la sentencia ha sido dada en apelación legalmente declarada desistida.

2) En cuanto a las fianzas de resultas, se adecuó el artículo 773 del CPC, estableciéndose que el recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con interponer el recurso de casación y en solicitud separada que se agregará a la carpeta electrónica a que se refiere el artículo 29.

Si bien se mantiene en esencia la misma obligación del recurrente y solicitante de fianzas de resultas, esta vez la petición se tramitará íntegramente en la carpeta digital, y además, se formará un cuaderno electrónico separado con las piezas necesarias.

3) En lo que dice relación con la admisibilidad del recurso de casación, se modificó el artículo 776, el cual, según lo que se estudió en su momento, contiene el primer examen de admisibilidad que debe realizarse respecto del recurso de casación. Se ha eliminado la obligación de remisión de los antecedentes originales y la de devolución de las copias o compulsas al tribunal encargado de la ejecución, para efectos de la ejecución del fallo.

Así como en el caso de la apelación, en el recurso de casación, se eliminó la obligación del recurrente de consignar el dinero suficiente para las respectivas fotocopias o consultas.

4) En la misma línea anterior, se eliminó otra obligación que antiguamente resultaba procedente, como es la de franquear la remisión del expediente material. Lo que resulta del todo, muy lógico. Ya no se remite nada, sino que a través de la carpeta digital. (Artículo 777).

5) Por último, se eliminó del recurso de casación, modificándose el artículo 779, en cuanto a la referencia que se hacía respecto de la apelación, respecto de la aplicación de los artículos 200 (antigua comparecencia); 201 (sanción por la incomparecencia) y de la prescripción del recurso.

De todo lo dicho, es que se puede concluir que respecto del recurso de casación, en sus dos variantes, se ha eliminado la obligación de comparecencia al tribunal “Ad Quem”, además de aquellas relativas al pago de las compulsas o fotocopias y de franqueo o remisión del expediente. En todo caso, existen algunos puntos que no fueron considerados por el legislador, como es el caso del artículo 780 del CPC que permite que: interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro del plazo para hacerse parte en el tribunal ad quem, que el recurso sea conocido y resuelto por el pleno del tribunal. La petición sólo podrá fundarse en el hecho que la Corte Suprema, en fallos diversos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso. Si se ha eliminado la obligación de comparecencia del recurrente, si ya no existe plazo para tales efectos, es que en principio se podría también entender que se ha eliminado consecuencialmente el plazo para realizar la solicitud a que se hace referencia en el citado artículo 780.

EL RECURSO DE QUEJA, EL OLVIDADO POR LA REFORMA DE LA LEY 20.886 SOBRE TRAMITACIÓN DIGITAL.


Conforme se ha detallado a lo largo de éste apunte, las principales modificaciones que se han realizado en la tramitación de los diversos recursos procesales, dicen relación con la eliminación de la obligación de hacerse parte y de la deserción de los respectivos recursos, como sanción procesal por el incumplimiento de obligaciones como la consignación del valor de las compulsas o fotocopias, del franqueo del expediente, de hacerse parte, entre otras. Por otro lado, se ha adecuado la remisión del expediente, y su tramitación a través de la actual carpeta digital.

Para tales efectos, el recurso de queja no fue considerado por la reforma legal, no hubo intención del legislador en tal sentido.

Problemáticas que se pueden suscitar:

1) Para efectos de la interposición del recurso, se requiere contar con un certificado emitido por el Secretario del Tribunal A Quo, y en él se debe individualizar la resolución recurrida, incluso con el señalamiento de las fojas en las que se encuentra en el expediente. Lo anterior, conforme a la tramitación digital actual, no resulta posible desde que los diferentes trámites de la carpeta electrónica, ya no se encuentran numerados por fojas, sino que tan sólo por fecha.

2) Respecto de la apelación de la resolución que falla el recurso de queja, conforme al artículo 551 del COT, El tribunal superior resolverá la apelación de plano, sin otra formalidad que esperar la comparecencia del recurrente y si se trata de un tribunal colegiado, en cuenta, salvo que estime conveniente traer los autos en relación.

Si tenemos en cuenta la eliminación de la obligación de comparecencia del apelante, atendida la reconfiguración del artículo 200 del CPC, cómo se dará por cumplido dicho requisito, en especial, teniendo en cuenta que también se eliminó la sanción establecida en caso de incomparecencia, esto es, la deserción del recurso de apelación

II. MODIFICACIONES AL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES. RESPECTO A LAS NUEVAS FUNCIONES DE SECRETARIOS Y RELATORES DE CORTE/ REGISTRO Y LIBROS JUDICIALES


Se sustituyó el artículo 220, por el que sigue:

Artículo 220.- Los secretarios de los tribunales colegiados llevarán electrónicamente un registro público de integraciones y de asistencia al tribunal, en el que anotarán diariamente los nombres de los miembros que no hayan asistido, con expresión de la causa de inasistencia, y de los funcionarios o abogados que hayan sido llamados a integrar, información que estará disponible en la página de internet del Poder Judicial. De la integración deberá dejarse testimonio en la respectiva carpeta electrónica.”

Se reemplazó, en el numeral 3° del inciso primero del artículo 372, sobre funciones de los relatores, la expresión “que se les entreguen” por “físicos o digitales que se les entreguen o asignen”.

Se sustituyó el número 2° del artículo 380, sobre las funciones de los secretarios, por el siguiente:

2° Dar a conocer las providencias o resoluciones a los interesados que acudieren a la oficina para tomar conocimiento de ellas, registrando en la carpeta electrónica las modificaciones que hicieren, y practicar las notificaciones por el estado diario.”

Se sustituye el artículo 384, relativo a los registros que deben llevar los Secretarios, por otro del siguiente tenor:

“Artículo 384.- Los secretarios estarán a cargo de la confección de los siguientes registros:

1° Un registro electrónico de las sentencias definitivas que se dicten en los asuntos civiles, contenciosos o no contenciosos, con la debida firma electrónica avanzada del juez o jueces involucrados.

También se incluirán en dicho registro electrónico las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. En los tribunales colegiados se formará el mismo registro electrónico señalado en los incisos precedentes.

2° El registro electrónico de los depósitos a que se refiere el artículo 517.

Un registro electrónico de las resoluciones relativas al régimen económico y disciplinario del juzgado, con la debida firma electrónica avanzada del juez o jueces involucrados.

Los demás que ordenen las leyes o el tribunal, los que deberán ser conformados electrónicamente.”

El artículo 386, fue enmendado de la siguiente manera:

a. Se reemplazó, en su encabezamiento, la palabra “libros”, por la expresión “registros electrónicos”.
b. Se elimina el numeral 4°.

Se sustituye, en el inciso segundo del artículo 392, la frase “escrita en el libro establecido en el inciso final del artículo 384”, por la siguiente: “registrada electrónicamente conforme a lo dispuesto en el número 3° del artículo 384”.

Se introdujeron, en el artículo 393, las siguientes modificaciones:

Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “en los autos respectivos” por “en la carpeta electrónica respectiva”.

Reemplázase, en su inciso tercero, el texto que señala: “retirar de la secretaría del tribunal las piezas del expediente que sean estrictamente necesarias para la realización de la diligencia que deban efectuar. El expediente o el respectivo cuaderno, en su caso, deberán devolverse a la secretaría del tribunal dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia, con la debida constancia de todo lo obrado”, por el siguiente: “acceder a las causas a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial para la realización de las diligencias que deban efectuar, debiendo dejar en la carpeta electrónica constancia de todo lo obrado”.

10. Se sustituyó en el inciso cuarto del artículo 517, el vocablo “libro” por “registro electrónico”.

11. Se reemplazó, en el inciso segundo del artículo 522, la palabra “libro” por “registro electrónico”.

12. Se sustituyó en el número 2° del inciso primero del artículo 531, la voz “libro” por “registro electrónico”.

Fuente del Texto: Torres Labbé, Leonel. Apunte Ley Nº20.886 sobre Tramitación Electrónica. 2016. Extraído desde página web del autor el 29 de enero de 2018.