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Representación Procesal

REPRESENTACIÓN


La representación procesal está regulada en la Ley 18.120, de 1982, sin perjuicio de lo dispuesto en el Libro I del Título II que lleva como epígrafe "De la comparecencia en juicio".

Según el artículo 4o del C. P. C., "Toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley", y esa ley, es la Ley 18.120.

Este cuerpo legal tiene una norma especial que establece que si no se tiene capacidad de pedir en juicio se debe actuar ante los tribunales por medio de un mandatario judicial que reúna los requisitos que exija la ley.

Excepcionalmente, el legislador permite la comparecencia personal, bastando poseer la capacidad judicial para comparecer.

1. PERSONAS QUE PUEDEN SER MANDATARIOS O PROCURADORES JUDICIALES


Pueden ser mandatarios o procurador judicial aquellas personas que según la Ley 18.120 tienen ius postulandi (Art. 2 de la ley 18.120):

1°. Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión: se entiende por tal, a aquel que no está suspendido del ejercicio profesional y se encuentra al día en el pago de la patente profesional, obligación, esta última, que se consagra en la Ley de Rentas Municipales.

Así, el artículo 32 de esta Ley dispone que se debe pagar como patente única anual el equivalente a una unidad tributaria mensual.

En los distintos tribunales, el Secretario requiere el comprobante respectivo.

2°. Procurador del número: el procurador del número es un auxiliar de la administración de justicia encargado de representar a las partes.

3°. Los postulantes designados por la Corporación de Asistencia Judicial: esta es una corporación de derecho público encargada de velar para que puedan tener representación ante los tribunales de justicia y defensa jurídica, las personas que carecen de los medios necesarios para contratar abogado.

4°. Estudiantes de Derecho de tercero a quinto ario: también tienen ius postulandi los estudiantes actualmente inscritos en tercer, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de alguna de las Universidades autorizadas.

5°. Egresados de derecho: los egresados de estas mismas facultades hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes, gozan igualmente del ius postulandi.

2. EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE DESIGNAR MANDATARIO JUDICIAL


Por excepción, no se requiere esta representación a través de las personas señaladas pudiéndose, por ende, actuar personalmente:

a) Cuando la ley exige la intervención personal de la parte: ello sucede, por ejemplo, cuando se solicita la confesión, o la intervención personal de la parte en la conciliación;

b) En aquellas comunas en que el número de abogados en ejercicio sea inferior a cuatro, hecho que determina la Corte de Apelaciones correspondiente. (Art. 2° inciso 9° Ley 18.120)

c) En los asuntos que conozcan determinados tribunales. (Art. 2° inciso 11° Ley 18.120)

d) En la solicitud de pedimento de minas que se solicita ante el tribunal, sin perjuicio de cumplirse esta exigencia en los trámites posteriores a que estas actuaciones den lugar. (Art. 2° inc. 10° Ley 18.120)

e) Cuando el juez ha autorizado a la parte para que comparezca y actúe personalmente atendida la naturaleza y cuantía del litigio, o las circunstancias que se hicieren valer, ello sin perjuicio de exigir la intervención de abogado si la corrección del procedimiento así lo aconsejare. (Art. 2° inc. 3° Ley 18.120)

Por otra parte, en aquellas ciudades en que rija la obligación referida y no existan entidades públicas o privadas que presten asistencia jurídica o judicial gratuita, las personas notoriamente menesterosas, a juicio del tribunal, serán representadas gratuitamente por el abogado de turno. (Art. 2° inc. final ley 18.120)

3. COMPARECENCIA ANTE LAS CORTES DE APELACIONES Y LA CORTE SUPREMA


Las disposiciones del artículo 2° de la Ley 18.120, se refieren al ius postulandi ante los tribunales de primera instancia sean ellos ordinarios, arbitrales o especiales, así lo dice el artículo Io, parte primera de la Ley, pero, no rigen tratándose de la comparecencia ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. (Art. 398 C. O. T.)

A. Comparecencia ante las Cortes de Apelaciones: ante esos tribunales se debe comparecer personalmente, representado por un abogado o representado por un procurador del número.

Se supone que esta tramitación es más simple, por eso se da lugar a la comparecencia personal, pero los alegatos, deben hacerse a través de abogado.

Si el litigante ha sido declarado rebelde en la segunda instancia, sólo puede comparecer y litigar a través de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o por medio de un procurador del número. La ley, en este caso, le priva de la comparecencia personal.

B. Comparecencia ante la Corte Suprema: en ella sólo puede comparecerse a través de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o por medio de procurador del número. (Art. 398 C. O. T.)

4. OBLIGACION DE DESIGNAR ABOGADO PATROCINANTE


Fuera de la representación por un mandatario, el litigante tiene la obligación de designar un abogado patrocinante en su primera presentación. Así lo establece el artículo 1° de la Ley 18.120.

El inciso 1° de ese artículo dispone que "la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal de la República, sea ordinario, arbitral o especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión".

Las personas con ius postulandi pueden representar a las personas enjuicio, pero sólo una de ellas, el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, puede asumir el patrocinio de estas gestiones ante cualquier Tribunal de la República.

5. EL PATROCINIO


a) Concepto: es el acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus derechos en juicio.

La diferencia con el mandato radica en que se encomienda la defensa de los derechos en juicio y no la representación.

El patrocinio es el contrato celebrado entre el cliente y el abogado, por medio del cual aquel encomienda a este la defensa de sus derechos en un juicio o asunto.

Al abogado le corresponde entonces la defensa y al procurador la representación. Pero el abogado tiene facultades para desempeñar cualquiera de esas figuras de manera excluyente o ambas simultáneamente.

b) Forma en que se entiende cumplida esta obligación: se entiende cumplida la obligación de designar abogado patrocinante por el hecho de poner el abogado su firma, indicando además su nombre, apellidos y domicilio.

Esta exigencia de dejar constancia, no constituye el contrato de patrocinio, ni siquiera constituye su aceptación. Es un simple acto procesal que da a entender que el abogado ha celebrado el contrato de patrocinio con su cliente, que lo ha aceptado y que asume desde esa constancia la defensa de los derechos enjuicio.

Ahora bien, si no se da cumplimiento a estos requisitos, esta presentación no puede ser proveída y se tiene por no presentada para todos los efectos legales.

c) Facultades de representación del patrocinante

La defensa, o sea el patrocinio, no origina ni significa por si misma representación.

La misión del patrocinante no es sustituir a la persona del litigante o interesado, sino tener la dirección superior del negocio judicial, esbozar las presentaciones, preparar las acciones y excepciones, adaptar o acomodar el derecho al caso concreto que se disputa.

En definitiva, el abogado patrocinante es el técnico del derecho, a la par que el procurador o mandatario judicial es el técnico del proceso.

Según el artículo 1° inciso 3° de la Ley 18.120, el abogado patrocinante puede tomar la representación de su patrocinado en cualquiera de las actuaciones, gestiones o trámites de las diversas instancias del juicio o asunto.

d) Extinción del patrocinio

El abogado conserva el patrocinio y su responsabilidad mientras en el proceso no haya testimonio de la cesación del mismo. El patrocinio puede terminar:

1°. Por renuncia: cuando el abogado, por su mera voluntad, pone término al vínculo representativo.

El abogado patrocinante debe poner en conocimiento del patrocinado la renuncia, junto con el estado del negocio, y conserva su responsabilidad hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento contado desde la notificación de la renuncia, a menos que se halla designado con antelación a otro patrocinante.

2°. Por revocación: el patrocinio termina por revocación cuando el patrocinado pone término al patrocinio constituido por su sola manifestación de voluntad. Esa revocación puede ser:

A. Revocación expresa: cuando el patrocinado manifiesta de manera explícita su voluntad de poner término al vínculo que lo liga con el patrocinante.

B. Revocación tácita: se produce cuando aparezca la ejecución de ciertos actos que manifiesten de manera implícita la voluntad para terminar el patrocinio.

3°. Por fallecimiento del patrocinante: termina por la muerte del abogado patrocinante.

En este caso, el interesado debe designar otro en su reemplazo en la primera presentación que haga, bajo la sanción de tenerse por no presentado el escrito para todos los efectos legales.

e) Excepciones a la obligación de nombrar patrocinio
No obstante lo imperativo de la obligación contenida en el artículo 1° de la Ley 18.120 de designar abogado patrocinante, la misma ley cuida de señalar una serie de situaciones excepcionales en que no se precisa la designación de abogado patrocinante. (Art. 2° incisos 9°, 10° y 11°)

6. EL MANDATO JUDICIAL


a) Definición y fuentes legales

El mandato judicial está regido por los artículos 6 y 7 del C. P. C., por el artículo 395 del C. O. T. y por algunas disposiciones del Código Civil.

En general el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

El artículo 395 del C. O. T. define, desde un punto de vista procesal, este mandato judicial expresando que es el acto por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio.

A este mandato judicial se le llama también procuraduría y el mandatario recibe el apelativo de procurador, mandatario judicial o apoderado.

b) Mandato con administración de bienes
Existe dentro de la Ley 18.120, en su artículo 2 inciso 7°, la posibilidad de otorgar un mandato con administración de bienes.

Cuando el mandato es con administración de bienes, puede conferirse al mandatario la facultad de comparecer enjuicio, pero si éste no es abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o procurador del número, debe delegarlo, en caso necesario, en persona que posea alguna de estas calidades.

c) Incumplimiento de la obligación de designar mandatario judicial

En caso que no se cumplan esta normas relativas a la constitución del mandato, el artículo 2° inciso 4° de la Ley 18.120, establece que si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato éste no estuviere legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución de aquél dentro de un plazo máximo de tres días.

Extinguido este plazo y sin otro trámite, se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales.

Las resoluciones que se dicten sobre esta materia no son susceptibles de recurso alguno.

d) Forma de constituir el mandato judicial

El artículo 6° inciso primero del Código de Procedimiento Civil dispone que: "El que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación.

Para obrar como mandatario se considerará poder suficiente:

1°. El constituido por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad;

2°. El que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro, y subscrita por todos los otorgantes; y

3°. El que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa.

En los Juzgados de Garantía, en los Juzgados del Trabajo, en los de Cobranza Laboral y Previsional y en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, corresponde al jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas del respectivo juzgado o tribunal autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones que la ley señale expresamente.

e) Facultades del mandatario

Para efectos del mandato judicial hay que distinguir tres clases de facultades: las facultades esenciales, que se conceden sin expresa mención y que son inherentes al mandato judicial; las facultades accidentales, que son aquellas que puede o no contener el mandato judicial; y facultades especiales que para que puedan ser ejercidas por el mandatario es preciso que se le confieran expresamente.

1°. Facultades esenciales

Son aquellas que la ley confiere al procurador para desenvolver de manera continua y normal la relación procesal sin que sea posible al poderdante regularlas a su voluntad y, por ende, las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten, son nulas.

A ellas se refiere el inciso primero del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil:

"El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto en el artículo 4° salvo que la ley exija intervención personal de la parte misma".

2°. Facultades accidentales

Son aquellas que pueden o no contener el mandato judicial y que, en definitiva, se reduce a una que señala el inciso primero del citado artículo 7°:

"Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad".

En el mandato judicial, éste puede delegarse obligando con ello al mandante, con la única limitante de no poder hacerlo si se le niega esa facultad.

La cláusula es accidental pues puede o no incluirse en el mandato; pero, si nada se dice, se entiende que puede delegarse el mandato.

Respecto de la delegación del mandato judicial hay que considerar que el delegado no puede a su vez delegar el mandato; no hay delegación de delegación. Si así se hiciere cabría sostener que el segundo delegado carece de representación.

3°. Facultades especiales

Son aquellas que requieren de una mención expresa y a las cuales alude el inciso segundo del artículo 7° del Código, a saber:

a) Desistirse en primera instancia de la acción deducida;
b) Aceptar la demanda contraria;
c) Absolver posiciones;
d) Renunciar los recursos o los términos legales;
e) Transigir;
f) Comprometer;
g) Otorgar a los árbitros facultades de arbitradores;
h) Aprobar convenios; e
i) Percibir.

El inciso segundo del artículo 7° señala que "Sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención", las facultades anotadas.

Sentido del vocablo sin expresa mención: tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que se cumple este requisito de hacer mención expresa de las facultades especiales cuando se utiliza por el poderdante la expresión genérica, como por ejemplo, si el mandante señala que otorga todas las facultades a que se refiere el artículo 7 inciso 2° del C. P. C.

Por el contrario, si el mandante no quiere conferir todas o algunas de las facultades especiales que se contemplan en la citada norma debe expresar que las excluye.

f) Causales de término del mandato

El mandato judicial, en principio, termina por las mismas causales que el mandato civil, las que se señalan en el artículo 2163 C. Civil.

Esta enumeración de las causales que motivan la expiración del mandato civil no son totalmente aplicables al mandato procesal, sino que, hay ciertas modificaciones:

a) El mandato judicial no termina por la muerte del mandante. (Arts. 396 y 529 C. O. T.)

b) Las causales de expiración del mandato judicial no operan de pleno derecho. El mandato, y por ende el mandatario, siguen invistiendo esa calidad en el juicio, aun cuando con el mérito de la ley sustantiva haya dejado de serlo.

Se mantiene la calidad de mandatario judicial hasta el momento en que en el proceso haya testimonio de haber expirado el mandato. (Art. 10 inc. 1° C.P.C.)

c) Si la expiración del mandato se debe a la renuncia del mandatario, éste está obligado a ponerla en conocimiento del mandante junto con el estado del juicio. (Art. 10 C.P.C.)

Se entiende vigente el mandato hasta que transcurre el término de emplazamiento contado desde la notificación de la renuncia al mandante. De ahí que deba dejarse constancia en el proceso de la renuncia, de la notificación al mandante de la misma y del estado del juicio.

7. AGENCIA OFICIOSA PROCESAL


El Código de Procedimiento Civil acepta, en ciertas condiciones, la comparecencia enjuicio por medio de un agente oficioso.

La agencia oficiosa procesal se regula en el artículo 6, incisos 3° y 4°, del C.P.C., que señalan:
"Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y fijará un plazo para la ratificación del interesado.

Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo tribunal, en conformidad a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa misma ley establece".

Se trata de casos en que se admite la comparecencia de una persona para que obre en nombre de otra sin poder. A esta persona se le llama gestor o agente oficioso.

El gestor o agente oficioso comparece sin mandato, no es mandatario, no es representante legal y, por ello, la persona por quien actúa no tiene la obligación de aceptar las intervenciones de ese gestor o agente oficioso.

Esta comparecencia oficiosa se conoce con el nombre de comparecer con fianza de rato.

En este caso, ese gestor debe ofrecer una fianza o garantía llamada fianza de rato o de ratificación porque garantiza que el interesado a cuyo nombre se comparece va a ratificar lo que haga este agente oficioso o gestor.

En segundo lugar, el tribunal debe calificar y apreciar las circunstancias del caso, como así la garantía que ofrece el gestor.

Si el tribunal acepta esa garantía, considerando fundadas las circunstancias que sirven de base a esta presentación, debe fijar un plazo dentro del cual el ausente debe proceder a ratificar todo lo obrado a su nombre.

Este agente oficioso debe ser persona capaz de comparecer ante el respectivo tribunal, de acuerdo con la Ley 18.120.

En el evento de carecer el agente oficioso de ius postulandi, deberá hacerse representar en la misma forma que esa ley establece (artículo 6 inc. final C.P.C.)

8. REPRESENTACION JUDICIAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS


Según el artículo 8 del C. P. C., son representantes legales de las personas jurídicas:

Sociedades Civiles o Comerciales: el gerente o administrador de ellas.

Corporaciones o Fundaciones: el Presidente de ellas.

Estos representantes tienen las facultades generales del mandato judicial que se contemplan en el artículo 7 inciso 1° del C.P.C. (facultades esenciales) no obstante cualquier limitación que se establezca en los estatutos o actas constitutivas de la sociedad o corporación.

Asimismo, deben obrar en juicio en los términos que establece la Ley 18.120 si no poseen el ius postulandi.


9. REPRESENTACION JUDICIAL DE LAS PERSONAS AUSENTES


En cuanto a la representación de los ausentes, la materia se regula en el artículo 11 del C. P. C.

Para los fines procesales, ausente es la persona que ha abandonado el territorio de la República.

Para precisar los efectos del ausente en la comparecencia enjuicio es menester distinguir entre:

A. Cuando hay motivo para temer que se ausente del país en breve tiempo: en este evento, puede exigírsele a esa persona, en el carácter de medida prejudicial, que constituya en el lugar donde vaya a entablarse el juicio un apoderado que la represente y que responda por las costas y multas en que eventualmente pueda ser condenada, todo ello bajo el apercibimiento de que si no lo hace, se le nombrará un curador de bienes. (Art. 285 C. P. C.)

B. Cuando se trata de una persona que se ausentó del país: en este caso hay que distinguir dos situaciones:

I. Si dejó constituido mandatario en forma voluntaria: nuevamente hay que hacer un distingo:

1. Si el mandatario está facultado para contestar demandas: se notifica a ese mandatario y se sigue el juicio con él. (Art. 11 C. P. C.)

2. Si el mandatario no está facultado para contestar demandas: en esta última posibilidad hay que hacer un subdistingo:

A. Si el ausente tiene domicilio conocido: se le deberá notificar la demanda mediante un exhorto.
B. Si el ausente no tiene domicilio conocido: debe asumir su representación el defensor de ausentes, también llamado defensor público, de obras pías y de beneficencia.

II. Si el ausente no dejó constituido mandatario: en este caso también hay que distinguir entre:

1. Si se ignora el paradero del ausente: en dicho caso se puede solicitar el nombramiento de un curador de ausentes, de acuerdo a los artículos 473 del C.O.T. y 845 del C. P. C.

2. Si se conoce el paradero del ausente: debe notificársele la demanda medíante el correspondiente exhorto.

10. INTERRUPCION DE LA INSTANCIA


La instancia puede interrumpirse sea que se litigue personalmente o a través de un representante legal.

Hay que distinguir dos situaciones:

1°. Por fallecimiento de la parte que litiga personalmente (Art. 5 C. P. C.): de acuerdo con los términos de esta norma, en el caso de fallecer la parte que obra personalmente en el juicio, que obra por sí misma, se producen dos efectos:

a) La suspensión o paralización de pleno derecho, por el sólo ministerio de la ley, de la tramitación del juicio en el día y hora exacta en que la parte murió, aun cuando no lo sepa el juez ni la contraparte.

b) Debe pedirse que se notifique a los herederos de la parte fallecida la existencia y estado del juicio.
Los herederos deben comparecer a hacer uso de su derecho en un plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas.

Si la parte que fallece está litigando a través de un procurador o mandatario judicial, su muerte es irrelevante para los fines procesales, ello porque el mandato judicial no se extingue por la muerte del mandante.

2°. Por término de la representación legal de una persona (Art. 9 C. P. C.): al tenor de esta norma puede interrumpirse la instancia por término de la representación legal.

El representante legal de otro deja de serlo tan pronto como suceden aquellos hechos que en concepto de la ley sustantiva ponen término a la representación. Por ejemplo, el del padre cuando el hijo llega a la mayoría de edad o se emancipa.

Con todo, y mirado desde el punto de vista del Derecho Procesal, esa situación de la ley sustantiva no es suficiente, sino que, se precisa de algo más que el simple cumplimiento de esos hechos para hacer cesar la representación legal.

Se requiere que en el expediente conste que la representación cesó o bien que comparezca al juicio el representado.

Con esta exigencia extra que coloca la ley procesal se quiere impedir que el representado quede en la indefensión después de haber cesado la representación.

En consecuencia, al tenor del artículo 9 del C. P. C., la representación no cesa de inmediato sino que continúa hasta que en el proceso conste una de las dos circunstancias aludidas.

El representante está obligado a gestionar para que se practique esa notificación dentro del plazo que el tribunal designe, bajo sanción de pagar una multa y de abonar los perjuicios que resulten.

Cabe advertir que en este artículo 9 del C. P. C. no se comprende la situación del fallecimiento del representante legal ni hay tampoco disposición alguna que lo contemple.

De allí, entonces, que hay quienes piensan que podría aplicarse al artículo 5 del C. P. C. si el representante legal litigaba personalmente, puesto que si ese representante legal litigaba a través de un procurador, su muerte no pone fin al mandato judicial y no hay interrupción de la instancia en consecuencia.

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