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Introducción al Proceso Penal

INTRODUCCION AL PROCESO PENAL


El proceso judicial es un conjunto sucesivo de actos emanados de las partes y del juez para resolver un conflicto de relevancia jurídica, actos que se desarrollan de acuerdo a las normas de procedimiento que la ley señala.

El sistema procesal penal, antes que nada, es un mecanismo racional de investigación, persecución y juzgamiento de las conductas humanas que lesionan bienes jurídicos penalmente tutelados, estableciendo un régimen de garantías que fija los límites más allá de los cuales la actividad persecutoria estatal no puede extenderse sin vulnerar ilegítimamente los derechos individuales de las personas.

1. PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL CODIGO


El Código Procesal Penal consagra los siguientes principios básicos que lo inspiran: juicio previo y única persecución (art. 1), juez natural (art. 2), exclusividad de la investigación penal (art. 3), presunción de inocencia del imputado (art. 4), legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad (art. 5), protección de la víctima (art. 6), calidad de imputado (art. 7), 8. ámbito de la defensa (art. 8), autorización judicial previa (art. 9), cautela de garantías (art. 10), aplicación temporal de la ley procesal penal (art. 11), intervinientes(art. 12) y a los efectos en Chile de las sentencias de tribunales extranjeros. (Art. 13)

2. ACTIVIDAD PROCESAL


a) Normas sobre los plazos


1. Todos los días y horas son hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenden los plazos por la interposición de días feriados.

No obstante, cuando un plazo de días concedido a los intervinientes venza en día feriado, se considerará ampliado hasta las 24 horas del día siguiente que no sea feriado. (Art. 14)

2. Los plazos de horas establecidos en el Código comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fija su iniciación, sin interrupción. (Art. 15)

3. Los plazos son fatales e improrrogables, a menos que se indique expresamente lo contrario. (Art. 16)

4. El que, por un hecho que no le sea imputable, por defecto en la notificación, por fuerza mayor o por caso fortuito, se ha visto impedido de ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por la ley, puede solicitar al tribunal un nuevo plazo, que le puede ser otorgado por el mismo período, debiendo formularse la solicitud dentro de los 5 días siguientes a aquél en que ha cesado el impedimento. (Art. 17)

5. Los intervinientes en el procedimiento pueden renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos a su favor, por manifestación expresa. Si el plazo es común, la abreviación o la renuncia requerirán del consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal. (Art. 18)


b) Normas sobre las comunicaciones entre autoridades


El Código, en sus artículos 19 a 21, proporciona diversas normas sobre esta materia entre las que cabe mencionar que todas las autoridades y órganos del Estado deben realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requieran el ministerio público y los tribunales con competencia penal.

c) Disposiciones acerca de las comunicaciones y citaciones del ministerio público


1. cuando el ministerio público esté obligado a comunicar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, debe hacerlo, bajo su responsabilidad, por cualquier medio razonable que resulte eficaz, siendo de su cargo acreditar las circunstancias de haber efectuado la comunicación.

Si un interviniente prueba que por la deficiencia de la comunicación se ha encontrado impedido de ejercer oportunamente un derecho o desarrollar alguna actividad dentro del plazo establecido por la ley puede solicitar un nuevo plazo, el que le será concedido por el mismo período, debiendo solicitarse dentro del plazo de 5 días siguientes a aquél en que ha cesado el impedimento. (Art. 22 > 17)

2. Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el Fiscal requiera la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo.

Si la persona no comparece, el fiscal puede ocurrir ante el juez de garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su presencia.

Con todo, el fiscal no puede recabar directamente la comparecencia personal de las personas o autoridades exceptuadas de la obligación de comparecencia y si la declaración de dichas personas o autoridades es necesaria, procederá siempre previa autorización del juez de garantía y conforme lo establece el artículo 301, es decir, interrogándolas en el lugar en el que ejercen sus funciones o en su domicilio o por informe, dependiendo de la autoridad de que se trate.


d) Normas sobre notificaciones y citaciones judiciales


1. Funcionarios habilitados: las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios del tribunal que ha expedido la resolución, que hayan sido designados para cumplir esta función por el Juez Presidente del Comité de Jueces, a propuesta del administrador del tribunal.

El tribunal puede ordenar que una o más notificaciones determinadas se practiquen por otro ministro de fe o, en casos calificados y por resolución fundada, por un agente de policía. (Art. 24)

Para el efecto de las notificaciones, en su primera gestión en el procedimiento los intervinientes deben ser conminados por el juez, por el ministerio público, o por el funcionario público que practique la primera notificación, a indicar un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcione el tribunal respectivo y en el cual puedan practicárseles las notificaciones posteriores y, asimismo, deberán indicar cualquier cambio de domicilio.

En caso de omisión, de cualquier inexactitud o de inexistencia de domicilio, las resoluciones se notificarán por el estado diario. (Art. 26)

Para tal efecto, los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos de esta circunstancia, lo que se hará constar en el acta que se levante.

El mismo apercibimiento se debe formular al imputado que sea puesto en libertad, a menos que ello sea consecuencia de un sobreseimiento definitivo o de una sentencia absolutoria ejecutoriados. (Art. 26)

2. Notificaciones al Ministerio Público: debe ser notificado en sus oficinas, para lo cual deberá indicar su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal e informar de cualquier cambio del mismo. (Art. 27)

3. Notificaciones a otros intervinientes: cuando un interviniente en el procedimiento cuente con defensor o mandatario constituido en él, las notificaciones deberán ser hechas solamente a éste, salvo que la ley o el tribunal dispongan que también se notifique directamente a aquél. (Art. 28)

4. Notificaciones al imputado privado de libertad: deben realizarse en persona en el establecimiento o recinto en que permanece, aunque éste se halle fuera del territorio jurisdiccional del tribunal y cumpliéndose las demás exigencias que señala la ley. (Art. 29)

5. Notificaciones de las resoluciones en las audiencias judiciales: las resoluciones dictadas en las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hayan asistido o debido asistir a las mismas y de ellas se dejará constancia en el estado diario. (Art. 30)

6. Otras formas de notificación: cualquier interviniente en el procedimiento puede proponer para sí otras formas de notificación, que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultan suficientemente eficaces y no causan indefensión. (Art. 31)

7. Aplicación supletoria: en lo no previsto en el Código, las notificaciones que hayan de practicarse a los intervinientes en el procedimiento, se rigen por las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, es decir, las normas contenidas entre los artículos 38 y 58. (Art. 32)

8. Citaciones judiciales: cuando sea necesario citar a alguna persona para llevar a cabo una actuación ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordena su comparecencia.

Si el imputado no comparece injustificadamente, el tribunal puede ordenar que él sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.

En el caso de testigos, peritos u otras personas cuya presencia se requiere y no comparecen, pueden ser arrestados hasta la realización de la actuación por un máximo de 24 horas e imponérseles, además, una multa de hasta 15 unidades tributarias mensuales.

Si se trata del defensor o del fiscal que no comparecen, son sancionados con suspensión del ejercicio de la profesión hasta por 2 meses. (Art. 33 > 287)

9. En cuanto al contenido de las notificaciones, ellas deben contener copia íntegra de la resolución de que se trate, con la identificación del proceso en el que recae, a menos que la ley expresamente ordene agregar otros antecedentes, o que el Juez lo estime necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio de sus derechos. (Art. 25)

e) Normas sobre resoluciones y otras actuaciones judiciales


1. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal puede ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordene y la ejecución de las resoluciones que dicte. Esto, es lo que se denomina poder coercitivo. (Art. 34)

2. La delegación de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieren la intervención del juez producirá la nulidad de las mismas. (Art. 35)

3. Es obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dicte, con excepción de aquellas que se pronuncien sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones tomadas.

El Código dispone que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación. (Art. 36)

4. Las resoluciones judiciales serán suscritas por el juez o por todos los miembros del tribunal que las dicte y si alguno de los jueces no puede firmar, se debe dejar constancia del impedimento.

No obstante lo anterior, basta el registro de la audiencia respecto de las resoluciones que se dicten en ella. (Art. 37)

Por su parte, el artículo 389 G del Código Orgánico de Tribunales, dispone: "Corresponderá al jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas del respectivo juzgado o tribunal autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones que la ley señale expresamente."

5. En cuanto al plazo para resolver los asuntos, el Código dispone que las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella; y las presentaciones escritas, serán resueltas por el tribunal antes de las 24 horas siguientes a su recepción. (Art. 38)


f) Registro de las actuaciones judiciales


1. Las normas generales que existen en esta materia, son que de las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal se debe levantar un registro, en todo caso, las sentencias y demás resoluciones que pronuncie el tribunal serán registradas en su integridad.
El registro se debe efectuar por cualquier medio apto para producir fe que permita garantizar la conservación y la reproducción de su contenido. (Art. 39)

2. El registro de las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía contendrá una relación resumida de la actuación, de modo tal que refleje fielmente la parte esencial de lo actuado y describa las circunstancias en las cuales la actuación se haya llevado a cabo.

Los intervinientes podrán pedir al Juez que se deje constancia en el registro de observaciones especiales que formulen.

La norma anterior no se aplica al registro de la audiencia de preparación del juicio oral, respecto de la cual, rige lo que se señalará enseguida. (Art. 40)

3. El juicio oral debe ser registrado en forma íntegra, por cualquier medio que asegure fidelidad. (Art. 41)

4. En cuanto al valor del registro del juicio oral, éste demostrará el modo en que se ha desarrollado la audiencia, la observación de las formalidades previstas para ella, las personas que hayan intervenido y los actos que se hayan llevado a cabo, sin perjuicio de lo establecido para la prueba de los recursos. (Art. 42 > art. 359)

La omisión de formalidades del registro solo lo privará de valor cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos contenidos en el mismo o de otros antecedentes confiables que den testimonio de lo ocurrido en la audiencia. (Art. 42)

5. Los registros, por otra parte, deben ser conservados, pues, mientras dure la investigación o el respectivo proceso, la conservación de los registros estará a cargo del juzgado de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal respectivo, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales.

Cuando, por cualquier causa, se vea dañado el soporte material del registro afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una copia fiel, que obtendrá de quien la tenga, si no dispone de ella directamente.

Si no existe copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido, y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso. En todo caso, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución. (Art. 43)

6. Respecto del examen del registro y la obtención de certificaciones, se contemplan las siguientes disposiciones:

a) Salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros;

b) Los registros pueden ser consultados por terceros cuando dan cuenta de actuaciones que sean públicas de acuerdo con la ley, a menos que, durante la investigación o la tramitación de la causa, el tribunal restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia;

c) En todo caso, los registros serán públicos transcurridos 5 años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos; y

d) A petición de un interviniente o de cualquier persona, el funcionario competente del tribunal expedirá copias fieles de los registros o de la parte de ellos que sea pertinente, con sujeción a lo expuesto precedentemente.

Dicho funcionario certificará, además, si se han deducido recursos en contra de la sentencia definitiva. (Art. 44)

g) Las costas


1. Toda resolución que ponga término a la causa o decida un incidente, debe pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento.
Las costas del procedimiento penal comprenden las procesales y las personales.

El Código, en sus artículos 45 a 51 alude a este tema.

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