Ejecución de las Sentencias Condenatorias y Medidas de Seguridad

Ejecución de las Sentencias Condenatorias y Medidas de Seguridad

EJECUCION DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


a) Intervinientes: el principio general es que durante la ejecución de la pena o de la medida de seguridad, solo pueden intervenir, ante el juez de garantía competente, el ministerio público, el imputado y su defensor.

El condenado o el curador, en su caso, pueden ejercer durante la ejecución de la pena o medida de seguridad todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria les otorgue. (Art. 466)

b) Tribunal Competente: la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal, son de competencia del Juzgado de Garantía que haya intervenido en el respectivo procedimiento penal. (Art. 113 inciso 2° del C.O.T.)

c) Cumplimiento de las resoluciones dictadas durante la substanciación de los recursos: los tribunales que conozcan de la revisión o de los recursos de apelación, casación o nulidad contra sentencias definitivas penales, ejecutarán los fallos que dicten para su substanciación.

Esos mismos tribunales pueden decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hayan intervenido en la tramitación de los recursos, reservando el de las demás para que sea decretado por el tribunal de primera instancia.


EJECUCION DE LAS SENTENCIAS


a) Normas aplicables a la ejecución de sentencias penales

La ejecución de las sentencias penales se efectúa de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 467 a 472 del Código; en el Código Penal y en las leyes especiales. (Art. 467)

b) Ejecución de la sentencia penal

1) Las sentencias condenatorias penales no pueden ser cumplidas sino cuando se encuentran ejecutoriadas: en tal caso, el tribunal debe decretar, una a una, todas las diligencias y comunicaciones que se requieran para dar total cumplimiento al fallo.

2) Si el condenado debe cumplir una pena privativa de libertad: el tribunal debe remitir copia de la sentencia, con el atestado de hallarse firme, al establecimiento penitenciario correspondiente, dando orden de ingreso.

3) Si el condenado estaba en libertad: el tribunal ordenará inmediatamente su aprehensión y, una vez efectuada, procederá conforme a la regla anterior.

4) Si la sentencia concedió una medida alternativa a las penas privativas o restrictivas de libertad consideradas en la ley: el tribunal debe remitir copia de la misma a la institución encargada de su ejecución.

5) El tribunal, asimismo, debe ordenar y controlen el efectivo cumplimiento de las multas y comisos impuestos en la sentencia, ejecutar las cauciones en conformidad con el artículo 147, cuando proceda, y dirigir las comunicaciones que correspondan a los organismos públicos o autoridades que deban intervenir en la ejecución de lo resuelto. (Art. 468)

c) Destino de las especies decomisadas

1) Los dineros y otros valores decomisados se destinan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

2) Si el tribunal estima necesario ordenar la destrucción de las especies, se lleva a cabo bajo la responsabilidad del administrador del tribunal, salvo que se le encomiende a otro organismo público. En todo caso, se debe registrar la ejecución de la diligencia.

3) Las demás especies decomisadas se deben poner a disposición de la Dirección General del Crédito Prendario para que proceda a su enajenación en subasta pública, o a destruirlas si carecen de valor. El producto de la enajenación también se destina a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

4) En los casos de los artículos 366 quinquies, 374 bis, inciso primero, y 374 ter del Código Penal, el tribunal destinará los instrumentos tecnológicos decomisados, tales como computadores, reproductores de imágenes o sonidos y otros similares, al Servicio Nacional de Menores o a los departamentos especializados en la materia de los organismos policiales que correspondan. (Art. 469)

d) Especies retenidas y no decomisadas

Transcurridos, a lo menos, 6 meses desde la fecha de la resolución firme que puso término al juicio, sin que hayan sido reclamadas por su legítimo titular las cosas corporales muebles retenidas y no decomisadas que se encuentran a disposición del tribunal, debe procederse de acuerdo a las reglas siguientes:

1°. Si se trata de especies, el administrador del tribunal, previo acuerdo del Comité de Jueces, las venderá en pública subasta. Los remates se pueden efectuar dos veces al año.

2°. El producto de los remates, así como los dineros o valores retenidos y no decomisados, se destinan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

3°. Si se ha decretado en la causa el sobreseimiento temporal o la suspensión condicional del procedimiento, el plazo de 6 meses señalado, se aumenta a 1 año. (Art. 470)

4°. Las especies que se encontraren bajo la custodia o a disposición del Ministerio Público, transcurridos a lo menos seis meses desde la fecha en que se dictare alguna de las resoluciones o decisiones a que se refieren los artículos 167, 168,170 y 248 letra c), de este Código, serán remitidas a la Dirección General del Crédito Prendario.

5°. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no tiene aplicación tratándose de especies de carácter ilícito. En tales casos, el fiscal solicitará al juez que le autorice proceder a su destrucción.

e) Control sobre las especies puestas a disposición del tribunal

En el mes de junio de cada año, los tribunales con competencia en materia criminal presentarán a la respectiva Corte de Apelaciones un informe detallado sobre el destino dado a las especies que hayan sido puestas a su disposición. (Art. 471)

f) Ejecución Civil

Para el cumplimiento de la decisión civil de la sentencia, rigen las disposiciones sobre ejecución de las resoluciones judiciales que establece el Código de Procedimiento Civil. (Art. 472)

Esta norma se relaciona con el artículo 243 del Código respecto a los efectos civiles de los acuerdos reparatorios.
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