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Acción de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.


Es la acción pública que da inicio al proceso tendiente a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal determinado, bajo el presupuesto procesal que se haya declarado previamente inaplicable exactamente el mismo precepto por sentencia del TC, y cuyo objeto es obtener tal declaración por la mayoría de cuatro quintos de los Ministros del TC, resolviéndose así su expulsión y derogación del ordenamiento jurídico sin efecto retroactivo.

Proceso constitucional de declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal.

Los arts. 93 N° 7, su inc. 12° y el art. 94; junto al párrafo 7° de la LOC TC establecen esta facultad del TC y su procedimiento, según se indicará.

(i) Inicio del procedimiento.


El proceso ante el TC puede ser iniciado de oficio o por acción pública. De oficio “lo declarará en una resolución fundada, que individualizará la sentencia de inaplicabilidad que le sirve de sustento y las disposiciones constitucionales transgredidas” (art. 94 LOC TC). Por el contrario, si se promueve mediante acción pública “la o las personas naturales o jurídicas que la ejerzan deberán fundar razonablemente la petición, indicando precisamente la sentencia de inaplicabilidad previa en que se sustenta y los argumentos constitucionales que le sirven de apoyo” (art. 95 LOC TC).

(ii) Algunos aspectos de su tramitación.


En el entendido que se cumplen los requisitos básicos, o salvados los defectos formales que permitan admitir a trámite el requerimiento, el TC, actuando en sesión de pleno, deberá declarar la admisibilidad del mismo. La inadmisibilidad sólo puede fundarse en la inexistencia de una sentencia previa referida exactamente al mismo precepto legal declarado inaplicable con anterioridad, en el entendido que sus términos representan una unidad normativa coherente (STC R. 2478-13). Asimismo, también podrá declararse la inadmisibilidad “cuando la cuestión se funde en un vicio de inconstitucionalidad distinto del que motivó la declaración de inaplicabilidad del precepto impugnado” (art. 97 LOC TC). Definida su admisibilidad se notificará a los órganos constitucionales interesados para sus observaciones y el envío de los antecedentes que estimen convenientes. Terminadas estas diligencias se produce la vista de la causa en las que se forman audiencias públicas [PEÑA TORRES, 2011: 72 y ss.]. Luego se produce la definición del acuerdo y la dictación de la sentencia dentro de 30 días prorrogables por otros 15 días más desde que se concluya la tramitación de la causa.

(iii) Quorum.


La declaración de inconstitucionalidad de una ley es estimada como un acto normativo profundamente excepcional dentro del ordenamiento constitucional, especialmente, por ser un acto auténticamente contrario a la deliberación democrática de la ley. Por lo mismo, para su resolución se exige el máximo quórum que determina la Constitución para la adopción de una decisión, esto es, por los cuatro quintos de los Ministros del TC.

(iv) Efectos.


El precepto legal declarado inconstitucional “se entenderá derogado desde la publicación en el Diario oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo” (art. 94, inc. 3°). La naturaleza sui generis de la derogación y de su efecto importa diferenciarla de una derogación común de la ley. La derogación constitucional tiene por fundamento un vicio insalvable de contrariedad con la Constitución. En cambio, el legislador define el cambio derogatorio por criterios de mérito y oportunidad política. en tal sentido, “es posible hacer un paralelo entre la derogación por inconstitucionalidad efectuada por el Tribunal Constitucional y la derogación efectuada por el legislador, con la invalidación y la revocación de un acto administrativo que efectúa la Administración. unas situaciones se basan en un vicio y las otras, en cambio, en una valoración de mérito” (STC R. 1710-10, c. 171°). La in- constitucionalidad es un pronunciamiento sobre la validez de la norma, mientras que la derogación dice relación con el cese de la vigencia de la misma, que generalmente es ex nunc. en este sentido, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es la invalidez, pero para expresar que aquel tendrá efectos sólo hacia el futuro la Constitución establece que “se entenderá derogado”. el efecto derogatorio de la declaración de inconstitucionalidad entrega al TC una facultad que implica, siguiendo a Kelsen, entender su función como un “legislador negativo”, pues importa la revocación de la validez de una norma válida por otra norma [LETELIER, 2011: 216]. el efecto de expurgación es total: “La inconstitucionalidad declarada por sentencia de este Tribunal deriva en que el precepto legal viciado quede total, completa y definitivamente erradicado del ordenamiento jurídico en vigor, como si no existiese erga omnes desde la referida publicación” (STC R. 1552-09, c. 5°). este efecto sui generis abarca las relaciones contractuales que se definieran de buena fe con anterioridad a la declaración de inconstitucionalidad puesto que “si se admitiera el efecto ultractivo del precepto declarado inconstitucional, sería, entonces, un mandato legal el que limitaría y condicionaría los efectos de la exclusión dispuesta en la Constitución” (STC R. 1552-09, c. 9°). Ahora bien, las relaciones jurídicas iniciadas y concluidas bajo un régimen legal declarado posteriormente inconstitucional debe satisfacer los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica, “si bien la supremacía constitucional exigiría la expulsión de todas las normas que pugnen con la Constitución, la seguridad jurídica exige limitar dichos efectos para no afectar a quienes actuaron bajo la expectativa de que el marco legal vigente era regular” (STC R. 1710-10, c. 169°).

(v) Normas declaradas inconstitucionales.


El tribunal Constitucional ha declarado en cuatro oportunidades la inconstitucionalidad de determinados preceptos legales. el primer caso es el art. 116 del CTb (STC R. 681-06). otros preceptos derogados son el art. 171 del Código Sanitario relativo al solve et repete (STC R. 1345-09), la expresión “gratuitamente” del art. 595 del CoT relativo a la carga personal de los abogados del turno (STC R. 1254-08) y, finalmente, los numerales 1, 2, 3 y 4 del inc. tercero del art. 38 ter de la L.18.933 sobre la determinación del precio de los planes de salud privados basados en factores de riesgo de naturaleza discriminatoria (STC R. 1710-10).

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