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Acción de Reclamación por Privación o Desconocimiento de la Nacionalidad

ACCIÓN DE RECLAMACIÓN POR PRIVACIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD.


Acción constitucional establecida para tutelar el derecho a la nacionalidad frente a todo acto o resolución administrativa que prive o desconozca la nacionalidad chilena de una persona.

Historia constitucional.


Esta norma tiene algunos antecedentes legales y constitucionales previos. Será la L. 3.446 de 1918 la que dispuso en su art. 4 la existencia de una acción de reclamación al extranjero que fuere expulsado del territorio nacional. Era reclamable esta decisión ante la CS, por sí o por medio de cualquier persona, basado en el decreto que determine esta expulsión, teniendo un plazo de cinco días para interponerlo desde su publicación en el Diario oficial. una norma de similar naturaleza se replicó en el art. 89 del DL N° 1.094 de 1975, conocida como la actual Ley de Extranjería. No obstante, el antecedente más relevante está en la L. 12.548 de 1957, que reformó la Constitución de 1925, incorporando en el art. 6 N° 2, la acción de reclamación por cancelación de la carta de nacionalización. De esta cancelación “podrá reclamarse dentro del plazo de diez días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado. La interposición de este recurso suspenderá los efectos de la cancelación de la carta de nacionalización.”

Características de esta acción.


Es una garantía constitucional del derecho a la nacionalidad que se encuentra regulada en el art. 12. Esta acción es novedosa en el Derecho Constitucional chileno y latinoamericano.

La acción se dirige contra todo acto o resolución administrativa que prive o desconozca la nacionalidad chilena de un individuo. La Constitución establece un plazo de 30 días para recurrir ante la Corte Suprema por la vulneración del derecho (art. 12). La Corte conoce de la acción en pleno y actúa como jurado, apreciando los hechos y resolviendo en conciencia.

Esta acción tiene dos grandes fuentes que motivan su interposición. Por un lado, están los actos de privación de la nacionalidad. El propio art. 11 de la Constitución dispone algunas posibilidades en que acontecen estas privaciones. Está la propia cancelación de la carta de nacionalización (art. 11 N° 3) por acto administrativo. Y por otro lado, está la pérdida de la nacionalidad fundada en el “decreto supremo, en casos de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados” (art. 11 N° 2). Son los dos actos que se fundan en decisiones administrativas y que, pese a la perentoria expresión final del art. 11 de la Constitución, en el sentido que “los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley” no impide la interposición de la acción del art.12 de la Constitución. La ambigua configuración en que está fundada esta última causal, así como la historia que la precede en relación a privaciones arbitrarias de la nacionalidad de chilenos que tuvieron cargos de relevancia durante el Gobierno de la Unidad Popular, habilita plenamente la libertad para accionar ante la Corte Suprema.

La otra gran causal tiene que ver con el desconocimiento de la nacionalidad. A partir de la reforma constitucional del 2005 que amplió los criterios de doble nacionalidad y que redujo las modalidades de apatridia, se redujeron las hipótesis de desconocimiento. Estas son y, por orden de relevancia, las decisiones de la autoridad administrativa que desconoce la adquisición de la nacionalidad chilena de una persona por ius soli, considerándola hijo de “extranjero transeúnte”. También, el desconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad chilena de un extranjero como el no otorgamiento de la carta de nacionalización a quién cumple todos los requisitos. Finalmente, queda el desconocimiento de la adquisición de la nacionalidad chilena de una persona por ius soli considerando la autoridad administrativa que es un hijo de un extranjero que se encuentra al “servicio de su gobierno”. [GAETE MONTIEL, 2012: 109].

Regulación de la acción de reclamación privación o desconocimiento de la nacionalidad.


La interposición de la acción suspende los efectos del acto o resolución recurrida, por lo que el afectado conserva la nacionalidad chilena hasta que la CS se pronuncie en contrario o rechace el recurso (art. 12).

Interpuesta la reclamación, la CS debe asegurar el expedito ejercicio de la acción pidiendo, en primer término, un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores que debe ser evacuado en un plazo de diez días. una vez obtenido el informe o ante la expiración del plazo, la Corte recibe las observaciones y pruebas pertinentes que aporten cada una de las partes. Adicionalmente, y siempre funcionando en pleno, la Corte puede dictar medidas para mejor resolver, o resolver el asunto inmediatamente. La interposición de esta acción no impide el ejercicio de la acción de protección.

Esta acción se rige por un AA dictado el 26 de octubre de 1976 en un contexto diferente al actual. en tal sentido, la naturaleza de esta acción ha tendido a dirigirse más a casos de desconocimiento que de privación, siendo mucho más relevante el Informe del Ministerio del Interior y del Registro Civil que el Informe del ministerio de Relaciones exteriores, procediendo bajo estas reglas la Corte Suprema.

En los últimos 24 años se presentaron 37 acciones de reclamación por nacionalidad, las cuales han tendido a acogerse los últimos cinco años (11 casos). Normalmente se trata del desconocimiento o privación de la nacionalidad de hijos de extranjeros que son inscritos en el Registro Civil como “hijos de extranjeros transeúntes”, en circunstancias que sus padres, o uno de ellos, se encuentran plenamente integrados en la vida nacional por un buen lapso de tiempo, con el ánimo de residir en el país y sin la dimensión transitoria y eventual que se asocia a la condición de transeúnte (SSCS R. 14.657-13 y 10.897-13, entre otras).