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Acción o Recurso de Amparo

ACCIÓN O RECURSO DE AMPARO


Acción constitucional establecida para tutelar la libertad personal y seguridad individual frente a todo acto ilegal o contrario a la Constitución que represente una amenaza, perturbación o privación para el legítimo ejercicio de la misma.

La acción de amparo se conoce también como habeas corpus, expresión latina que significa “que tengas tu cuerpo [para exponer]” (RAE). Es una garantía constitucional del derecho a la libertad personal y seguridad individual establecido en el art. 19 N° 7 y se le llama también equivocada-mente “recurso” de amparo.

Los antecedentes de la acción de amparo se remontan a la Carta Magna inglesa de 1215. Se trata del primer texto positivo que estipula como necesario justificar la detención de un súbdito. El primer registro de la utilización de este recurso contra una autoridad establecida, se llevó a cabo en el reinado de Eduardo I de Inglaterra, en virtud del cual se le exigió al rey que rindiera cuentas acerca de los motivos por los cuales la libertad de un individuo era restringida.

En nuestro ordenamiento constitucional, la acción de amparo tiene antecedentes en el art. 104 de la Constitución de 1828, en cuanto habilitaba la declaración de culpabilidad del juez por atentado a la seguridad personal y la ausencia de explicación acerca de la causa de una detención. Sin embargo, será el art. 143 de la Constitución de 1833 y el art. 16 de la Constitución de 1925 los que estructuren los lineamientos generales de la acción de amparo. De esta manera, “todo individuo que se hallase preso o detenido ilegalmente por haberse faltado a lo dispuesto en los artículos 135, 137, 138 y 139 [de la Constitución], podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, reclamando que se guarden las formas legales. Esta magistratura decretará que el reo sea traído a su presencia, y su decreto será precisamente obedecido por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen los defectos legales y pondrá al reo a disposición del juez competente, procediendo en todo, breve y sumariamente, corrigiendo por sí, o dando cuenta a quien corresponda corregir los abusos” (art. 143 Constitución de 1833). La Constitución de 1925 prácticamente no innova en la manera en que adopta esta institución.

La acción de amparo se encuentra regulada en el art. 21 de la Constitución y comprende básicamente dos requisitos: la persona debe haber sido arrestada, detenida o presa y la privación de libertad debe ser producto de una infracción a lo dispuesto en la Constitución y las leyes. “El estudio de la jurisprudencia reciente refleja que [el habeas corpus] se ha extendido a otros casos en que no se recurre contra una resolución judicial o que la resolución judicial no es pronunciada en sede penal, por ejemplo: a) el de las personas, ya nacionales o extranjeras, que ven afectada, por la autoridad administrativa, su facultad constitucionalmente conferida de residir y transitar por el territorio nacional conforme al ordenamiento jurídico vigente, o la de entrar y salir del mismo; b) el de las personas privadas de libertad que resultan afectadas en el ejercicio de otros derechos conexos con la libertad personal y la seguridad individual, por razón de las condiciones carcelarias; y c) el de las personas perturba-das en su libertad personal.” [HENRÍQUEZ, 2013: 25].

La legitimación activa es amplia: pueden interponer esta acción el propio interesado o cualquiera a su nombre capaz de parecer en juicio y sin necesidad de mandato especial. Adicionalmente, no requiere patrocinio de abogado ni la designación de apoderado. La amplitud de la legitimación activa y el carácter desformalizado del escrito tienen por objeto configurar una acción expedita y eficaz para tutelar prontamente el derecho amenazado o afectado.

El tribunal tiene amplias potestades para velar por la libertad personal y la seguridad individual del sujeto, pudiendo ordenar que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la protección del afectado.

Regulación de la acción o recurso de amparo


La acción de amparo está regulada por un AACS de 19 de diciembre de 1932 y en normas del CpP, del COT (arts. 63 N° 2, 69 y 97), y del CJM (arts. 60 N° 3, 67 y 139). Esta es una acción constitucional distinta del amparo legal ante el juez de garantía, establecida en el art. 95 del CPP.
El tribunal competente para conocer de una acción de amparo es la Corte de Apelaciones respectiva (art. 307 del CpP). En principio, no hay un plazo determinado para interponer esta acción, por lo tanto, es procedente siempre que se configure la amenaza, perturbación o privación de la libertad personal del individuo. Una de las limitaciones formales a la garantía se encuentra a propósito del art. 306 del CpP: la acción se encuentra subordinada a que no se hayan “deducido otros recursos legales”.

De acuerdo al art. 315 del CpP, no podrá deducirse la acción de amparo cuando la privación de la libertad hubiere sido impuesta como pena por autoridad competente, ni contra la orden de detención o de prisión preventiva que dicha autoridad expidiere en la secuela de una causa criminal, siempre que hubiere sido confirmada por el tribunal correspondiente.

Respecto a su tramitación ante las Cortes de Apelaciones, la ley ha conferido para su vista y fallo preferencia sobre las causas ordinarias, debiendo ser resuelta en 24 horas. una vez ingresada la acción y con la cuenta del relator, el ministro de la sala debe solicitar de forma urgente un informe de la detención o prisión que motivó la acción. Evacuado dicho informe, o vencido el plazo razonable que el tribunal haya señalado para su emisión, se traerán los “autos en relación” (decreto que no necesita ser notificado). Luego de la vista de la causa, se cierra el debate y la acción debe fallarse en un plazo de 24 horas, el cual puede ser ampliado en determinadas circunstancias.

El tribunal, antes de dictar sentencia, puede adoptar las siguientes medidas: (i) ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención (art. 21); (ii) comisionar a alguno de sus ministros para que, trasladándose al lugar en que se encuentra el detenido o preso, oiga a éste, y, en vista de los antecedentes que obtenga, disponga o no su libertad o subsane los defectos reclamados (art. 309 CpP) y; (iii) solicitar el envío inmediato de los autos originales en que se dictó la resolución recurrida.

La sentencia que resuelve la acción de amparo puede dictaminar, dependiendo de la situación, alguna de las siguientes cuestiones: (i) ordenar la inmediata libertad del arrestado, detenido o preso; (ii) dejar sin efecto la resolución impugnada; (iii) ordenar corregir los defectos o irregularidades, y en general; (iii) “adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”. La decisión de la Corte de Apelaciones puede ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas, contados desde su notificación.