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Acción Penal

ACCIÓN PENAL.


Se puede entender que la acción penal es aquella que nace a partir de un delito para su persecución judicial y que da inicio a un proceso penal. el concepto de acción penal no está definido por el legislador. el CpP señala que el fin de la acción penal es “impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar, en su caso, el delito que resulte probado” (art. 10 CpP). La actual legislación procesal penal clasifica las acciones penales en públicas y privadas (art. 53 CPP) y acción pública previa instancia particular (art. 54 CPP), que constituye una acción mixta.

Según lo dispuesto por el legislador, por regla general la acción penal se puede entablar únicamente contra las personas naturales responsables del delito y nunca en contra personas jurídicas (art. 58 CPP). excepcionalmente, la L. 20.393 establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, en relación a delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público.

La Constitución emplea el concepto de acción penal para circunscribir las potestades del ministerio Público y para establecer un derecho a la acción para las víctimas de un delito. en consecuencia, no existe un monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal.

En el primer caso, el mP puede ejercer la acción penal pública en la forma establecida por la ley por hechos que revisten los caracteres de delito (art. 83, véase “ministerio Público”). en el segundo caso, el ofendido por el delito y las demás personas que establece la ley pueden ejercer la acción penal pública (art. 83, inc. 2°). el TC ha estimado que la Constitución asegura un derecho constitucional a la acción para las víctimas de delitos (STC R. 815-08).

Finalmente, en el caso de las causas cuya competencia corresponde a los tribunales militares, la acción penal pública se ejerce en conformidad a lo dispuesto en el CJM (art. 83, inc. final).

Clasificación de la acción penal.


La acción penal puede ser pública o privada. La acción penal pública es la regla general puesto que está dispuesta “para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial la cual deberá ser ejercida de oficio por el ministerio Público” (art. 53, inc. 2° CPP). Sin embargo, esta acción puede ser ejercida además por las personas que determine la ley, como es el caso de la víctima. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. La acción penal privada, por otro lado, “sólo podrá ser ejercida por la víctima” (art. 53, inc. 3° CPP).

La acción penal pública, previa instancia particular requiere que el hecho constitutivo de delito haya sido, al menos, denunciado por el ofendido (art. 54 CPP).