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Acciones de Salud

ACCIONES DE SALUD.


Son los ámbitos de protección del derecho a la salud que el legislador garantiza mediante prestaciones promocionales, protectoras, recuperativas y rehabilitadoras de la misma, que constituyen el objeto del derecho constitucional contemplado en el art. 19 N° 9. Las acciones de salud constitucionalmente reguladas son cuatro: acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación del individuo.

Las acciones de promoción son las iniciativas de impulso o fomento a las atenciones y cuidados respectivos de salud, como son las campañas educativas sobre prevención, higiene y salubridad dirigidas a la población fomentando el autocuidado (art. 131 DFL N° 1/2005 Ministerio de Salud). Las acciones de protección de la salud son prestaciones de atención o cuidado como procedimientos masivos de vacunación, exterminio de fuentes de enfermedades, decomiso de alimentos en mal estado, combate a la drogadicción, etc. (art. 131 DFL N° 1/2005 Ministerio de Salud). Las acciones de recuperación son aquellas prestaciones médicas destinadas a curar a una persona y superar su urgencia (art. 131 DFL N° 1/2005 Ministerio de Salud). Finalmente, las acciones de rehabilitación de la salud son las prestaciones posteriores a la recuperación y que tienen por objeto restablecer la funcionalidad del cuerpo o de partes de éste, como la acción kinesioterapéutica post intervención quirúrgica de una cadera, etc. (art. 131 DFL N° 1/2005 Ministerio de Salud).

Sin perjuicio de lo anterior, existen otras definiciones y clasificaciones de acciones de salud relevantes. Las acciones de prevención son prestaciones que tienen por objeto reducir las morbimortalidades o sufrimientos, debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias como el examen de medicina preventiva, etc. (art. 138 letra a) DFL N° 1/2005 Ministerio de Salud). Asimismo, las acciones paliativas son cuidados que mejoran la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan el tratamiento de enfermedades con riesgo vital, a través de la prevención y alivio del dolor, y de otros problemas físicos, psicosociales o espirituales [OMS, 1998].

El deber del Estado, en relación a estas acciones, es de proteger su libre e igualitario acceso y de coordinar y controlarlas. La Constitución establece en el art. 19 N° 9, además, un deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud.