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Acciones Judiciales contra Ministros de Estado

ACCIONES JUDICIALES CONTRA MINISTROS DE ESTADO.


Es el antejuicio del Senado para habilitar el ejercicio de acciones que persigan la responsabilidad civil de los Ministros de Estado, por actos personales e injustos de éstos en el ejercicio de su cargo y siempre que se deriven perjuicios en contra del particular demandante.

Dentro de las atribuciones exclusivas del Senado se encuentra la facultad de decidir “si ha o no lugar la admisión de acciones judiciales civiles que cualquier persona natural o jurídica, pretenda iniciar en contra de un Ministro, con motivo de perjuicios que pueda haber sufrido injustamente, por acto de éste en el desempeño de su cargo” (art. 53 N° 2).

Esta facultad figuraba ya en las Constituciones de 1833 (art. 99) y 1925 (art. 42, N° 2) y tiene por finalidad evitar que los Ministros de Estado vean entorpecida su función por demandas infundadas o que no se sustenten en antecedentes razonables. Esta autorización previa es exigida ante acciones u omisiones comprendidas en un acto personal del Ministro en el ejercicio de sus funciones, no se trata, pues, de un privilegio. Por tanto, las acciones u omisiones referentes a su vida privada se rigen por el Derecho común sin requerir de la autorización del Senado. Si la acción impetrada no es admitida, el solicitante queda privado de toda acción jurisdiccional.

Examen del Senado.


El examen que efectúa el Senado consiste en una apreciación externa del asunto, sin pronunciarse sobre el fondo del mismo. Sin embargo, debe verificar lo siguiente: (i) que se trate de un acto personal del Ministro; (ii) que haya sido efectuado en el desempeño de su cargo; (iii) y que existan fundamentos plausibles para un litigio.

Durante la Constitución de 1980 se han entablado en cuatro oportunidades estas acciones. Contra todos los Ministros de Estado en 1991, por haber destituido a la rectora de la Universidad de Playa Ancha mediante un decreto de insistencia del Presidente Aylwin. En el año 2005 contra los Ministros del Interior y de obras Públicas, José Miguel Insulza y Carlos Cruz, respectivamente, por el proceso de transformación de los puertos. en el año 2008 contra el ministro René Cortázar, por el daño a los usuarios en la implementación del Plan Transantiago de reformulación del sistema de transporte público capitalino. Y en el año 2012 contra la ministra Carolina Schmidt por afirmaciones en contra de un particular por violencia intrafamiliar. todas fueron desestimadas. en cambio, durante la vigencia de la Constitución de 1925 sí hay casos de autorización, por ejemplo, contra el ministro de tierras y Colonización, señor Rolando merino en 1941, así como decenas de rechazos. Cabe constatar un interesante informe de la Comisión de Constitución del Senado en 1961, en una acusación en contra del ministro de Defensa Nacional señor Carlos Vial. en éste, la mayoría de la Comisión estimó que “el Senado no puede decidir que ha lugar a la admisión de la acusación sin entrar al fondo de la misma, ya que el ejercicio de la facultad conferida por el N° 2 del artículo 42 de la Carta Fundamental no sólo representa un pase o autorización para que el particular ocurra ante la justicia ordinaria, sino que importa la calificación de los actos del ministro y su aceptación, aparte de representarle a éste una responsabilidad definitiva, que no puede desconocer el Poder Judicial, cuya órbita queda circunscrita a determinar la especie y monto de los perjuicios sufridos por el recurrente [...] Por lo demás, así quedó establecido en resolución de la Corte Suprema de 24 de septiembre de 1943, la cual estimó que el acuerdo del Senado tenía carácter de sentencia firme sobre la responsabilidad del ministerio, limitándose los tribunales a fijar la especie y el monto de los perjuicios, pero sin que pueda volver a juzgar lo que el Senado ya juzgó” [ACUÑA, 1971: 389].

Procedimiento.


El Reglamento del Senado (arts. 198 a 204) regula el procedimiento para el ejercicio de esta atribución. una vez impetrada una acción judicial contra un ministro de Estado, se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta para que informe dentro de 15 días a la Sala. una vez transcurrido el plazo, la Comisión señalará el día en que conocerá del asunto, y cuándo se citará al ministro en cuestión. El Senado toma conocimiento por medio de la relación del Secretario, y también por la versión que entregue en la Sala el ministro o su abogado. El Presidente fija y anuncia el día de votación, o bien, cuando lo amerite puede enviar nuevamente los antecedentes a la Comisión para que ésta presente un informe. En la votación, el Senado se pronuncia por separado y por mayoría respecto de cada uno de los cargos. Si se acoge la solicitud, se procede al desafuero del Ministro y se da copia autorizada de la resolución y de los antecedentes al peticionario.