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Acto Administrativo

ACTO ADMINISTRATIVO.


El concepto de acto administrativo es uno de los elementos fundacionales del Derecho Administrativo y, por ello, no está exento de discusión.

En la legislación vigente, la LBPA define acto administrativo circunscrito a su ámbito de aplicación. En virtud de lo dispuesto en tal ley, acto administrativo corresponde a “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones.” (Art. 3 LBPA).

Si bien esta definición tiene una aplicación restringida, para efectos de la Administración del estado, tiene un carácter lo suficientemente general. Las definiciones doctrinales de acto administrativo, por otra parte, comparten o amplían los elementos de esta definición legal. Se estima que el acto administrativo está compuesto por los siguientes elementos constitutivos, a saber: (i) titular: autor dotado de potestad jurídica reglada o discrecional; (ii) motivación: fundamentación del acto; (iii) objeto: efecto material o jurídico que produce; (iv) fin: resultado que se aspira con el acto, y; (v) manifestación de voluntad: decisión que consiste en querer la realización del objeto con consideración al motivo y al fin.

Regulación constitucional.


El concepto de acto administrativo es relevante para entender el alcance de las potestades del Presidente de la República, por un lado, y los mecanismos de control y de responsabilidad que establece la Constitución. En primer lugar, el art. 32 N° 6 establece que es atribución especial del Presidente de la República ejercer “la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes.”

A lo anterior, es preciso agregar que una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados es declarar “si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra”, entre otros, del “Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.” (Art. 52, N° 2, letra a).

Por su parte, el artículo 63 N° 18 dispone que sólo la ley puede regular las materias que “fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública”. La propia Constitución regula algunos actos administrativos (decretos supremos, reglamentos, decretos por “orden del Presidente de la República” e instrucciones) así como las formalidades y efectos de su suscripción (arts. 35 y 36 de la Constitución). A su vez, el TC debe resolver la “constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99.” (Art. 93, N° 9). Adicionalmente, el TC debe resolver la “constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63.” (Art. 93, N° 16).

Jurisprudencia del TC.


En STC R. 2153-11 el TC estableció, entre otras cosas, que “la Ley de Procedimiento Administrativo reconoce, en lo que aquí interesa, tres tipos de actos administrativos. En primer lugar, están aquellos que deciden. En este sentido, esta ley regula la resolución que pone término a un procedimiento (artículo 41). En segundo lugar, se encuentran los actos de constancia. Estos no resuelven nada, sino que se limitan a certificar la existencia de un hecho o de un acto (artículo 3°, inc. sexto). Finalmente, se encuentran los actos de juicio o de dictamen. Estos son aquellos en que un órgano administrativo expresa “el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas” (artículo 38). Estos dictámenes pueden ser facultativos y, por tanto, pueden o no requerirse por el órgano llamado a resolver; o pueden ser obligatorios. En este caso, el órgano que resuelve debe solicitarlo, generándose un vicio en el procedimiento si se omite requerirlo (artículos 37 y 38). Ahora, estos informes deben ser analizados al momento que la Administración resuelva, “apreciándose en conciencia” (artículo 35).” (STC R. 2153-11, c. 26°).

Por su parte, sobre la necesidad de juzgar la naturaleza del acto administrativo, para así determinar si el TC tiene competencia para conocer sobre determinado acto, la Magistratura constitucional ha manifestado que “la calificación jurídica de un acto administrativo determinado, cuya adecuación a la Carta Fundamental ha sido planteada a esta Magistratura para que ejerza el control de supremacía correspondiente, es, sin duda, un elemento intrínseco de la competencia que la Carta Fundamental le ha conferido para velar por el imperio, formal y sustantivo, de sus valores, principios y normas. Sostener la tesis contraria resulta absurdo, desde que presupone excluir del examen constitucional aludido cualquier norma que, sobre la base de la propia nomenclatura utilizada, decida sustraer el propio órgano sometido al control referido - cualquiera sea éste, la circunstancia o el motivo invocado - aun cuando dicha norma abarque materias que, precisamente, el Constituyente ha querido someter al control de esta Magistratura.” (STC R. 591-08, c. 14°).

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