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Acusación Constitucional

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.


Atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, con la cual se inicia el procedimiento que tiene por objeto hacer responsable jurídica y políticamente a autoridades o altos funcionarios del estado, por actos propios del cargo que desempeñan, en razón de los ilícitos establecidos taxativamente en la Constitución.

La acusación constitucional es la etapa inicial de lo que se ha denominado juicio político que, en conjunto, efectúan las cámaras del Congreso Nacional. La acusación constitucional se encuentra establecida en el art. 52 N° 2, en referencia a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.

esta acusación puede definirse en dos sentidos; uno amplio, englobando todas las etapas del proceso que establece el art. 52 N° 2 y 53 N° 1, y uno restringido, que se limita a la imputación de cargos que efectúa la Cámara de Diputados.

Requisitos de la acusación constitucional.


La acusación constitucional debe ser presentada por un mínimo de 10 y un máximo de 20 diputados en contra de alguna de las autoridades y por al menos una de las causales que la Constitución establece. Las personas que pueden ser objeto de la acusación constitucional son: el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, el Contralor General de la República, los generales y almirantes de las FFAA , los Intendentes, los Gobernadores y las autoridades que ejercen el Gobierno en los territorios especiales que establece el art. 126 bis. en cada caso, la Constitución establece distintas causales que pueden o no coincidir.

Causales para acusar constitucionalmente.


  • (Presidente de la República: la acusación constitucional procede por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes (art. 52 N° 2, letra a)).
  • Ministros de Estado: son acusables constitucionalmente por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por in-fringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, por malversación de fondos públicos y soborno (art. 52 N° 2, letra b)).
  • Magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República: son acusables constitucionalmente por notable abandono de deberes (art. 52 N° 2, letra c)).
  • Generales y almirantes de las FFAA: son acusables constitucional-mente por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación (art. 52 N° 2, letra d)).
  • Intendentes, Gobernadores y las autoridades que ejercen el Gobierno en los territorios especiales que establece el art. 126 bis: pueden ser acusados por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión (art. 52 N° 2, letra e)).

Procedimiento de la acusación constitucional.


La regla general es que las autoridades son acusables constitucionalmente durante el ejercicio de su cargo o hasta tres meses después de dejar sus funciones, salvo en el caso del Presidente de la República, en cuyo caso el plazo se amplía a seis meses y éste no puede ausentarse del país sin acuerdo de la Cámara de Diputados (art. 52 N° 2, letra a).

La acusación constitucional, luego de ser presentada con todas sus formalidades, debe darse cuenta de ésta a la Cámara en la próxima sesión que corresponda. En esta misma sesión se procede a elegir, mediante sorteo y con exclusión de los diputados acusadores, una comisión de cinco diputados que examinan la procedencia o no de la acusación y debe informar a la Sala.

el acusado es notificado dentro de tercero día contado desde que se dé cuenta de la acusación, y en el plazo de diez días desde la notificación puede concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito (art. 39 LoC CN). Si el afectado no concurre ante la comisión, continuará el procedimiento sin su defensa (art. 40 LoC CN). La comisión tiene un plazo de seis días desde la comparecencia del acusado o desde que se acuerda proceder sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella. Desde la interposición de la acusación constitucional, el funcionario se encuentra impedido de salir del país sin autorización de la Cámara de Diputados (art. 52 N° 2, inc. 3°). Asimismo, el funcionario tiene derecho a preparar su defensa y asistir a todas las sesiones de la Comisión. La principal atribución que tiene es la interposición de la llamada “cuestión previa”, que consiste en la impugnación de la acusación por carecer de los requisitos que la Constitución señala. La Comisión informante de la acusación deberá hacerla presente al pleno de la Cámara de Diputados y éstos deberán pronunciarse por acoger o desechar la cuestión previa por la mayoría de los diputados presentes (art. 43 LOC CN). En ausencia de presentación de esta cuestión o desechada que fuese, nuevamente la Comisión informante dará cuenta de su informe recomendando acoger o rechazar la acusación. Si la Comisión propone la aceptación de la acusación, “dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla, y después se oirá al afectado, si estuviere presente, o se leerá la defensa escrita que haya enviado” (art. 44 LOC CN). Por el contrario, “si el informe de la comisión recomendare rechazar la acusación, se dará la palabra a un diputado que la sostenga y después podrá contestar el afectado o, si éste no lo hiciere, un diputado partidario de que se deseche” (art. 44 LoC CN).

Para declarar ha lugar la acusación constitucional, debe reunirse el voto de la mayoría de los diputados presentes. Si la acusación se dirige en contra del Presidente de la República, la acusación debe ser aprobada por la mayoría de los diputados en ejercicio (art. 52 N° 2, inc. 3°).

Declarada ha lugar la acusación constitucional, la autoridad queda suspendida en el ejercicio de sus funciones hasta la deliberación que efectúe el Senado. La Cámara deberá comunicar esta situación al Senado y al afectado dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión. Aceptada la acusación “se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado” (art. 46 inc. 2° LOC CN).

La acusación constitucional frente al Senado.


Aprobada la formulación de la acusación por parte de la Cámara de Diputados se inicia su tramitación ante el Senado para lo cual identifica-remos tres fases: los actos anteriores a la votación, el juicio ante el Senado y sus consecuencias.

(i) Actos previos a la votación de la acusación constitucional: (a) Notificación. La Cámara de Diputados debe poner en conocimiento del Senado el hecho de que formalmente se ha entablado una acusación constitucional y ello acontecerá en la sesión inmediatamente siguiente en donde se da cuenta de su aprobación por parte de la Cámara o en que la haya recibido el Presidente del Senado (arts. 47 y 48 LoC CN); (b) Fecha de la deliberación. Es responsabilidad del Senado o de su Presidente fijar el inicio formal de la tramitación y sostenimiento de la acusación en el Senado. Tal discusión e inicio del conocimiento como jurado por parte del Senado, comenzará a producirse dentro del cuarto al sexto día de notificada la acusación. La determinación precisa de la fecha implicará hacerlo en la sesión en que se dé cuenta de la acusación o si existiere receso del Congreso, será responsabilidad del Presidente del Senado fijar tal fecha; (c) Naturaleza de la convocatoria. La fijación en tabla de la acusación implica que el Senado conocerá en sesiones especiales diarias que se citan por el solo ministerio de la ley y hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la acusación constitucional (art. 48 LoC CN).

(ii) El juicio ante el Senado: (a) Formalización de la acusación. Citados los diputados representantes del sostenimiento de la acusación y el acusado, comenzará formalmente el juicio de jurado. La ausencia de los diputados acusadores puede ser suplida por la lectura del oficio de la Cámara de Diputados (arts. 49 y 50 LoC CN); (b) Defensa del acusado. Puede personalmente hacer su defensa el acusado o recurrir a un abogado que lo represente. También se admite la lectura de su defensa escrita; (c) Réplica y dúplica. Los diputados miembros de la Comisión Especial acusadora tendrán derecho a réplica de la defensa. Asimismo, el funcionario acusado o quién lo represente podrá hacer uso de su derecho a dúplica; (d) Fin del debate. Concluida la argumentación y contra argumentación respectiva en todas sus fases el Presidente del Senado fijará para el día siguiente el inicio de la deliberación; (e) Deliberación. La cuestión sobre la cual se delibera es lo que se denomina el “capítulo de la acusación” los cuales se votarán por separado. Cada capítulo es “el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para interponerla” (art. 51 LC CN); (f) Actuación como jurado. Cada uno de los senadores actúa en su votación como jurado, esto es, apreciando los hechos conforme a reglas valorativas libres, de acuerdo a las cuales simplemente debe limitarse “a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa” (art. 53 N° 1); (g) Quórum. La aprobación de la acusación constitucional contra cualquier funcionario se alcanza por la mayoría en ejercicio de los senadores, con la salvedad de la acusación contra el Presidente de la República, la que debe ser aprobada por los dos tercios de los senadores en ejercicio; (h) Notificación. “El resultado de la votación se comunicará al acusado, a la Cámara de Diputados y, según corresponda, al Presidente de la República, a la Corte Suprema o al Contralor General de la República. Sin perjuicio de lo anterior, y para los efectos del proceso a que haya lugar, se remitirán todos los antecedentes al tribunal ordinario competente” (art. 52 LOC CN).

(iii) Consecuencias: (a) Destitución. El primer efecto buscado por la acusación que es aprobada por el Senado es producir la destitución inmediata del cargo que tiene el funcionario acusado; (b) Responsabilidad constitucional e inhabilidad. Adicionalmente se produce un efecto nuevo, esto es, “no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años” (art. 53 N° 1). Esta inhabilidad ha sido cuestionada ante la Com. IDH por parte de la ex Ministra de Educación Yasna Provoste por estimar que vulnera diversos artículos de la CADH, no obstante, no ha sido resuelta aun en esa instancia; (c) otras responsabilidades. Este juicio político se funda en la descripción de delitos, infracciones o abusos de poder. Por lo mismo, “el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares” (art. 53 N° 1).

Acusaciones constitucionales bajo la Constitución de 1980


Se han interpuesto 21 acusaciones constitucionales bajo la Constitución de 1980, partiendo por la acusación en contra del Ministro de Transportes señor Germán Correa en 1991 hasta la acusación en contra del Ministro de Educación señor Harald Beyer. En 17 oportunidades fue rechazada la acusación, sea porque la desestimó en plenitud la Cámara de Diputados (ocho veces) o porque se acogió la cuestión previa (nueve veces). Asimismo, una acusación en contra de la Intendenta de la Región del Bío-Bío, señora Jacqueline Van Rysselberghe fue retirada por la renuncia de ésta al cargo. En tres oportunidades, la acusación fue aprobada por la Cámara y sostenida por el Senado plenamente (en contra de los ex Ministros de Educación señora Yasna Provoste y señor Harald Beyer) y parcialmente (en contra del Ministro de la Corte Suprema señor Hernán Cereceda y desestimada respecto de los ex Ministros de la Corte Suprema señores Lionel Raud y Germán Valenzuela, así como del Auditor General de Ejército señor Fernando Torres, en cuanto integrante accidental de la Corte).

Las acusaciones han sido interpuestas en contra de diez Ministros de Estado, 17 Ministros de la Corte Suprema, un General de Ejército, cuatro Intendentes y un Gobernador.

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