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Juicio Ejecutivo

1. CONCEPTO DE JUICIO EJECUTIVO


El juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente e indubitado.

El juicio se clasifica enjuicio ejecutivo de obligación de dar, juicio ejecutivo de obligación de hacer y juicio ejecutivo de obligación de no hacer, procedimientos que serán objeto de nuestro estudio.

2. CLASES DE JUICIO EJECUTIVO


a) Juicio ejecutivo de obligación de dar es aquel por el cual se persigue la obligación de entregar una cosa por el deudor, ya sea que con la entrega se transfiera o no el dominio, por lo que el concepto es más amplio que en el Derecho Civil.

b) Juicio ejecutivo de obligación de hacer, es aquel por el cual se persigue la ejecución de un hecho por el deudor.

c) Juicio ejecutivo de obligación de no hacer, es aquel por el cual se persigue una abstención del deudor.

3. LA ACCION EJECUTIVA


Para intentar una acción ejecutiva, es decir, para que pueda exigirse ejecutivamente el cumplimiento de una obligación, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1°. Que la obligación de cuyo cumplimiento se trata conste de un título al cual la ley le atribuya mérito ejecutivo;

2°. Que la obligación sea actualmente exigible;

3°. Que la obligación sea líquida, tratándose de obligación de dar; que sea determinada, en el caso de obligación de hacer; o que sea susceptible de convertirse en la obligación de destruir la cosa hecha, tratándose de obligación de no hacer; y

1°. Que la obligación de cuyo cumplimiento se trata conste de un título al cual la ley le atribuya mérito ejecutivo

a) Concepto de título ejecutivo


Es aquella declaración solemne a la cual la ley le otorga, específicamente, la fuerza indispensable para ser el antecedente inmediato de una ejecución.

Esa declaración solemne a que nos hemos referido puede tener su origen en:

a) una manifestación de voluntad de órgano jurisdiccional, como en el caso de las sentencias;
b) una manifestación de voluntad de los particulares, como en el caso de los contratos; o
c) una manifestación de voluntad del organismo administrativo, como en una lista de deudores de contribuciones.

En todo caso, cualquiera que sea el origen del título ejecutivo, la manifestación de voluntad debe ser expresada en forma solemne, y las solemnidades consisten en que:

1) debe constar por escrito y
2) se debe cumplir con las disposiciones de la Ley de Timbres, en su caso.

Asimismo, cabe tener presente que quien crea los títulos ejecutivos es la ley, pues solo ella puede atribuir mérito ejecutivo a determinados títulos, lo que no se contradice con los orígenes del título, pues si un contrato tiene mérito ejecutivo, es por cuanto la ley lo permite.

En consecuencia, no hay más títulos ejecutivos que aquellos que señala la ley.

b) Clasificación de los títulos ejecutivos


Los títulos ejecutivos se clasifican en títulos perfectos o completos y en títulos ejecutivos imperfectos o incompletos.

1. Título ejecutivo perfecto o completo es aquel que permite iniciar un juicio ejecutivo para exigir el cumplimiento de una obligación desde el instante en que es otorgado.

Ejemplos: sentencias, copias de escrituras públicas.

2. Título ejecutivo imperfecto o incompleto es aquel en que para poder iniciar la ejecución es preciso cumplir con ciertas gestiones previas llamadas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva.

Ejemplos: reconocimiento de firma puesta en instrumento privado.

Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, por su parte, son ciertos procedimientos judiciales previos que puede iniciar el acreedor en contra del deudor, destinados a perfeccionar o completar el título con el cual pretende iniciar una
ejecución.

c) Enumeración y análisis de los títulos ejecutivos


Los títulos ejecutivos se encuentran señalados, en general, en el artículo 434 del Código y al estudiar a cada uno de ellos señalaremos si es perfecto o imperfecto.

1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria (Art. 434 N° 1C. P. C.)

La sentencia, es el título ejecutivo por excelencia, pues declara el derecho en forma indiscutible y es, por cierto, un título perfecto o completo.

Sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. (158 C. P. C.)

Las Sentencias interlocutorias son aquellas que fallan un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelven sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. (Art. 158 C. P. C.).

En ambos casos, debe tratarse de sentencia firme, recordándose que una sentencia se entiende firme o ejecutoriada:

1. Desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; o

2. Desde que se notifique el decreto que la manda cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos; o

3. Desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de esos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes, caso en el que, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites. (Art. 174 C. P. C.).

2. Copia autorizada de escritura pública (Art. 434 N° 2 C. P. C.)

Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades legales, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público. (Art. 403 C. O. T.).

Las copias son las transcripciones autorizadas por el notario o el archivero, en su caso y constituyen un título ejecutivo completo o perfecto.

Desde el punto de vista del mérito ejecutivo, la escritura pública extendida en el protocolo o registro público carece de él, pues, por una parte, la ley jamás se lo ha dado y, por la otra, porque materialmente es imposible acompañarla al juicio.

3. Acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación (Art. 434 N° 3 C. P. C.)

El acta de avenimiento es el acuerdo producido entre las partes litigantes para poner término al juicio y aceptado por el juez.

Es un título completo o perfecto.

Para que sea título ejecutivo debe:

1. Haber sido pasada ante tribunal competente; y

2. Aparecer autorizadas por un ministro de fe o por dos testigos.

Cabe advertir que, tratándose de actas de avenimiento, la ley no condicionó el mérito ejecutivo del título al documento original y, por ese motivo, también lo tienen las copias autorizadas de dichas actas.

4. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido (Art. 434 N° 4 C. P. C.)

Instrumento privado es aquel que deja constancia de un hecho sin que se haya observado solemnidad alguna en su otorgamiento.

Por regla general, estos instrumentos carecen de mérito ejecutivo y excepcionalmente lo tienen cuando han sido reconocidos por su otorgante o mandados tener por reconocidos.

Para obtener uno de esos reconocimientos es preciso cumplir con una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que se verá más adelante, con el fin de preparar la ejecución. Por ende, son títulos imperfectos o incompletos.

Por otra parte, hay ciertos instrumentos privados en que, pese a carecer de la necesaria autenticidad, la ley les confiere mérito ejecutivo. Ellos son:

A. Letras de cambio o pagarés, en que el aceptante o el suscriptor, respectivamente, no hayan objetado como falsa su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal. Es, por ende, un título perfecto.

“El protesto personal -han sostenido los Tribunales- constituye una presunción de reconocimiento de firma que se deduce del hecho de no alegarse su falsedad al ser requerido de pago, reconocimiento a que es permitido tal valor, ya que en el acto interviene un ministro de fe que certifica que no se alegó tacha de falsedad, única excepción que se permite al aceptante para excusar el pago de la deuda".

B. Letras de cambio, pagarés o cheques cuando notificado judicialmente el protesto de ellos a cualquiera de los obligados al pago, no alegue tacha de falsedad de su firma en el mismo acto o dentro de tercero día.

Se requiere, entonces, la notificación judicial del protesto lo que se obtiene a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva y, por lo tanto, son títulos imperfectos o incompletos;

Ahora bien, si se tacha de falsa la firma, ella se tramita como incidente debiendo, el demandante, probar con todos los medios de prueba, la autenticidad de ella, incluyendo la confesión.

C. Letras de cambio, pagarés o cheques, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario.
5. Confesión judicial (Art. 434 N° 5 C. P. C.)

Confesar, es reconocer un hecho y la confesión debe prestarse ante el juez.

La manera de obtener la confesión es por medio de una gestión preparatoria, por lo que se trata de un título imperfecto.

6. Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios (Art. 434 N° 6 C. P. C.)

Existen personas naturales y jurídicas, entre estas últimas con mayor frecuencia, que están facultadas por la ley para emitir ciertos títulos de crédito como manera de atraerse capitales, los cuales devengan intereses. La materialidad de estos títulos está formada por el documento que se desglosa del libro talonario en que se contabiliza la emisión y los cupones que representan los intereses.

7. Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva (Art. 434 N° 7 C. P. C.)

De este número se concluye que la enumeración que efectúa el artículo 434 no es taxativa pues hay leyes especiales que otorgan mérito ejecutivo a determinados títulos.

Ejemplos: Listado de Deudores de Contribuciones (artículo 169 del Código Tributario); certificado del secretario municipal respecto de patentes, derechos y tasas municipales (artículo 47 Ley Rentas Municipales), etc.

2°. Que la obligación sea actualmente exigible

Es el segundo requisito de la acción ejecutiva y a él se refiere el artículo 437 del Código.

Una obligación es actualmente exigible cuando en su nacimiento o ejercicio no se halle sujeta a ninguna modalidad, o sea, a ninguna condición, plazo o modo.

Si existiera alguna de esas modalidades, una vez cumplidas ellas, la obligación puede ejecutarse.

La exigibilidad, asimismo, debe ser actual, pues la obligación y su exigibilidad deben existir en el momento en que se inicia la ejecución.

3°. Que la obligación sea líquida, tratándose de obligación de dar; que sea determinada, en el caso de obligación de hacer; o que sea susceptible de convertirse en la obligación de destruir la cosa hecha, tratándose de obligación de no hacer de que se trate.

A. Obligación líquida


Tratándose de los juicios ejecutivos de obligación de dar, la obligación debe ser líquida.

Una obligación es líquida cuando su objeto se halla perfectamente determinado, sea en su especie o en su género y cantidad y por eso, es que la ejecución puede recaer:

1o Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor;

2° Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su avaluación por un perito; y

3° Sobre una cantidad líquida de dinero o de un género determinado, avaluándose por peritos. (Art. 438 C. P. C.).

También se entiende por cantidad líquida la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre.

El acreedor debe expresar en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución.

Tratándose de moneda extranjera, no es necesario proceder a su avaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresen en otras disposiciones del Código.

Al respecto, los artículos 20 y 21 de la Ley 18.010, sobre Operaciones de Crédito, señalan que se debe acreditar el valor de la moneda extranjera con un certificado otorgado por un Banco referido al día de la presentación de la demanda o a cualquiera de los 10 días precedentes.

Si del título aparece una obligación en parte líquida y en parte ilíquida, puede procederse ejecutivamente por la primera y el resto reclamarse por la vía ordinaria. (Art. 439 C. P. C.)

B. Obligación determinada


En el caso de los juicios ejecutivos de obligación de hacer, la obligación debe ser determinada y lo es cuando su objeto, es decir, lo que debe hacerse por el deudor, es perfectamente conocido y no da margen a equívocos.

C. Obligación convertible


Por último, tratándose de juicios ejecutivos de obligación de no hacer, la obligación debe ser convertible, es decir, cuando existe la posibilidad de convertirse en la obligación de destruir la obra hecha.

Es el cuarto requisito de la acción ejecutiva y al él se refiere el artículo 442 del Código.

La falta de ejercicio de una acción judicial, por el solo transcurso del tiempo, contado desde que la obligación se hizo exigible, extingue esa acción por medio de la prescripción.

El tiempo en que prescriben las acciones ejecutivas es de tres años. (Artículos 2514 C. Civil y 442 C. P. C.)

No obstante lo anterior, existen normas especiales que determinan plazos diversos. Así, el artículo 34 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques señala que la acción ejecutiva contra los obligados al pago de un cheque protestado prescribe en un año contado desde la fecha del protesto.