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Acción o Recurso de Amparo Económico

ACCIÓN O RECURSO DE AMPARO ECONÓMICO.


Acción popular de rango legal, que procede en contra de “infracciones” al art. 19 N° 21, relativo al derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen (art. único, L. 18.971). La acción puede ser interpuesta por la infracción tanto del derecho en sí, establecido en el inc. 1° del art. 19 N° 21, como del estatuto del Estado empresario, regulado en el inc. 2° del mismo precepto constitucional (véase “Estado empresario”, “Derecho a desarrollar cualquier actividad económica”). Si bien la jurisprudencia ha sido contradictoria, fallos recientes limitan esta acción solo respecto del inciso segundo del art. 19 N° 2 (SCS R. 10-461-14).

La acción de amparo económico es una garantía legal del derecho establecido en el art. 19 N° 21 y se le llama también “recurso” de amparo económico.

La “infracción” al derecho protegido puede consistir, según la jurisprudencia, “en privaciones del derecho, perturbaciones o amenazas o cualquier forma de vulneración de cualquier elemento constitutivo del precepto [constitucional]” (SCA de Santiago, R. 3899-94). Sin embargo, esta infracción debe ser de tal gravedad, que impida efectivamente el libre ejercicio de las actividades económicas que constituyen el giro de la empresa. Se ha señalado también que los recurridos deben infringir real y concretamente la libertad económica que este derecho asegura a las personas, por lo que resulta conveniente para el éxito de la acción “justificar el entorpecimiento al ejercicio legítimo de la actividad económica de que se trata” (SCS R. 911-99).

Regulación de la acción o recurso de amparo económico.


La acción está regulada en el art. único de la L. 18.971. Se trata de una acción popular, puesto que cualquier persona puede interponerla y la ley no exige interés en ella. El plazo para su interposición es de seis meses contados desde que se produce la infracción, ante la Corte de Apelaciones respectiva (véase “Corte de Apelaciones”), según el lugar donde se han producido los hechos que motivan la denuncia. La Corte de Apelaciones conoce en primera instancia, aplicando las disposiciones relativas a la acción de amparo. Este tribunal debe investigar la infracción y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo, el cual puede ser apelado en el plazo de cinco días ante la Corte Suprema. Si no fuere apelada, la decisión se eleva igualmente ante la Corte Suprema mediante el trámite de la consulta. Finalmente, si “la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado”.

Su interposición no impide el ejercicio de la acción de protección. La Corte Suprema ha resuelto que “no obstante que la garantía constitucional en comento se encuentra amparada por el recurso de protección, nada obsta a que también se halla resguardada por el recurso de amparo económico, puesto que ambas acciones son perfectamente compatibles y pueden interponerse conjunta o simultáneamente. Ambos cautelan la libertad económica; pero ellas pueden tener actores diferentes, ya que la acción contemplada en la L. N° 18.971 es una acción popular y en la acción de protección, en cambio, sólo actúa el que sufre privación, perturbación o amenaza por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, lo que no exige la ley ya mencionada.” (SCS R. 1717-06). Asimismo, hay autores y jurisprudencia que sostienen que la acción de amparo económico, al contrario que la acción de protección, tiene naturaleza meramente decla-rativa [NAVARRRO, 2007: 110-11].

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